El Defensor del Menor de Andalucía ha abierto una queja de oficio ante las noticias aparecidas en medios de comunicación que hacen referencia a la presencia de partículas de amianto en un suelo cercano a un aula de un colegio público en Puerto Real, Cádiz.

La presencia de este material no sólo se ha detectado en dicho centro educativo sino que, según la noticia, también se ha detectado en otros cuatro centros docentes, de Rota y Jerez de la Frontera, respectivamente.

Es por ello que nos hemos dirigido a la Delegación Territorial de Educación en Cádiz queriendo conocer la las medidas que, de forma urgente, se adoptarán para solucionar el problema señalado e interesándonos por la situación de los centros docentes de la provincia cuyas instalaciones pueden contener amianto.

Una representación de las familias de acogida participantes en el proyecto “Ampliando la Familia”, se han reuniodo este lunes, 13 de junio, con el Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor, para contarle las actividades que están desarrollando y las conclusiones en cuanto a la importancia del proyecto Vacaciones en Paz, que cada año organiza la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara.

El Defensor del Menor de Andalucía ha agradecido en nombre de la Institución este proyecto que tiene como objetivo estrechar las relaciones entre los pueblos andaluz y saharaui, y sobre todo, ha mostrado su agradecimiento con las familias de acogida, por su solidaridad y compromiso con los derechos de la infancia saharaui.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con los titulares de las Defensorías de las nueve universidades públicas andaluzas para tratar los intereses comunes en defensa de la Comunidad Universitaria.

El Defensor del Pueblo andaluz ha informado a los Defensores Universitarios sobre las actuaciones que esta institución desarrolla en materia de universidad. Entre éstas, ha destacado las actuación impulsada por la institución para que las universidades concedan becas y ayudas a los alumnos y alumnas que se han quedado fuera de los requisitos académicos que exige el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero cuya situación económica les imposibilita continuar los estudios sin la concesión de una ayuda.

Esta institución recomendó en una resolución que todas las universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas. Además, sugirió a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía que establezca una unificación de los fondos que destina a las universidades para este fin. Dicha regulación debería incluir los criterios para el reparto de dichos fondos entre las distintas universidades andaluzas; los requisitos que deben cumplir las universidades; los requisitos económicos que deberán exigir las universidades a los solicitantes en las bases reguladoras de las convocatorias de las becas y ayudas que oferten; y los plazos de presentación de solicitudes y resolución de las respectivas convocatorias, fijando los mismos al inicio del curso académico.

El Defensor del Pueblo andaluz y los Defensores Universitarios han abordado otros asuntos de interés como la implantación de las normas de transparencia que afectan a las universidades, la adaptación a la administración electrónica, la atención a las personas con discapacidad o la convocatoria del complemento autonómico para el personal docente investigador.

Jesús Maeztu ha valorado la importancia de los Defensores Universitarios, dentro de los modelos de Defensorías actualmente existentes, y ha resaltado la importante labor realizada en la defensa de los derechos de la Comunidad Universitaria.

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha reunido este miércoles, 8 de junio, con los alcaldes de la Comarca de los Pedroches en una encuentro celebrado en la sede de la Mancomunidad, durante la visita que la Institución andaluza ha realizado durante los días 7 y 8 de junio para atender la demanda de la ciudadanía y de los colectivos sociales.

Los ediles municipales le han trasladado algunas de las principales problemáticas de la comarca, entre ellas, la necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias, potenciar programas de empleo dirigidos principalmente a dos de los colectivos más vulnerables -las mujeres y los jóvenes-, y poner en marcha iniciativas que fomenten los recursos de la zona, entre ellos, la agricultura, la ganadería y el turismo.

La demanda de mejores infraestructuras ha sido la reivindicación que también le ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la plataforma "Que pare el tren en los Pedroches". Este colectivo pide un mayor número de paradas y mejores horarios de trenes, singularmente del AVE, para potenciar el turismo y el desarrollo económico de la zona. 

El Defensor del Pueblo Andaluz se reúne este miércoles, 8 de junio, con la Mancomunidad de municipios de Los Pedroches, en Córdoba.

Este encuentro se enmarca en la visita que la Oficina del Defensor está realizando los días 7 y 8 de junio en dicha comarca, atendiendo in situ las peticiones y consultas de los vecinos y vecinas de estas localidades.

Dentro del programa de visitas, la Oficina de Atención Ciudadana del Defensor tiene previsto también mantener este miércoles un encuentro con los trabajadores sociales de la zona de Pozoblanco, y, por la tarde, reunirse con asociaciones de la Comarca, entre ellas, la asociación cultural Alicia, la asociación de Familiares de Enfermos Mentales, 2 asociaciones de mujeres, una asociación de vecinos, y la asociación Española contra el Cancer de Pozoblanco.

ATENCIÓN A LOS MEDIOS

El Defensor del Pueblo Andaluz y las autoridades de la Mancomunidad atenderán a los medios a las 11.30 horas, en la sede de la Mancomunidad, calle Pozoblanco, 4, Alcaracejos, Córdoba

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y la presidenta de Facua Andalucía, Olga Ruiz, han firmado hoy un convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en defensa de los derechos de las personas consumidoras.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la colaboración “de ida y vuelta” con esta organización de consumidores que se refuerza con la firma de este convenio. De esta manera, Facua participará de los análisis de la institución en materia de consumo, a la vez que proporcionará información a la institución sobre las quejas que recibe en temáticas de relevancia para el Defensor como son los productos financieros, eléctricos, o los suministros básicos, entre otros.

La presidenta de Facua Andalucía, Olga Ruiz, ha destacado que este convenio renueva el compromiso con una institución “que nos parece esencial en el modelo de Estado”. “Es una alianza estratégica para dar voz a la ciudadanía y para estar al lado de los mas vulnerables”, ha afirmado.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido a la Consejería de Fomento y Vivienda que con la máxima urgencia resuelva la convocatoria de ayudas al alquiler de 2015, de la que están pendientes 13.468 personas, beneficiarios provisionales, según los datos facilitados por la propia administración.

En su resolución, el Defensor Andaluz insta a “que se proceda a la inmediata resolución definitiva de los expedientes de ayuda al alquiler que aún se encuentran en trámite y se publiquen las correspondientes listas definitivas de personas beneficiarias, debiéndose proceder a continuación, a la tramitación del pago y abono efectivo de las mismas, a la mayor brevedad posible y sin dilaciones indebidas”.

El Defensor ha insistido en que el pago de estas ayudas, que van dirigidas a personas con una situación económica precaria y de especial vulnerabilidad, “debe abonarse dentro del año natural de su convocatoria, toda vez que su fin último es garantizar el derecho a la vivienda a quienes con sus propios medios no lo pueden satisfacer o mantener”.

También recomienda que para las próximas convocatorias se agilicen los trámites y los requisitos se ajusten a la normativa, que eviten “estos retrasos excesivos”.

La Institución andaluza inició una actuación de oficio a finales del año pasado ante la demora en la tramitación de estas ayudas. En respuesta a esta investigación, la Consejería de Fomento y Vivienda ha informado a la Institución que confía en resolver en breve dicha convocatoria, adelantando que, hasta la fecha son 13.468 los beneficiarios provisionales, con un presupuesto de 15 millones de euros.

El Defensor del Pueblo Andaluz también ha valorado la cuantía inicial prevista en la anualidad 2015 y el presupuesto finalmente destinado, considerando que la administración regional debe hacer un mayor esfuerzo presupuestario, si fuera necesario, para aprovechar las cuantías máximas que pueda conceder la Administración estatal para este tipo de ayudas.

Para el Defensor andaluz este esfuerzo está justificado ante la necesidad de vivienda que recogen los Registros Municipales de Demandantes, actualmente con más de 124.000 personas inscritas, de las que el 65% tiene unos ingresos inferiores a 1 vez el IPREM , y más del 74% manifiesta sus preferencias por el alquiler simple o con opción a compra.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido este jueves, 2 de junio, en el Parlamento de Andalucía, la mejora de la asistencia sanitaria de la población reclusa durante la presentación del Informe Especial sobre las “Unidades de Custodia Hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión” y ha dado cuenta de las principales conclusiones recogidas en la jornada que el pasado martes 31 se celebró con la participación de todos los profesionales y colectivos implicados.

El Defensor ha informado ante la Cámara andaluza que el actual modelo sanitario se presta entre Instituciones Penitenciaras, que ofrece la atención primaria, y el SAS, la atención especializada. Esta dualidad es la principal causa de un modelo organizativo deficiente que termina provocando una ruptura en la atención integral de la persona enferma en prisión “que es, ante todo, un paciente. No un preso”.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas que actualmente deambulan entre dos sistemas sanitarios: la sanidad penitenciaria y el SAS.

Por ello, ha pedido definir un modelo sanitario que responda a las necesidades de las personas internas en prisión y restablecer el convenio de colaboración, entre Instituciones Penitenciarias y el sistema sanitario andaluza, paralizado desde 2012, pero “actualizado y mejorado”.

Durante su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a mostrar su preocupación por dos situaciones que afectan principalmente a este colectivo: la problemática específica de la hepatitis C, que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria entre la población reclusa la tasa de infectados es superior al 25%-, y la prevalencia de las patologías mentales, 5 veces superior a la que tiene la problación general.