El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su sesión celebrada en Ginebra en noviembre de 2002, afirmó que «El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico».

Nuestro ordenamiento jurídico no incluye aun un reconocimiento explícito del derecho humano al agua. No obstante, nuestros textos legales contienen una regulación pormenorizada de los servicios destinados a garantizar la accesibilidad a este recurso esencial por parte de la ciudadanía. Una regulación, caracterizada por un difícil equilibrio entre la protección de los derechos de las personas usuarias y la satisfacción de los intereses comerciales de las empresas prestadoras.

Así sucede, por ejemplo, en supuestos de corte de suministro por impago de facturas; o en relación con los procedimientos por fraude; o ante consumos elevados de agua motivados por avería de las instalaciones interiores. Supuestos en los que resulta discutible la efectividad de la regulación actual y su adecuación a los requisitos de tutela de derechos que demanda la sociedad. Por otra parte, estimamos imprescindible avanzar en una regulación que garantice que ninguna persona pueda verse privada del acceso al agua por razones de capacidad económica.

Esta Jornada pretende propiciar un foro de debate y reflexión sobre las distintas propuestas que se incluyen en el Informe Especial "Servicios de suministro de agua. Garantía y derechos" presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía y que buscan ofrecer soluciones a los diferentes problemas detectados en relación con el funcionamiento de los servicios de suministro de agua en Andalucía.

La Jornada se desarrollara en un solo día, con una sesión de mañana y otra de tarde y se desarrollará en cuatro mesas redondas con participación de expertos, empresas suministradoras, asociaciones de consumidores y del tercer sector de acción social y representantes de las Administraciones públicas.

Las Jornadas serán de libre acceso, mediante previa inscripción, y están dirigidas fundamentalmente a personas y asociaciones que trabajen en el ámbito de los servicios sociales, la protección del consumidor o la defensa de colectivos vulnerables. Asimismo, esperamos concitar el interés de quienes desarrollan su trabajo en empresas suministradoras y en administraciones públicas con competencias relacionadas con el suministro domiciliario de agua.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se une a los homenajes dedicados al día de la tierra, hogar y patria común de la humanidad, pero, también, deseamos que esos reconocimientos se traduzcan en compromisos que garanticen la protección y conservación de nuestro planeta del que, no lo olvidemos, somos meros usufructuarios.

Justamente por ello, en un año 2016, en el que la temperatura registrada en la atmósfera terrestre y en la superficie marina ha alcanzado su nivel más alto desde 1980, último año en el que se tiene referencia de una medición sistematizada a través de diferentes registros, es urgente que se afronten con decisión las graves consecuencias que se derivan del cambio climático inducido, en gran medida, por la actividad humana.

Esta Institución está comprometida con el reto de detener el aumento de la temperatura de la tierra por lo que, espera y desea que los países presentes en la Cumbre de París asuman de manera clara y sin excepciones los compromisos derivados de los acuerdos adoptados en aquélla.

Sin perjuicio de ello, como sabemos, si queremos cambiar globalmente nuestro mundo debemos de actuar, también, desde “lo local”. En este contexto, las agendas públicas que han asumido los compromisos 20-20 no pueden ser meras declaraciones expresadas en términos políticamente correctos, sino constituir una manifestación de actuaciones visibles y verificables en las que los poderes públicos, y por supuesto, la sociedad civil escenifiquen su disposición a afrontar aquéllos.

El campo de batalla de la lucha contra el cambio climático se sitúa en gran medida en nuestras ciudades, por lo que deben ser configuradas y entendidas en clave de sostenibilidad tal y como venimos demandando en distintas actuaciones de esta Institución como el Informe Especial sobre “Seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas” o en la Jornada que hemos organizado en este ejercicio en torno a las “Ciudades inteligentes, ciudades sostenibles”

En el día de la tierra, esta Institución reitera su compromiso con el objetivo de proteger nuestro planeta y continuará realizando actuaciones para garantizar un desarrollo sostenible en clave económica, social y ambiental. Al fin y al cabo, como nos recordaba Ban Ki-moon, no hay plan B por que no hay planeta B.

Propuesta 5.

El Defensor del Pueblo Andaluz, en su Informe Especial "Servicio de suministro de agua. Garantías y Derechos" ha pedido que se arbitre un régimen jurídico de infracciones y sanciones, con las suficientes garantías legales, que tenga por objeto la erradicación de prácticas defraudatorias.

También deben valorarse las circunstancias en que resultaría procedente acudir a la vía penal, como la reiteración en conductas fraudulentas, el elevado volumen de agua defraudada o la utilización de medios ilícitos para impedir la regularización del suministro.

El Defensor del Pueblo Andaluz considera necesario que se realicen campañas de información a la población sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la defraudación, así como las posibilidades existentes para facilitar el pago de las facturas cuando la situación económica así lo requiera.

Con este tipo de medidas preventivas estimamos que pudiera reducirse de modo significativo la incidencia de los fraudes en el suministro de agua, de tal manera que la situación económica personal y familiar no sea la responsable indirecta de los mismos.

• Jesús Maeztu debate en la Comisión de Justicia e Interior el informe especial sobre “La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía”

• El titular de la Defensoría destaca la retirada de las concertinas en los sistemas de seguridad de las instalaciones

• La institución valora el proceso de reorganización y distribución de los menores en los centros, con la inauguración de las instalaciones en Huelva el pasado enero, aunque le preocupa la escasez de plazas en los centros de Málaga y Granada

• También ha insistido en otras recomendaciones todavía pendientes, como es el caso de los menores con problemas de salud mental.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la “buena acogida” que ha tenido el informe especial La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y ha resaltado, entre otras, las medidas encaminadas a mejorar las infraestructuras de los centros.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior en el Parlamento de Andalucía, el Defensor del Menor ha valorado la retirada definitiva de las concertinas y la búsqueda de alternativas en los sistemas de seguridad de los centros de menores infractores de la comunidad autónoma, en los que reciben atención más de 700 menores privados de libertad.

El Defensor del Menor ha explicado que, “atendiendo a esta demanda, a partir del pasado 1 de enero, la Consejería de Justicia ha dado instrucciones a todas las entidades que gestionan los centros para que retiren las concertinas de estos establecimientos, adoptando medidas alternativas que garanticen la seguridad” de los menores. La fecha límite para la retirada de estos dispositivos fue el pasado 28 de febrero.

El titular de la Defensoría ha considerado “que es posible la instalación de otros elementos de seguridad disuasorios sobre el vallado de los centros que dificulte su salto al exterior por los internos, pero que no produzcan los efectos negativos para la integridad física de las personas que actualmente tiene el uso de las concertinas”. En cuanto al uso de concertinas, el titular de la institución argumentó que “es verdad que los centros de internamientos son establecimientos en los que los menores están privados de libertad y deben disponer, por consiguiente, de medidas que disuadan de posibles fugas. Pero no es menos cierto los dispositivos de seguridad instalados no se pueden llevar al extremo de cohibir desproporcionadamente la conducta del menor internado”.

En su intervención en el debate, el Defensor del Menor ha subrayado otras recomendaciones aceptadas por la Administración como el desajuste de las plazas de los centros en las provincias. Jesús Maeztu ha destacado que desde el pasado abril de 2015 la Junta de Andalucía ha realizado una nueva reorganización y distribución de los centros, en la que se ha tenido en cuenta el incremento de la población femenina, y creado nuevas unidades de internamiento terapéutico. Además, desde enero de este año la provincia de Huelva cuenta ya con un centro de internamiento con 20 plazas, dando así cumplimiento a una reiterada petición de la institución.

El Defensor del Menor ha valorado que “se ha dado, por tanto, un paso adelante en el difícil proceso de reorganización y distribución de los centros”, aunque precisó que “la tarea no ha concluido, especialmente por lo que respecta a las provincias de Málaga y Granada”. “Los menores infractores de estas provincias continúan teniendo serias dificultades para cumplir la medida de internamiento en un recurso cercano a su domicilio familiar debido a la escasez de plazas en cada uno de los centros existentes”, ha subrayado el Defensor. También ha encontrado una respuesta positiva por parte de la Junta de Andalucía la demanda de una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos económicos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro alejado de su casa.

Asimismo, ha sido subsanada la carencia detectada en el momento de elaborar el informe sobre una normativa reguladora de la organización, el funcionamiento y las características de los centros de internamiento, gracias a la aprobación del decreto 98/2015, de 3 de marzo.

Entre las propuestas del Defensor para garantizar las protección de los derechos del menor durante el desarrollo de la medida de internamiento se ha aceptado que sea un único letrado el que defienda al menor en todas las causas pendientes; potenciar el uso de la videoconferencia para las comunicaciones entre el letrado y el menor; o el acceso del letrado al expediente que consta en la base informática INTRA, donde se contiene toda la información del cumplimiento de la medida. También aquellas otras que tienen como finalidad ampliar los programas de intervención con menores tras su liberación.

No obstante, otras recomendaciones presentadas en el informe y cuyo cumplimiento requiere de actuaciones coordinadas entre distintas Administraciones, están aún pendientes de ejecución, como es el caso de los menores con problemas de salud mental.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado una Resolución a las 9 Universidades andaluzas y a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología sugiriendo que por la Junta de Andalucía se establezca una regulación de los fondos destinados para la financiación por las Universidades públicas andaluzas de becas y ayudas destinadas al alumnado en situación de precariedad económica que no ha podido acceder a las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, sugiere que todas las Universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas.

Ello en el marco de la Queja de Oficio iniciada sobre las medidas de apoyo al alumnado universitario en situación de precariedad económica; donde ha centrado su investigación en el examen de las distintas convocatorias de becas y ayudas aprobadas por las Universidades públicas de Andalucía para el curso académico 2014-2015.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio destinada a que accedan los autobuses del transporte urbano al interior del barrio almeriense de El Puche, así como para que, en esta zona, como en cualquier otra de la ciudad, no se estacionen indebidamente vehículos y se proceda al arreglo de la calle Mare Nostrum.

En este sentido, ha elevado Recomendación para que, con carácter urgente y sin perjuicio de adoptar otras medidas, se den las instrucciones oportunas para que la empresa concesionaria del transporte público de viajeros, de carácter urbano, de la ciudad comience a prestar servicios en el interior del barrio de El Puche, sin perjuicio de que si existe un cierto riesgo de que se pudieran producir hechos de esta naturaleza, se preste una adecuada protección a conductores y pasajeros a fin de garantizar su seguridad.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido este lunes, 18 de abril, con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien le ha informado del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación para el cuatrienio 2016-2020, actualmente en tramitación.

La Defensoría andaluza viene demandando la urgencia de disponer de este Plan, como principal instrumento de planificación de la política pública andaluza, para poder atender la demanda de vivienda de buena parte de la población, sobre todo, de aquellos sectores que por circunstancias económicas y sociales se encuentran en una peor situación para poder acceder a una vivienda o mantener la actual.

Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo le ha trasladado las principales quejas y consultas que la ciudadanía plantea en la Institución ante la necesidad de vivienda y que están recogidas en el Informe anual del Defensor del año 2015. Entre ellas, los retrasos por las ayudas al alquiler, los problemas para acceder a una vivienda, los desahucios, la ocupación irregular de vivienda, etc.

l Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado Resolución a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, incluyendo diversas Recomendaciones encaminadas a mejorar los plazos de espera, y la información proporcionada a las parejas/usuarias de la prestación sanitaria que consiste en Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

Que se regule de forma más precisa el procedimiento de notificación de los supuestos de fraude en el suministro de agua con objeto de garantizar el legítimo derecho a la defensa de las personas afectadas. Debería incluirse necesariamente, como garantías en favor del usuario, la firma de testigo en el informe de inspección y la notificación fehaciente de las actuaciones practicadas.

La notificación fehaciente en los casos de fraude debería incluir copia del informe de inspección y documentación gráfica acreditativa del fraude, así como la liquidación que se le vaya a girar en concepto de valoración del agua defraudada, explicando claramente los criterios empleados. Asimismo, debería incluir la concesión al abonado de un trámite de audiencia, cuyo plazo debiera computar a partir de la recepción de la misma, a fin de formular cuantas alegaciones estime oportunas.

La liquidación por fraude debería llevar incluida una nota relativa a las posibilidades de pago fraccionado de la deuda y, en caso de dificultades económicas, otras medidas que pudieran acordarse con el abonado para regularizar su situación. Asimismo debería permitir modulaciones en los criterios que se emplean para girar la misma de modo que, sin perder su carácter disuasorio, permitan a las personas y familias que se encuentran en riesgo de exclusión social regularizar la situación de su suministro de agua y disfrutar del mismo conforme a su situación económica.

El Defensor del Menor de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha constituido este sábado, 9 de abril, su nuevo Consejo de Participación de Menores, con la representación de un niño o niña por cada provincia andaluza que durante 2 años forman parte de este órgano de colaboración de los menores andaluces con la Institución para la defensa y protección de sus derechos.

Los nuevos miembros de este órgano son Juan Andrés Archilla Parrón, de Vícar (Almería), de 1º ESO del IES Puebla de Vícar; Andrés Romero Varo, de Vejer de la Frontera, Cádiz, de 6º de Primaria del colegio Nuestra Señora de La Oliva; Ana Muñoz Moreno, de Fernán Nuñez, Córdoba, de 4º ESO del IES Francisco de los Ríos; Nora Kzaini Hernández, de Granada, de 3º ESO del IES Cartuja; Sara Giraldo Ramírez, de Aljaraque, Huelva, de 2º ESO del IES Fuente Júncal; Rafael Peralta Bergillo, de Jaén, de 3º ESO del colegio Andrés Vandelvira; Sofía Pilar Gallardo Aznarez, de Estación de Cártama, Málaga, de 4º ESO del IES Valle del Azahar y, Alejandro Cala Dominguez, de Sevilla de 2º ESO del IES Azahar.

Este e-foro de menores es un órgano de participación del Defensor del Menor de Andalucía que le da voz a los problemas de la infancia y adolescencia a través de sus protagonistas, quienes trabajan con la Defensoría andaluza algunos de los temas que más les preocupan.

Los casos de acoso escolar y la convivencia en sus centros educativos, y la desigualdad entre los niños y niñas por los recursos económicos de sus familias son algunos de los temas que han comentado estos 8 consejeros y consejeras del Defensor en la reunión de trabajo que han mantenido este sábado tras la constitución del nuevo Consejo, el 4 e-foro de menores desde que se puso en funcionamiento en 2009, con una vigencia bianual.

Este foro, constituido por un representante escolar por cada provincia andaluza, analiza estas cuestiones y eleva propuestas, recomendaciones y peticiones que son recogidas por el Defensor del Menor para su incorporación en la defensa de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes de Andalucía, en el Informe que anualmente presenta la Institución al Parlamento de Andalucía.

Además de este trabajo, los menores colaboran con el Defensor en otras iniciativas puestas en marcha por la Institución, como ser miembros del jurado en el Premio del Menor de Andalucía, y en las labores de difusión y promoción de los derechos de los niños y niñas en sus respectivas provincias.

En este sentido, también es de destacar la colaboración del e-Foro de Menores en convocatorias de participación de otras entidades, como ha sido el IV Congreso Solidari@; la Plataforma de la Infancia “Tengo una Idea”, y en el III Encuentro Estatal de Consejos de Participación de menores.