Nos informan de la evaluación del impacto de los derechos de la infancia en las políticas públicas

La aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado español en 1990, supone numerosos desafíos en distintos ámbitos como son el cultural, económico, social, político o legislativo, y además de ello, requiere un proceso continuo de valoración de los efectos de las medidas que los poderes públicos adopten relativas a los niños, niñas y adolescentes.

La Observación General Nº 5 del Comité de los Derechos del Niño (2003) sobre medidas generales de aplicación de la Convención destaca la importancia de tener establecido un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los niños con el propósito de que el interés superior del menor sea una consideración primordial a la que se atiende, y para que todas las disposiciones de la Convención se respeten al promulgar disposiciones legislativas. Una valoración que prevea las consecuencias de cualquier proyecto de ley, propuesta política, o asignación presupuestaria que afecte a los menores de edad y al disfrute de sus derechos.

Añade el Comité en la citada Observación que el proceso de evaluación ha de ser incorporado a todos los niveles de gobierno y lo antes posible, en la formulación de políticas públicas.

Posteriormente, en el año 2010, el Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas recomienda a España que adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el principio de interés superior del niño oriente todas las medidas y decisiones que adopten los gobiernos central y autonómicos en relación con las disposiciones jurídicas, así como las decisiones judiciales y administrativas, que repercutan en los niños.

A nivel europeo, la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas” hace mención, en varias ocasiones, a la importancia de evaluar el posible impacto de las políticas en los niños, las niñas y sus familias.

Para dar cumplimiento a la demanda de la Comisión de los Derechos del Niño así como a los criterios de la Unión Europea, la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas instaura el análisis de la perspectiva de los derechos de los niños y las niñas de Andalucía en la definición del conjunto de las políticas públicas, operando como elemento de transversalidad que asegure el respeto en nuestra Comunidad Autónoma de la Convención de los Derechos del Niño.

Desde dicha fecha, esta Institución ha tenido ocasión de poner de relieve en distintos foros las bondades de contar con este instrumento de evaluación ya que el mismo permite dar visibilidad a los intereses y necesidades de los niños en los procesos de toma de decisiones así como mejorar la calidad y cantidad de información para quienes tienen la tarea de adoptar las decisiones. Y ello sin olvidar que con el proceso de evaluación se puede anticipar las consecuencias negativas y costosas antes de la aplicación de las normas o también mejorar la coordinación de las políticas públicas que afectan a menores.

En idéntico sentido se han elaborado diversas recomendaciones de entidades dedicadas a la infancia que proclaman la conveniencia y necesidad de contar con instrumentos de valoración de las normas y políticas públicas que afectan a menores. Así, en 2012 UNICEF Comité Español y Save The Children señalaron que un mecanismo de valoración previa del impacto de las decisiones normativas sería una herramienta necesaria para tener en cuenta el interés superior de la infancia en los procesos de toma de decisiones, para mitigar o neutralizar los efectos negativos y para potenciar los positivos que estas decisiones tiene sobre ellos.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, la entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social impulso en el año 2005 el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de Evaluación del Enfoque de Derechos de la Infancia. Se trata de un instrumento que garantiza la legalidad, acierto e incidencia de los proyectos de ley y reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno y que sean suceptibles de repercutir sobre los derechos de los niños y niñas, y de este modo ayude a mejorar la situación de éstos, de modo que puedan gozar plenamente de sus derechos y constituir una sociedad que los reconozca y respete. La responsabilidad de emitir los informes de evaluación, conforme establece dicha norma, recae en esa Dirección General de Infancia y Conciliación.

Por otro lado, la reforma en materia de legislación de la infancia y adolescencia realizada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, vuelve a insistir en la necesidad de contar con un informe de impacto en los términos señalados, y así en el artículo 22 quinquies, bajo el título de impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia, preceptúa que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

Pues bien, en este contexto, la Red Europea de los Defensores de la Infancia (ENOC, por sus siglas en inglés Europeam Network of Ombudspersons for Children) a la que pertenece esta Institución en su condición de Defensor del Menor de Andalucía, en la 24ª Asamblea General celebrada el 18 de noviembre de 2020, ha realizado una declaración de posicionamiento sobre la “Evaluación del impacto sobre los derechos del Niño” (CRIA, por sus siglas en inglés Child Rights Impact Assessment).

En dicha declaración ENOC insta a los Estados, las autoridades nacionales, regionales, europeas e internacionales y a todas aquellas autoridades competentes a aplicar los procesos de evaluación de los derechos del niño (CRIA) y el análisis de imparto sobre dichos derechos (CRIE) como medidas de control de la aplicación de la Convención, de manera que se promueva aún más la integración visible de los derechos de los niños en los procesos de toma de decisiones.

Sobre la base de todo lo expuesto, y con fundamento legal en los artículos 10 y 18 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución y en el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, en el marco de las actuaciones comprometidas por las Instituciones que forman parte de ENOC, iniciamos de oficio, el presente expediente de queja, solicitando información de la Dirección General de Infancia y Conciliación sobre el grado de cumplimiento y aplicación del mencionado Decreto103/2005.

Hemos recibido informe de la Viceconsejería de Igualdad, que viene a expresar que:

“En relación con su escrito de queja Q21/1323 dirigido a esta Dirección General de Infancia donde expone un análisis de ta evolución que ha tenido la perspectiva de tos derechos de tos niños y niñas a la hora de incardinarse en las políticas públicas y donde comparte con este centro directivo la Declaración de posicionamiento sobre la Evaluación del impacto sobre los derechos del niño, nos informa de su decisión de aperturar de oficio este expediente de queja y solicitar información sobre el grado de cumplimiento y aplicación del Decreto de 103/2005, de 19 de abril por el que se regula el informe de evaluación del enfoque de los Derechos de la Infancia en el ámbito de Andalucía.

A este respecto, solicita información sobre el número de informes de evaluación de los derechos de la infancia solicitados por otros centros directivos, el número de informes emitidos por esa Dirección General de Infancia y las materias que han sido objeto de evaluación y análisis en el periodo 2017 y 2020.

En relación con la información solicitada cabe señalarlos siguientes observaciones:

Primero.- Esta Dirección General viene emitiendo el informe referido a la evaluación del enfoque de los derechos de la infancia en el ordenamiento jurídico como bien señala esa Defensoría, desde el pasado año 2005, actuación que ha ido adquiriendo relevancia a lo largo de los años, ello en consonancia con el trabajo persistente de este centro directivo en querer dar visibilidad a la infancia y la adolescencia en todas las política públicas del Gobierno de Andalucía y en toda la normativa que se aprueba bien por el Parlamento de Andalucía o bien por el Consejo de Gobierno.

Segundo.- A mayor abundamiento, cabe añadir que el Proyecto de ley de infancia y adolescencia de Andalucía contempla una modificación del apartado 1 del artículo 139 de la ley 18/2003 con la siguiente literalidad: "1. Todos los proyectos de ley, disposiciones de carácter general que apruebe el Consejo de Gobierno y las demás disposiciones generales dictadas en desarrollo de las anteriores deberán tener en cuenta, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género y del respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, así como en la estatal y la autonómica que son aplicables en materia de menores. A tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones, deberá emitirse un informe de evaluación del impacto por razón de género y de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia y la adolescencia sobre el contenido de las mismas''.

En relación con esta modificación que se contempla en el proyecto de ley señalamos que son numerosos los dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía donde se formulan observaciones sobre disposiciones generales dictadas en desarrollo de Decretos que se sometían al trámite preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo y donde este órgano hace la llamada de atención de que aún no siendo obligatorio el informe de enfoque de los derechos dela infancia hubiera sido conveniente que se hubiera solicitado dada "la utilidad que podría tener un informe de estas características''.

Tercero.- En relación con ta información solicitada, se adjunta foto fija del Registro de Informes durante el periodo 2017-2021,sin perjuicio de que se acompaña de detalle de la denominación de la normativa.

Finalmente señalar que este centro directivo elabora los informes de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia con la referencia de la guía metodológica para lo elaboración de los informes previos de impacto en loainfancia y la adolescencia de los disposiciones normativas que puso a disposición de esta Consejería, UNICEF Comité Español, y ello por entender que esta guía propone un modelo para la elaboración de estos informes que proporciona uniformidad a todos los sistemas de evaluación del impacto.”

Analizado el contenido del citado informe así como de las circunstancias que concurren en el presente caso, hemos acordado dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de referencia. No obstante seguiremos con interés las posibles modificaciones que en el asunto que nos ocupa puedan realizarse tras la aprobación de la futura Ley de la infancia y adolescencia en Andalucía que, en su caso, llevaría aparejada una modificación de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativa.