Queda aclarado que la admisión a los estudios de Grado en las Universidades requiere de la superación de la prueba de acceso a la universidad

El Defensor del Pueblo Andaluz iniciaba una actuación de oficio tras conocer que alrededor de 100 estudiantes habrían accedido a los estudios de Grado de varias Universidades andaluzas en el presente curso académico, pese a no haber realizado la selectividad.

En el curso de dicha actuación, nos dirigimos a la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía desde donde se nos informa que se trataría de alumnos que habiendo realizado la prueba de acceso a la universidad no la habrían superado y que ello responde a la propia virtualidad del sistema informático que permite la presentación de solicitud en tanto se sustancia la reclamación contra la calificación de la prueba.

En cualquier caso, los hechos traerían su origen en la confusión generada a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Aunque inicialmente la Comisión de Distrito Único se planteó la posibilidad de realizar un estudio de admisión de personas que hubiesen suspendido la selectividad en caso de que sobrasen plazas al final del proceso de preinscripción, tal opción finalmente se habría rechazado teniendo en cuanta su propio Acuerdo de 10 de febrero de 2014, que establecía la superación de la prueba de acceso como requisito necesario del proceso de admisión.

Dado que legalmente las matrículas quedan en todo caso condicionadas al cumplimiento de los requisitos exigibles, las Universidades acordaron proceder a la anulación de las matrículas realizadas por personas sin selectividad y realizar las gestiones oportunas para ocasionar la menor lesividad posible y/o contribuir a minimizar los posibles perjuicios.

A la vista de la información recibida, damos por concluidas nuestras actuaciones, puntualizando a Distrito Único que los hechos acaecidos se habrían derivado de la adopción de decisiones poco maduradas. Como consecuencia de ello, lo cierto es que habría personas a las que se habría perjudicado con ocasión de dichas decisiones, incurriendo en gastos como consecuencia de la creencia de estar obrando acertadamente según instrucciones de la propia Administración.

Por todo ello confiamos en que se procederá a la revisión todos los expedientes afectados por la situación denunciada, con objeto de evitar mayores perjuicios futuros, así como a la oportuna devolución de los gastos en que hubieran incurrido a través de los oportunos expedientes de responsabilidad patrimonial.

A este respecto hemos solicitado al Distrito Único nos ofrezcan información sobre la solución definitiva de este asunto y le indicamos que prestaremos especial atención a las quejas que se pudieran recibir de las personas afectadas.