Preguntamos por la atención a la drogadicción de la población reclusa en Andalucía

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General Judicial, en diciembre de 2023 se encontraban privadas de libertad en nuestra región 12.551 personas, siendo por tanto la Comunidad Autónoma que tiene la mayor población reclusa en nuestro país. Cuenta Andalucía con catorce centros penitenciarios, siete centros de inserción social (CIS) y un Hospital Psiquiátrico.

Un importante porcentaje de esta población pertenece a colectivos vulnerables, con un escaso nivel formativo, de contextos económicamente excluidos, sin soluciones habitacionales dignas y con un precario estado de salud, factores que inciden en la especial atención que se presta a estas personas desde esta Defensoría del Pueblo Andaluz.

Una realidad avalada por el estudio elaborado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género en el que se recoge que “En las prisiones españolas, tanto si hablamos de hombres como de mujeres, están sobrerrepresentadas la pobreza, las carencias educativas, los contextos sociofamiliares de desventaja, la violencia sufrida a lo largo de su vida, especialmente en las mujeres, los problemas de salud mental y las drogodependencias”.

Los problemas de adicción están presentes en el ámbito penitenciario, tanto por la incidencia que el consumo de sustancias tóxicas tiene en la situación de los internos e internas en prisión como porque los tipos delictivos por los que cumplen condenas están relacionados con sus adicciones. Según el informe arriba mencionado, “Los delitos por los que están cumpliendo pena de prisión las personas privadas de libertad con problemas de adicciones a las drogas y/o al juego patológico son, principalmente, delitos contra el patrimonio (siendo en un 47% el primer delito por el que están cumpliendo condena), tanto hombres como mujeres. El segundo delito por el que cumplen la condena, así como el tercero, también es mayoritariamente el delito contra el patrimonio.

La siguiente tipología delictiva por la que están en prisión las personas con problemas de adicciones es el delito contra la salud pública, tanto para quienes mencionan tener un solo delito como para quienes mencionan tener un segundo delito y un tercero”.

Estas cifras evidencian la relevancia del abordaje integral de la drogadicción y sus consecuencias en prisión, ya que de otro modo no será posible la reinserción real de la población reclusa. La intervención para la deshabituación del consumo de tóxicos en prisión, así como la atención a la reparación de los daños por situaciones de adicciones, serán las que permitan a las personas afectadas incorporarse de nuevo a la sociedad con las herramientas y acompañamiento necesarios para alcanzar su plena inclusión y dar con ello cumplimiento al mandato del artículo 25.2 de la Constitución Española que prevé que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

En el mismo sentido se recoge en el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que establece que “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.

Preocupados por esta misión encomendada, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la Circular 3/2011 ya señalaba que la drogodependencia es uno de los factores desestabilizadores más importantes entre las personas por la gravedad de las complicaciones físicas, psíquicas y sociales asociadas como son las sobredosis, las infecciones por VIH, hepatitis (…), problemas importantes de salud mental, trastornos de la personalidad y problemas de socialización y de relación considerables, educativos, laborales, familiares de convivencia, marginalidad, prostitución, tráfico de drogas y otros delitos.

En esta misma Circular, se abordan los programas con drogodependientes, desde la perspectiva de la prevención, la asistencia y la reincorporación social, estableciéndose que para el desarrollo de los mismos se contará con la participación tanto de las distintas áreas penitenciarias, así como con las instituciones dependientes de la Administración Central, Autonómica y Local, así como de las organizaciones no gubernamentales.

Una colaboración que se puso de manifiesto en el contexto de la queja 21/953, en la que el promotor de la misma, interno en el centro penitenciario de Huelva, nos trasladaba que tras muchos años en el módulo terapéutico educativo y estar muy orgulloso de los avances que se habían realizado en las personas, se quejaba de que “todo el esfuerzo que conlleva sacar adelante este módulo no sirve de nada si no tenemos un apoyo por parte de las instituciones del exterior y más concretamente la del CPD de Huelva, que no se el motivo, pero no vienen desde hace mucho tiempo y cuando se pregunta cuándo vendrán la respuesta es la misma, no se sabe”

En este expediente de queja, la Delegación de Salud y Familia nos informaba sobre la competencia de Instituciones Penitenciarias en materia de adiciones, regulada en la Circular 17/2005 de 15 de diciembre de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que establece que la intervención sanitaria con personas drogodependientes en los centros penitenciarios “será realizada por el Equipo Sanitario del centro penitenciario, con la colaboración de la atención especializada y hospitalaria cuando los caos lo precisen. …” Y continuaba exponiendo que “La colaboración extrapenitenciaria podrá variar desde un mero apoyo a las acciones del Equipo Técnico-GAD hasta el desarrollo amplio de un programa de intervención.”

Es de interés transcribir las aportaciones que se hacían en el citado expediente de queja, desde la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, dado que se describe la larga trayectoria de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma:

“Dentro de estas colaboraciones extrapenitenciarias se enmarca la actuación de Ia Junta de Andalucía en las instituciones penitenciarias. La relación existente entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior en materia de adicciones se inició en 1989 tras la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior, el Plan Nacional de Drogas y la Junta de Andalucía. Posteriormente el 14 de Julio de 2005 se suscribió un acuerdo sectorial en materia de drogodependencias entre la Consejería para la igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ministerio del interior, cuyo objetivo general era la realización de una intervención de apoyo en materia de drogodependencias de forma coordinada en los centros penitenciarios andaluces, complementando el trabajo de los Grupos de Atención al Drogodependiente (GAD), a través del los Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias (EAIP).

A su vez, las Consejerías de la Junta de Andalucía competentes en materia de adicciones en las diferentes legislaturas han venido conveniando con las Diputaciones Provinciales para la creación y funcionamiento en cada provincia de los llamados Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias (EAIP). De esta manera se ha dotado de EAIP a Ia mayor parte de las prisiones ubicadas en Ia Comunidad Autonoma Andaluza.

Los EAIP realizan una importante labor en el tratamiento de las personas internas en prisión, ejerciendo de nexo entre los recursos de la Red Pública de Atención a las Adicciones (RPAA) y la institución penitenciaria. Esta función cobra especial relevancia en los momentos de derivación de los internos a Comunidades Terapéuticas de la RPAA y en la etapa de excarcelación, promoviendo Ia continuidad del tratamiento de estas personas. También proporcionan apoyo psicosocial a las personas en tratamiento con metadona, en tanto que Ia prescripción y dispensación de este fármaco, así como el seguimiento de las pautas de dosificación corresponde a los equipos sanitarios, tal como se ha señalado en este informe.

Actualmente, la valoración de un nuevo convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior permitiría el análisis pormenorizado de las necesidades de apoyo en los centros penitenciarios de Andalucía y el estudio del posible redimensionamiento y redistribución de las EMP, principalmente como elemento de enlace con la Red Pública de Atención a las Adicciones y en especial en el momento de Ia salida de prisión que ha sido señalado como situación de especial riesgo para las personas con problemas de adicciones por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanias”.

Constatada la idoneidad de la firma de un nuevo Convenio que de cobertura a esta colaboración, se nos informó que esta competencia está residenciada por parte de la Junta de Andalucía en la persona titular de la Consejería de Salud y Familia, siendo la Dirección General de cuidados Sociosanitarios de la Consejería a la que le corresponde entre otras funciones, el desarrollo y coordinación de las políticas activas en materia de prevención, asistencia, tratamiento y reinserción de las personas en situación de drogodopendencia y adicciones y en particular las autorizaciones administrativas, acreditación y conciertos de los centros de atención a personas con problemas de drododependencia y adiciones.

Ya en 2022, nos informaron desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se estaba trabajando para formalizar un Convenio con la Junta de Andalucía y que el proceso se interrumpió, estando a la espera de que se vuelva a retomar.

Estos trabajos de colaboración dieron como resultado la Resolución de 7 de septiembre de 2023 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por la que se publica el Convenio con el Ministerio del Interior, cuyo objeto es establecer la forma de colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), y la Consejería de Salud y Consumo, en materia de tratamiento y seguimiento de las personas con adicciones, dependientes de la Administración Penitenciaria, que se encuentren en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la formación y asesoramiento al personal de Instituciones Penitenciarias en materia de adicciones y prácticas de riesgo relacionados.

En este convenio, la SGIP se obliga a poner a disposición de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la infraestructura y equipamientos físicos necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente convenio, el personal necesario para la coordinación, seguimiento y correcto funcionamiento de las actuaciones previstas en el mismo; así como la de consensuar con la citada Consejería, a través de los Centros Provinciales de Drogodependencia y Adicciones, las actividades asistenciales preventivas y de inserción social que vayan a desarrollarse en el marco del presente convenio incluyendo las realizadas por las organizaciones extrapenitencirias.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, garantiza la coordinación de los profesionales de los Centros Provinciales de Drogodepencias y Adicciones con los profesionales encargados de la atención a las personas con adicciones dependientes en la Administración Penitenciaria para asegurar la continuidad asistencial tanto en el momento de ingreso en prisión como a la salida, bien por permisos o libertad; facilitar apoyo técnico y la formación necesaria a los profesionales de los establecimientos penitenciarios sobre los programas de intervención, además de incluir a éstos en el Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA) proporcionándoles la formación necesaria para su utilización.

Con posterioridad, la Resolución de 27 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Sanidad, tiene como objeto publicar el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados.

Las obligaciones de las partes, se concretan en el desarrollo de una serie de programas a implementar en la Comunidad Autónoma de conformidad con los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y a Nivel Autonómico en el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016-2021, prorrogado este último por un periodo de seis años.

Como se pone de manifiesto en el contenido del los convenios suscritos, las Diputaciones Provinciales adquieren un papel de vital importancia en la atención de la drogadicción en las provincias andaluzas a través de los Centro Provinciales de Drogodependencia (CPD) especializados en la atención integral a los problemas derivados de las drogas y adicciones sin sustancia. Entre sus funciones destacamos la atención a la demanda como centro especializado, dar información a la ciudadanía acerca del problema de la drogodependencia y las adicciones, la colaboración con las instituciones socio-sanitarias para la rehabilitación y reinserción de las personas afectadas y el asesoramiento a las entidades privadas y los organismos públicos.

Por tanto, esta administración local, es una pieza clave en el abordaje de la drogadicción, tal y como se recoge en la Ley 4/1997 de 9 de julio de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, que les permite ejercer sus competencia en esta materia, tanto propias como delegadas, de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Andaluz sobre Drogas.

En las reuniones que se han mantenido desde esta Defensoría con los responsables de los Centros Penitenciarios, Equipos Técnicos y Entidades del Tercer Sector de varias provincias andaluzas, hemos constatado la disparidad existente entre centros penitenciarios, en cuanto a la colaboración de las tres administraciones, estatal, autonómica y local, en relación a la atención sociosanitaria en materia de drogadicción.

A modo de ejemplo pudimos constatar que la prisión de Jaén llevaba más de 10 años sin que los equipos de Diputación prestaran servicios en el centro penitenciario, en Huelva, tal y como hemos dicho anteriormente se retiraron en 2021 mientras que en el C.P. de Córdoba nos pusieron de manifiesto la estrecha colaboración existente con la Diputación Provincial, permitiendo que la población reclusa tenga acceso a estos programas contando sus profesionales con espacios de diálogo y coordinación que reflejan la firme voluntad de los responsables de estos organismos en mantener la calidad de vida de quienes están privados de libertad.

También hemos podido constatar la utilidad que aporta el Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adiciones (SIPASDA), que consideran fundamental en pacientes en Programa de Metadona, dado que pueden consultar la información volcada de quienes ingresan en prisión o internos/as con trastornos adictivos excarcelados/as, siendo por lo tanto una herramienta de trabajo bastante adecuada para esta finalidad.

Tras la renovación de los compromisos recogidos en la normativa y Convenios antes mencionados, y las diferencias existentes en la atención sociosanitaria prestada a las personas en función del centro penitenciario en el que se encuentren, se apertura actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como de la Consejería de Salud y Consumo y de las ocho Diputaciones Provinciales, para que nos informen acerca de los recursos y programas que se están implementando en los establecimientos penitenciarios de nuestra región, así como las colaboraciones articuladas a través de Centro Provinciales de Drogodependencia (CPD), dependientes de las Diputaciones Provinciales.