Se le asigna una vivienda en régimen de alquiler social

La situación que nos trasladaba la interesada afectaba a varias familias que, al parecer, ocupaban de forma ilegal unas viviendas de La Caixa que se encontraban vacías y que iban a ser desalojadas, encontrándose sin lugar donde ser acogidas.

Se trataba de familias con hijos e hijas menores a su cargo y sin ingresos económicos o muy bajos ingresos, lo que les impedía hacer frente al pago de un alquiler en el mercado libre, por lo que habían acudido en diversas ocasiones, y desde el año 2011, a los servicios públicos (Emvisesa y otras Administraciones) demandando vivienda en régimen de alquiler social, sin encontrar respuesta alguna.

Este hecho, que no era aislado, se estaba generando debido a la conflictividad social que suponía la existencia de viviendas públicas que se encontraban desocupadas, mientras muchos ciudadanos, como consecuencia de la crisis, habían perdido la vivienda o no contaban con medios para poder hacer frente a un alquiler.

Eran familias necesitadas que acudían al Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, con hijos y sin ingresos en esos momentos o con escasos ingresos que les permitiera llevar unos mínimos de subsistencia, sin encontrar respuesta, ya que el parque de viviendas sociales dedicadas a este amplio sector era muy reducido y las posibilidades de acceso al mismo estaba muy limitado. Ello estaba generando cada vez más situaciones complicadas que podían generar un movimiento de desesperanza de consecuencias incalculables.

En el escrito que dirigimos al Ayuntamiento de Sevilla manifestábamos que estábamos convencidos que desde ese Ayuntamiento y desde Emvisesa se estaban llevando a cabo determinadas medidas para mejorar esta situación, como fue el acuerdo de Pleno de 30 de Octubre de 2013, por el que se creaba una Unidad en Emvisesa para la gestión de las viviendas en alquiler social. Es por ello, que era necesaria la puesta en funcionamiento de esta Unidad que viniera a valorar la situación de estas familias, como las de otras muchas que existen en tales circunstancias y se les pudiera dar una repuesta lo antes posible a estas situaciones límites.

También, como en otras quejas de similar naturaleza, mantuvimos una reunión con representante de La Caixa, quien nos informó que los casos de estas familias podrían tratarse individualmente y acudiendo al programa de alquiler social que tenía la entidad. Al no tener noticias del número exacto de afectados y de la situación de cada una de las familias, quedamos en mantener una reunión con los afectados y trasladarles dicha propuesta.

Con posterioridad, los medios de comunicación recogieron la noticia de la ocupación, por un número importante de estas familias que continuaban sin solucionar su problema, de unas viviendas de Emvisesa que estaban desocupadas. Estas viviendas eran de nueva construcción al haberse demolido unas existentes en el mismo lugar hacía años. De éstas, 70 estaban ocupadas por antiguos inquilinos que habían estado en régimen de alquiler, teniendo prevista la ocupación de las mismas por personas que se encontraban en lista de espera de Emvisesa.

Por parte del Ayuntamiento se nos informó que con fecha 14 de Enero de 2014 se produjo la ocupación de aquellas viviendas y que con anterioridad a dicha fecha sólo constaba que hubiesen presentado en su oficinas solicitud de adjudicación de vivienda dos personas, entre éstas nuestra reclamante, y se les contestó oportunamente, informándoles del procedimiento legalmente establecido para la adjudicación de las viviendas protegidas promovidas por EMVISESA.

Nos indicaron que las viviendas ocupadas se encontraban en trámite de adjudicación de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, mediante las listas que les facilitaba el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Sevilla, iniciándose dicho procedimiento en Julio de 2013, y continuando en la actualidad. Las viviendas se encontraban vacías pero con adjudicatarios seleccionados por dicho Registro.

Continuaban manifestando que la situación de necesidad de estas familias no podía justificar en ningún caso que no se respetase el procedimiento establecido por Ley para la adjudicación de las viviendas protegidas, máxime cuando mediante dicho procedimiento se iban a arrendar a familias con iguales o superiores problemas de necesidad de vivienda.

De hecho, nos decían, ya estaban adjudicadas dos de las viviendas ilegalmente ocupadas, una de ellas asignada a una familia procedente de un realojo dentro de las actuaciones que EMVISESA estaba realizando del ARU de Los Pajaritos.

Nos indicaban que las posibles alternativas o soluciones para paliar su necesidad de vivienda serían solicitar el acceso a viviendas de promoción pública de segunda adjudicación que son gestionadas a través de las UTS, pertenecientes al Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Atención del Ayuntamiento de Sevilla, ya que EMVISESA carecía de viviendas de las que pudieran disponer libremente.

Por nuestra parte puestos en contacto con la interesada, le indicamos que dado que la vivienda que ocupan en esos momentos era de titularidad de La Caixa, debían indicarnos si habían recibido alguna propuesta en régimen de alquiler y las posibilidades que tenía de poder llegar a un acuerdo en los términos y con los medios que tenían disponibles en esos momentos. Dimos traslado su situación a La Caixa y se nos comentó que con algunos de los ocupantes estaban negociando, pero necesitábamos la información solicitada si deseaban que siguiéramos hablando con ellos sobre esta cuestión.

En una de la reuniones que mantuvimos para abordar diversas situaciones que se nos planteaban con respecto a esa Entidad, se nos comunicó que se estaba en negociaciones con los ocupantes para llegar a un acuerdo, sobre un posible alquiler social, para lo que contaba con informes del Ayuntamiento sobre su situación de exclusión social.

Por ello, solicitamos a la interesada información sobre si en este tiempo habían prosperado las gestiones de cara a conseguir una solución satisfactoria de este conflicto.

Mientras tanto, recibimos un correo electrónico de La Caixa en el que solicitaban que le enviásemos los datos del piso que ocupaba la interesada en el bloque, ya que en el mismo vivían familias en alquiler, otros como propietarios y otros como ocupantes sin título. Puestos en contacto telefónico con la promotora de la queja, ésta nos comentó que había recibido llamada de AVRA y le habían adjudicado una vivienda en régimen de alquiler que ocuparían en el mes de Agosto de 2014.

En consecuencia, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones