Preguntamos por los desperfectos y caídas en los techos del Instituto de Educación Secundaria Vicente Aleixandre de Sevilla

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, viene conociendo las necesidades de numerosos centros educativos como consecuencia de determinadas insuficiencias en sus instalaciones y dependencias.

Procuramos, así, estar atentos a posibles incidentes que surgen en estos centros y promover ante las autoridades autonómicas, y también municipales, las medidas de conservación y cuidados que estos edificios requieren y que, en no pocas ocasiones, presentan problemas que alertan a las respectivas comunidades educativas.

En esta ocasión traemos a colación un caso conocido por los medios de comunicación en el IES ‘Vicente Aleixandre’ de Sevilla. Y es que, según se menciona en las noticias a las que hemos tenido acceso, “El pasado 9 de enero el IES sufrió un desprendimiento en uno de sus pasillos por un problema de humedades. Tres semanas después, este instituto de Triana sigue con cinco aulas cerradas y dos pasillos bloqueados, tiene agujeros en el techo con grandes grietas. Este "grave incidente" ha afectado a más de 500 familias que forman parte de la red escolar de este centro público y ha indignado a los padres de los adolescentes porque avisaron de las grietas en noviembre”.

La Institución ha considerado oportuno iniciar una actuación de oficio ante esa Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla a fin de conocer con exactitud la situación del caso expuesto y comprobar las medidas previstas, así como la puesta en práctica de aparentes compromisos adquiridos por la Administración educativa.

La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones). Todo ello, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) amparados desde Naciones Unidas y especialmente vinculados a los derechos de niños, niñas y jóvenes.

Considerando, pues, los anteriores precedentes, nos encontramos ante una situación que motivaría una actuación por propia iniciativa de la Defensoría todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite oportuno, nos permitimos interesar de esa Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla la emisión del preceptivo informe, adjuntando la documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión.