PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ANDALUCÍA.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha intervenido este lunes, 27 de marzo, en la Comsión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, en relación a la tramitación del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana en Andalucía. En la misma, ha referido como conclusiones:

- El Proyecto de Ley supone un avance innegable en la profundización democrática al incorporar instrumentos de participación ciudadana propios de la democracia participativa.

- Representa una oportunidad inmejorable para ir introduciendo, en la práctica cotidiana de administraciones y ciudadanía, unas fórmulas participativas que no solo resultan novedosas para la mayoría, sino que además suponen la ruptura con una cultura basada tradicionalmente en el abstencionismo de la ciudadanía y en el paternalismo de la Administración.

- No obstante, estimamos que el Proyecto presenta algunos márgenes que permitirían ahondar en la incorporación real de la ciudadanía a los procesos decisorios, potenciando así un régimen de responsabilidad compartida entre ésta y los poderes públicos.

- Asimismo, entendemos aconsejable no demorar la regulación del tercer pilar que sustenta el modelo de Gobierno Abierto, que afecta a la rendición de cuentas, ni el desarrollo reglamentario que requiere el Proyecto de Ley al objeto de que su efectividad resulte garantizada.

- Finalmente, creemos necesario ahondar desde ya en el desarrollo de políticas de fomento de la participación, de formación de la ciudadanía para la utilización adecuada y responsable de los instrumentos participativos, y de sensibilización de los poderes y empleados públicos para la asunción de nuevos principios de actuación que resulten más acordes con este nuevo modelo de administración.

La sociedad de hoy exige opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos. un modelo de gobierno más transparente, más participativo y que rinda cuentas a partir de la evaluación conjunta de las políticas públicas.

La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía ha servido de impulso para este cambio de modelo con el reconocimiento del derecho a la Buena Administración, la fijación de la transparencia como principio de actuación de la Administración Pública y las reiteradas referencias que se hacen en el texto a la participación ciudadana, entre otras.

Como dPA es una asunto que siempre ha formado parte de nuestra actividad, de ahí el Informe Especial “Normativa sobre Participación Ciudadana en las Diputaciones Provinciales y en los Grandes Municipios de Andalucía” de 2009,

El mismo, aunque centrado específicamente en el ámbito local, nos llevó, entre otras cuestiones, a sugerir la mejora de la regulación de la participación ciudadana en la normativa autonómica; a reivindicar el indudable protagonismo que en todo este proceso han de tener las nuevas tecnologías; y a demandar ayudas e iniciativas de apoyo a colectivos y entidades que adquieren un marcado protagonismo en los procesos participativos.

1. El compromiso de las Defensorías de promover medidas para acabar con el incumplimiento por parte de las Universidades andaluzas de la obligación de reserva de plazas para personas con discapacidad en las convocatorias de puestos de trabajo para personal docente e investigador.
2. El apoyo de las Defensorías a las medidas que están adoptando las Universidades andaluzas para prevenir y sancionar conductas que supongan acoso, ya sea sexual, laboral o motivado por razón de sexo, por orientación sexual o por identidad de género.
3. La preocupación de las Defensorías por los casos de fraude intelectual que se producen en el ámbito universitario y en particular por la proliferación de prácticas de copia y plagio entre el alumnado y el personal docente, facilitadas por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías.

Hemos abierto una queja de oficio dirigida a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al Ayuntamiento de Vegas del Genil y a Endesa, al conocer que la población de Vegas del Genil se está movilizando en contra de los cortes de luz que llevan sufriendo desde hace diez años y que se han visto agravados en los últimos meses. Queremos conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con el Presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, para abordar diferentes asuntos que afectan a la provincia.

El Defensor ha mostrado su preocupación, entre otros temas, por:

1) El cierre de oficinas bancarias en 35 municipios de la provincia, sobre el que ha insistido en la necesidad de acompasar la ineludible modernización y el uso de las tecnologías con los derechos de los ciudadanos, porque hay una brecha digital importante, sobre todo, con los mayores.

2) Los cortes de luz y enganches ilegales en zonas de la capital y provincia

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reúne este martes, 14 de marzo, con el Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, para tratar los asuntos de interés de la ciudad, a partir de las reclamaciones ciudadanas. Entre ellos, la situación de la vivienda, temas de servicios sociales, medioambientales, etc.

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz atenderá las reclamaciones de la ciudadanía y colectivos sociales de Cádiz a través de su Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz, que tiene previsto desplazarse a la ciudad gaditana este martes 14 y miércoles 15 de marzo, respectivamente, para atender en persona las quejas y consultas que quieran hacerle llegar los vecinos y entidades sociales, en materia de vivienda, salud, educación, servicios sociales, medioambiente, etc.

También mantendrá encuentros de trabajo con asociaciones de vecinos, colectivos y trabajadores sociales, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta ambos días en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 19:00 horas, en el Aulario Simón Bolívar (primera planta), de la Universidad de Cádiz, en la avenida Duque de Najera, 16.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este jueves, 9 de marzo, el Informe Especial "Acoso Escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas" en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. El presente informe del Defensor del Menor de Andalucía supone una aproximación al acoso escolar y al ciberacoso desde la perspectiva de esta institución, que ya desde finales de la década de los 90 comenzó a interesarse por este fenómeno. El informe parte de una definición del acoso escolar, sus modalidades, causas y responsabilidades, así como se detiene en la aparición del ciberacoso o en la incidencia de este tipo de maltrato entre iguales en la comunidad autónoma de Andalucía.

• Demandamos que el acoso escolar y el ciberacoso no permanezcan ocultos

• Demandamos que prime el interés superior del menor a la hora de intervenir, tanto con las víctimas, como con los agresores.

• El acoso escolar y el ciberacoso son formas de violencia entre iguales. Ningún niño o adolescente puede ser maltratado por sus compañeros sin merecer la justa respuesta de protección y tutela.

• Pedimos un Plan integral de convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía

• La escuela, junto con la familia, principales escenarios donde niños y niñas han de gozar de mayor protección frente a actos violentos

• Los centros escolares deben disponer de todos recursos de los protocolos contra el acoso escolar y el ciberacoso

• Es fundamental la participación de los menores en la resolución de los conflictos menos graves a través de los sistemas de mediación.

• Ciberacoso: Los padres deberían ejercer una labor de supervisión y control en el uso de las TICs

• Luchar contra el acoso y el ciberacoso no puede realizarse exclusivamente desde la institución educativa

• Reiteramos la necesidad de tener en cuenta la dimensión de la igualdad de género a la hora de abordar los problemas de nuestra sociedad.

   

• Urge un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente: no solamente igualdad de jure sino también de facto.

   

• La falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres.

   

• El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación

Sevilla, 8 de marzo de 2017. La eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo se configura como un factor determinante para un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad. No obstante, las estadísticas siguen mostrando, al igual que en los países de nuestro entorno, que todavía persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres.

Es evidente que, en muchos ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres, una de las violaciones de derechos humanos más habitual.

La igualdad no se genera por el mero trato igualitario dado a personas socialmente desiguales. No se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y mujeres, cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades.

Es por ello que desde hace algunos años, urge establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo, impulsar una educación igualitaria.

Ello significa que “la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”, tal y como recoge la Unión Europea, que destaca como elemento clave un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente: no solamente igualdad de jure sino también de facto.

Por eso, hoy, Día Internacional de la Mujer, como Institución garante de derechos volvemos a reiterar la necesidad de tener en cuenta la dimensión de la igualdad de género a la hora de abordar los problemas de nuestra sociedad.

No en vano, el diagnóstico que se efectúa en la Resolución no vinculante del Parlamento Europeo de 9 de Junio de 2015 aludía a que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta y para su toma de consideración hay que tener en cuenta las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación que sufren muchas mujeres y niñas (por razones de discapacidad, origen inmigrante, origen étnico, edad, orientación sexual, identidad de género, embarazo, condiciones de vivienda, bajo nivel educativo, ser víctima de la violencia, etc.) y que sus condiciones han empeorado durante los últimos años.

Es un hecho que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en diversos Tratados Internacionales , así como en nuestra Constitución española y en nuestro Estatuto de Autonomía, si bien, los avances siguen siendo insuficientes y aún persisten muchas desigualdades entre mujeres y hombres.

Los roles de género tradicionales y los estereotipos siguen teniendo una gran influencia en la división de tareas entre mujeres y hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general, limitando, por tanto, las opciones de empleo y el desarrollo personal y laboral de las mujeres, e impidiéndoles realizar su pleno potencial como personas y como agentes económicos.

Según la Unión Europea, a este ritmo habrá que esperar hasta 2038 para alcanzar el objetivo consistente en que la tasa de empleo de las mujeres sea del 75 %, y que la igualdad salarial se hará realidad en 2084; que es posible lograr la igualdad de representación en los Parlamentos nacionales, en las instituciones de la UE y en los consejos de administración de las empresas europeas antes de 2034, pero el reparto igualitario de las tareas domésticas no sería una realidad hasta 2054.

Son muchos los estudios y estadísticas en los que se concluye que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y exclusión, en gran parte porque, por motivos familiares, las mujeres trabajan con mayor frecuencia que los hombres a tiempo parcial o con contratos de trabajo temporales, por lo que la pobreza de las mujeres se debe en gran medida a la precariedad de sus empleos y a las diferencias salariales por igual trabajo desempeñado.

En este orden de cosas, la tasa de empleo de las mujeres en la Unión Europea es del 63 %; la diferencia salarial entre mujeres y hombres se cifra en 16,4 %; el 73 % de los diputados nacionales en los países de la UE son hombres, las mujeres representan el 17,8 % de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas y dedican a las tareas domésticas por semana más del triple de tiempo que los hombres (por ejemplo, cuidando de los niños, de las personas de edad avanzada o de las discapacitadas y realizando tareas del hogar);

En otros campos, las mujeres constituyen cerca del 60 % de las licenciaturas universitarias en la UE y, sin embargo, su representación entre el alto funcionariado y en los cargos decisorios es desproporcionadamente baja; la proporción de científicas e ingenieras en la UE no alcanza el 33 %, mientras que las mujeres representan el 80 % de la población activa en los sectores de la sanidad, la educación y el bienestar social.

Ante este panoroma aún desolador no podemos si no concluir que aún queda mucho por hacer para la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y que para su pleno alcance hay que tener en cuenta la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la elaboración de las políticas públicas, en los Presupuestos y en la aplicación de los programas y medidas que se pongan en marcha.

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se desplazará a Cádiz, los próximos días 14 y 15 de marzo para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta ambos días en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 19:00 horas, en el Aulario Simón Bolívar (primera planta), de la Universidad de Cádiz, en la avenida Duque de Najera, 16.

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación durante esos días, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También por facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz/) o twitter (@DefensorAndaluz).

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con trabajadores sociales y con representantes de asociaciones, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

Junto a la atención ciudadana por parte de la Oficina del Defensor, el programa del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, lo completa reuniones con el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz, además de la visita a la Fundación Tierra de Todos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, mantuvo ayer una reunión con varios miembros de la Plataforma Salvemos Doñana, solicitada por la iniciativa ciudadana para intercambiar información e impresiones.

La Plataforma Salvemos Doñana solicitó el amparo del Defensor del Pueblo andaluz, por la posible amenaza que para la conservación del Espacio Natural Doñana y su entorno suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio, promovidos por Gas Natural Fenosa. El Defensor expresó a los asistentes que, al menos en tanto se realiza un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas, y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

Jesús Maeztu informó a los integrantes de la iniciativa ciudadana sobre el trabajo que esta Institución está desarrollando para despejar las dudas sobre los riesgos que se ciernen sobre el espacio protegido y su entorno y mantener a la ciudadanía informada sobre su situación actual. En particular, informó sobre la actuación desarrollada para valorar la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de Interés Comunitario de absoluta referencia para nuestra Comunidad Autónoma en términos ambientales. Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la Administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto, quien en su Informe de 2016 se ha pronunciado en los términos de que considera que se debe hacer ese informe conjunto.

Finalmente, Maeztu y todos los asistentes coincidieron en que debemos encontrar la forma de blindar Doñana y su territorio para poder dejar de hablar algún día de las amenazas de este paraíso protegido y hablar de un paraíso modelo en la conservación de sus recursos naturales, el desarrollo de proyectos integrados, la creación de empleo verde y el uso de energías limpias.

Los candidatos/opositores andaluces a participar en las pruebas de acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de Andalucía ven peligrar su empleo con la convocatoria a efectuar en 2017.

La actual coyuntura política y económica ha provocado que durante muchos años no se hayan convocado oposiciones para este Cuerpo funcionarial en prácticamente ninguna comunidad autónoma.

Si al importante número de plazas previstas para las distintas especialidades se suma el hecho de que este año no va a haber casi ninguna otra Comunidad Autónoma que convoque oposiciones, es más que evidente que se produzca un “efecto llamada” que ocasione una masiva afluencia de opositores provenientes de otros territorios.

Estos hechos, junto al que Andalucía es una Comunidad Autónoma que no incluye entre las pruebas a desarrollar la específica de lengua propia (casos de País Vasco, Cataluña y Galicia), ciertamente pueden perjudicar a todos los aspirantes a una plaza (andaluces o no), viendo reducidas sus posibilidades en particular al actual funcionariado interino de la Junta de Andalucía, condenados a una mayor inestabilidad laboral, cuando no directamente al desempleo, toda vez que el proceso selectivo afectaría al estado de situación de las bolsas de interinidades de los Profesores de Música y Artes Escénicas al reconocerse los servicios prestados en otras Administraciones una vez se incorporen a las respectivas bolsas.

Ante esta problemática, Comunidades Autónomas como las de Navarra y La Rioja ya han manifestado su intención de no realizar convocatorias de oposiciones.

Por otro lado, tampoco resulta lógica la previsión de la Administración andaluza, respecto a las convocatorias de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, de dividir estas convocatorias: el acceso por méritos en 2017, y el acceso libre en 2018, ya que de ser así esto no da una visión real de la situación actual de plazas vacantes en los conservatorios profesionales. Entendemos que el proceso lógico de convocatoria debe ser Cátedras en primer lugar, tanto las de Acceso por Méritos como las de Ingreso, y en 2018 las correspondientes a Profesores, respetando el turno lógico, a la par que las otras Comunidades Autónomas. Y, con ello, quedaría resuelto el problema de las Comisiones de servicio de la mayoría del profesorado que actualmente prestan servicios en los Conservatorios Superiores, dejando plazas vacantes en los Conservatorios Profesionales que puedan ser incluidas en la convocatoria.

Desde este Comisionado, que asume las demandas y preocupaciones de los trabajadores andaluces, se iniciará una actuación de oficio ante la Consejería de Educación, al objeto de que se adopten cuantas medidas sean necesarias en orden a:

1) Que la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas se realicen en el ejercicio de 2018, simultánemente con el resto de Comunidades Autónomas y, coincidentes, como es habitual, con las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria.

2) Que en el presente ejercicio de 2017, se efectúen las convocatorias (por méritos y libres) al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, resolviendo así el problema de las Comisiones de servicio de la mayoría del profesorado que actualmente prestan servicios en los Conservatorios Superiores y dejando plazas vacantes en los Conservatorios Profesionales que puedan ser incluidas en la convocatoria.