Queja número 23/7071
La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de analizar las medidas de puesta a disposición de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) en el sistema de apoyo de Educación Especial, solicitados por la Confederación Andaluza de AMPA.
Con fecha 5 de mayo de 2025 se formuló a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la siguiente RESOLUCIÓN:
“RECOMENDACIÓN 1, a fin de que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúe avanzando en la ampliación de los recursos de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) y asegure las prestaciones de sus servicios en beneficio del alumnado.
RECOMENDACIÓN 2, para que disponga los procedimientos que garanticen la definición de necesidades de PTIS, gestionen la asignación de sus destinos y permitan la efectiva incorporación de todos los PTIS al inicio de actividad de cada curso y supliendo las sustituciones o vacantes que se produzcan con la máxima celeridad posible”.
Con fecha 22 de mayo de 2025, la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa respondió a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, indicando:
“En referencia a la queja relativa a la situación de los Profesionales Técnicos de Integración Social en los centros educativos de Andalucía, agradecemos el reconocimiento que esa Defensoría hace del esfuerzo que esta Consejería realiza cada curso escolar para dotar al sistema educativo andaluz de las estructuras y de los medios necesarios, y en concreto de los profesionales técnicos de integración social (PTIS), que garanticen una atención educativa de calidad a todo el alumnado y en particular al alumnado con necesidades educativas especiales.
Asimismo somos conocedores de que, a pesar del incremento que en los últimos años se ha producido en dichos recursos personales especializados, la atención a las necesidades de este alumnado exige una revisión continua de la situación de dichos profesionales en determinados centros educativos, así como la valoración de casos particulares que demanden nuevos ajustes. Por ello la voluntad de esta Consejería es la de seguir avanzando en el sentido de reforzar cada curso escolar estos recursos personales especializados, al igual que se ha hecho en los últimos años.
Respecto a disponer de los procedimientos que garanticen la definición de necesidades de PTIS de manera que se responda de manera más ajustada a la realidad del alumnado, desde esta Dirección General se está avanzando en la realización de los estudios necesarios para analizar la situación del alumnado que precisa el recurso de PTIS, tanto en función del tipo de necesidades educativas especiales como en función del tipo de medida de carácter asistencial que tienen indicadas en sus documentos pedagógicos, de manera que se cuente con información actualizada y, por tanto, que responda a las necesidades reales que el alumnado presenta, cuestión que contribuirá a realizar una mejor planificación de este recurso especializado y por tanto a una mejor toma de decisiones. Asimismo respecto a la información relativa a las horas autorizadas se pretende avanzar también de manera que las modificaciones en la autorización de las mismas puedan realizarse no solo en la planificación del curso sino durante todo el año cuando se detectan cambios en las necesidades que puedan conllevar, en su caso, una modificación de la autorización”.
Queda ahora desarrollar la valoración de la respuesta formal de la Consejería educativa, aprovechando los contenidos de los dos posicionamientos que se le han dirigido.
En primer lugar, respecto a la oportunidad de profundizar “la ampliación de los recursos de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) y asegurar las prestaciones de sus servicios en beneficio del alumnado”. Se trata de un esfuerzo de puesta a disposición de estos recursos que resultan esenciales para poder ofrecer la atención a este alumnado en cuyo objetivo la Consejería se posiciona indicando que “la voluntad de esta Consejería es la de seguir avanzando en el sentido de reforzar cada curso escolar estos recursos personales especializados, al igual que se ha hecho en los últimos años”.
Asumiendo la anterior afirmación, debemos reiterar la preocupación por atender estas necesidades ante una permanente y creciente demanda en la dotación y mejora de estos apoyos profesionales
Respecto a la Recomendación para “disponer los procedimientos que garanticen la definición de necesidades de PTIS, gestionen la asignación de sus destinos y permitan la efectiva incorporación de todos los PTIS al inicio de actividad de cada curso y supliendo las sustituciones o vacantes que se produzcan con la máxima celeridad posible”, asumimos las macrocifras e indicadores generalistas ofrecidos.
No obstante, también debemos añadir que la experiencia de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, y Defensor del Pueblo Andaluz, sigue repleta de supuestos particulares ofrecidos por profesionales y familiares de estos niños que no encuentran una solución efectiva en esos pronunciamientos globales. Las respuestas de las administraciones siguen expresando a lo largo del territorio unas carencias y limitaciones que impiden la —incuestionable— voluntad de ofrecer los mejores apoyos que deben enfrentarse a “los limitados recursos” o “dependiendo de las disponibilidades presupuestarias”. A lo que se suma la necesidad de mejorar los procedimientos de cobertura de estas plazas que se someten a plazos y gestiones excesivamente dilatados y que implican retrasos en la incorporación efectiva a sus destinos en los centros educativos.
En este aspecto, reseñamos la posición de que “esta Dirección General se está avanzando en la realización de los estudios necesarios para analizar la situación del alumnado que precisa el recurso de PTIS, tanto en función del tipo de necesidades educativas especiales como en función del tipo de medida de carácter asistencial que tienen indicadas en sus documentos pedagógicos, de manera que se cuente con información actualizada y, por tanto, que responda a las necesidades reales que el alumnado presenta”.
Con todo, deberemos seguir promoviendo este proceso de dotación de PTIS mientras confiamos que las autoridades prosigan el trabajo de implantación creciente de estos recursos imprescindibles en un triple sentido: disponer del número de PTIS necesarios; agilizar los procesos de incorporación; y perfeccionar las condiciones y cometidos de apoyo efectivo para el alumnado.
Y así, conforme a las respuestas ofrecidas ante la Resolución dictada, nos ratificamos en el criterio manifestado desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, reiterando la importancia de impulsar decididamente en un futuro próximo las medidas propuestas de profundizar en la disposición motivada y ágil de este elenco de profesionales PTIS para la asistencia al alumnado NEAE.
En una interpretación conjunta de las respuestas ofrecidas a los tres posicionamientos, creemos entender la respuesta colaboradora y de aceptación desde las autoridades educativas.
Agradeciendo toda la colaboración ofrecida a lo largo del tramitación de la presente queja, procedemos a concluir nuestras actuaciones desplegadas en el expediente
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