La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Preguntamos por los protocolos frente a acoso sexual en centros de protección de menores

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 23/7318 dirigida a Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Fundación Emet Arco Iris

05/02/2024 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja (ver la apertura) relativa a los procesos de atención al alumno con necesidades educativas y refuerzo de apoyo de monitor, o PTIS, un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Granada.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema.

PRIMERO.- La atención a la diversidad en los centros educativos de titularidad pública se lleva a cabo en varios niveles:

1. Primer nivel. Atención educativa a la diversidad que realiza el docente en el aula de forma ordinaria y que cada docente planifica una vez realizada la evaluación inicial del alumnado al principio de curso, dicha atención a la diversidad, con medidas generales, se coordina con el equipo docente que atiende a dicho alumnado, y se supervisa, en su caso, por parte de la inspección educativa.

El centro dispone de una serie de recursos ordinarios para reforzar la atención a la diversidad del alumnado y que organiza en el ámbito de su autonomía de centro.

2. Segundo nivel. Cuando el informe psicopedagógico del alumno o alumna determina que tiene necesidad de recursos específicos por ser un alumno de necesidades educativas especiales, en función del dictamen de escolarización, se establece, en ocasiones, la atención en centros específicos de educación especial, de los cuales, la provincia de Granada cuenta con un centro público y 6 centros concertados, o bien en aulas específicas en centros ordinarios, la provincia de Granada cuenta con 272 aulas específicas o bien la atención del alumno se realiza dentro del aula con apoyos en periodos variables para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo y su integración global en la sociedad.

Los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros de la provincia. Desde el Servicio de Ordenación Educativa se hace la propuesta de distribución de estos recursos personales atendiendo a criterios técnicos y de equidad. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha vuelto a incrementar el número de profesionales Técnicos de Integración Social para este curso escolar.

SEGUNDO.- El CEIP, cuenta con la figura del Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) durante 15 horas semanales durante este curso escolar. En dicho centro educativo hay 5 alumnos/as matriculados/as con la necesidad de este recurso específico. Consultada la orientadora del centro, nos confirma que el alumno está siendo atendido por el PTIS.

TERCERO.- En conversación telefónica con la madre, el día 13/10/23, nos interesamos por el progreso que está realizando el alumno y explicamos la distribución de los recursos específicos a nivel provincial.

CUARTO.- La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha vuelto a incrementar el número de profesionales Técnicos de Integración Social para este curso escolar. En concreto, en la provincia de Granada ha habido un aumento de 27 PTIS más, para toda la provincia para este curso. La distribución de los recursos totales de atención a la diversidad a nivel provincial, se realiza para cada curso atendiendo a criterios técnicos y de equidad, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada para abordar las necesidades del centro y de la familia del alumno afectado.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a un refuerzo significativo de los servicios educativos en relación con la dotación de la figura de monitores o PTIS. También se advierte la iniciativa de contactar con la familia interesada sin que se aluda a nuevas o renovadas peticiones de medidas de apoyo.

En todo caso, con fechas 26 de octubre y 13 de diciembre de 2023 dimos traslado del informe citado a la familia para conocer sus posiciones o alegaciones; sin obtener respuesta ni ninguna otra comunicación desde la interposición de la queja en septiembre pasado.

Debemos entender que la evaluación del servicio ha establecido la conveniencia de los criterios de ordenación del horario de PTIS. Por ello, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas y desde su fecha de implantación, los resultados parecen haber revertido en una mejora de la situación. En particular también destacamos el esfuerzo de comunicación y participación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la familia para acoger sus propuestas y ofrecer las medidas de adecuación más acertadas.

Comprendiendo la preocupación generada en la familia por las disfunciones iniciales, consideramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y que, esperamos, pronto recuperen su perfecta normalidad tras la aplicación continuada y normalizada de estos apoyos. Por ello consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

30/09/2023 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz ha venido prestando una especial atención, en el marco de sus funciones y responsabilidades institucionales, sobre el funcionamiento de distintos centros y recursos destinados a prestar apoyo a menores con especiales dificultades de comportamiento. Son centros que ofrecen un régimen de estancia residencial, y bajo la decisión de los tribunales competentes, prestan la atención multidisciplinar que estas chicas y chicos necesitan.

En general, se trata de perfiles relacionados con las nociones de trastornos del comportamiento que exigen un abordaje especializado y con un rango de intervención que aconseja, en cada caso, el internamiento del menor o la menor en un centro específico de protección. Obviamente, son situaciones complejas que afectan de lleno al ámbito de los derechos y libertades de los menores y de sus familias, y que conllevan un delicado ejercicio de las atribuciones de tutela y protección asumidas por las entidades públicas responsables, y del propio sistema judicial. Se trata, en última instancia, de la creación de un régimen de intervención para que todos los responsables desplieguen su compromiso con la protección de estos menores que, como cualquier otro, necesitan la intervención eficaz y comprometida de los poderes públicos para procurarles las mejores respuestas y ayudas a las difíciles características que presentan, sin exclusiones.

En consonancia con la singular función que desempeñan estos centros y sus equipos profesionales, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, han realizado sucesivas visitas para conocer con detalle el régimen de funcionamiento de estos específicos recursos de protección de menores.

Precisamente, con motivo de una de estas visitas, esta Institución formuló resolución con fecha 3 de noviembre de 2021 ante la Dirección General de la Infancia y ante la entidad colaboradora y gestora de unos de los centros. Dicho pronunciamiento afectaba a la dotación de protocolos específicos ante situación de agresiones sexuales así como implantar sistemas informatizados de gestión y manejo sobre las intervenciones que se realizan con este colectivo de jóvenes a través de los distintos recursos disponibles. De ahí que se dirigiera la RESOLUCIÓN:

SUGERENCIA 1 para la elaboración y puesta a disposición de protocolos específicos de prevención de situaciones de amenaza o agresión de naturaleza sexual en los recursos y centros dedicados al sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Andalucía.

SUGERENCIA 2, a fin de elaborar un proyecto de sistema informático de gestión integrado para las intervenciones de la entidad pública de protección, en particular respecto de las actuaciones realizadas ante menores atendidos en centros específicos de alteraciones de conducta y comportamiento”.

Las respuestas ofrecidas desde la Dirección General de Infancia y desde la entidad concertada del centro resultaron claramente colaboradoras, respondiendo ante la Resolución de manera positiva y anunciando los trabajos necesarios para poder implantar ambas medidas sugeridas desde la Defensoría.

Pues bien, una vez transcurrido un plazo adecuado, procede realizar las actuaciones que permitan el seguimiento de las medidas anunciadas en su día por ambas entidades. Sobre la base de lo señalado, y en defensa de los derechos del colectivo de menores afectado, se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con el artículo 24 de la Ley 1/2021, de 24 de julio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, ante la Dirección General de Infancia de la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad y la entidad Emet Arco Iris a fin de conocer:

1º.- La aprobación e implantación de los protocolos específicos de prevención de situaciones de amenaza o agresión de naturaleza sexual en los recursos y centros dedicados al sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Andalucía.

2º.- La elaboración de un proyecto de sistema informático de gestión integrado para las intervenciones de la entidad pública de protección, en particular respecto de las actuaciones realizadas ante menores atendidos en centros específicos de alteraciones de conducta y comportamiento.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja de oficio el trámite oportuno, en base a los artículos citados de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con la Ley 4/2021, de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, nos permitimos requerir de esas entidades la emisión del preceptivo informe al objeto de que nos trasladen la información necesaria al respecto del asunto analizado.

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