Se reanudaron los cursos de formación para mujeres víctimas de violencia de género

Esta Institución, tuvo conocimiento por los medios de comunicación de que la Junta de Andalucía había dejado sin sueldo ni formación a un grupo de 25 mujeres víctimas de violencia de género que fueron seleccionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Cádiz para recibir clases remuneradas durante seis meses. El curso había sido interrumpido sine die con el único argumento de que «no hay dinero» para poder abonarles no ya los 4.000 euros prometidos inicialmente a cada una de las afectadas (víctimas de violencia de género con protección especial por el riesgo de agresión de sus ex parejas), sino hasta los gastos de desplazamiento que habían tenido que afrontar desde que se iniciara la formación a finales de noviembre.

Según la crónica periodística, algunas de las alumnas (con hijos a cargo y, en el mejor de los casos, la ayuda para desempleadas de larga duración de 400 euros como único ingreso), habían llegado a renunciar a otras ofertas de trabajo tras ser invitadas por el IAM para participar en el Programa Cualifica con la promesa de que cobrarían 2.000 euros a mitad del curso y los 2.000 restantes a su finalización. Ahora se encontraban sin percibir nada y lo que más les preocupaba: con nadie en la Junta de Andalucía que se atreviera a poner fecha a la reanudación de las clases.

Seguía relatando el artículo que, desde el primer momento empezaron los problemas: “En el Instituto de la Mujer nos habían informado de que el curso era por seis meses, pero cuando ya fuimos a firmar nos lo desmintieron: dijeron que eran ocho. Y desde luego que no es lo mismo, porque además al final resultó que las clases se impartían en Jerez y no en Cádiz, de donde son la mayoría, así que hemos tenido que asumir el coste de ir y volver en coche o en autobús”.

Según parecía, el día dos de marzo de 2015 les anunciaron que el curso se iba a suspender porque no había dinero, después de que la responsable de formación del Servicio Andaluz de Empelo, fuera sustituida por personal técnico de la Consejería de Educación.

Según el medio de comunicación, las afectadas acudieron al IAM en Cádiz en busca de garantías de que el curso se reanudaría y de que, al menos, se les compensarían los gastos de gasolina o autobús ocasionados en los dos meses de formación recibida y consiguieron un documento firmado que no ponía fecha a la vuelta a la actividad ni hacía mínima alusión a los problemas financieros reconocidos a las mujeres.

Este Centro directivo, atribuía la suspensión del curso a un problema meramente burocrático. En concreto, el retraso de la contratación del personal docente era debido a una demora de alcance autonómico de los documentos contables motivado por las dificultades que había supuesto el trasvase hacia el nuevo programa de gestión económica de la Junta de Andalucía (GIRO); a pesar de que ya estaban los expedientes de contratación hechos por parte del Servicio de Formación para el Empleo de Cádiz.

A la vista de cuanto antecede, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el cual las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas y la posibilidad que otorga a esta Defensoría el artículo 10, párrafo 1 de su ley reguladora, se incoó queja de oficio.

Solicitamos informes al Centro Provincial de Cádiz del Instituto Andaluz de la Mujer, al Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz y a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en dicha ciudad.

Por parte del Servicio Andaluz de Empleo se nos indicó que desde el día 3 de abril de 2013, fecha que entró en vigor el Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril por el que se modificaba la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, se traspasaron las competencias del Servicio de Formación para el Empleo a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz.

Esta, Delegación Territorial, nos informó que respecto a la cuestión de los emolumentos a percibir por las alumnas (4.000) euros, mencionados en el articulo periodístico, al ser un convenio tripartito, esta administración sólo tenía la encomienda de asumir los compromisos pactados en el convenio de colaboración tales como: realizar las acciones formativas, contratar a docentes, dotar de espacios, recursos humanos y asumir los gastos que generase la puesta en marcha del citado curso, siendo el Instituto de la Mujer el encargado de seleccionar a las alumnas y abonar las cantidades citadas.

Y desde el Centro Provincial de Cádiz del Instituto Andaluz de la Mujer se nos participó que tal y como se les notificó por escrito al grupo de mujeres que estaban desarrollando el curso, cuando pidieron explicación, la puesta en marcha del nuevo sistema de Gestión Económica GIRO de la Junta de Andalucía provocó una suspensión temporal del Curso. Cuestión que fue subsanada en un plazo breve y permitió su normal y posterior desarrollo. De hecho, ya estaba el curso finalizado según programación prevista y todas las alumnas fueron abonadas con la beca establecida en los plazos previstos.

Como quiera que el asunto que dio lugar a la apertura de la queja de oficio, se había solucionado en un breve espacio de tiempo, dimos por concluidas nuestras actuaciones.