• El personal de empleo público, la vivienda y la educación siguen motivando el mayor número de expedientes ante la institución

• La actividad del Defensor del Pueblo andaluz aumentó un 15% tanto en quejas presentadas como en consultas

Sevilla, 31 de mayo de 2017. Los asuntos relacionados con los menores, la protección de los bienes culturales, consumo y otros servicios de interés general, los expedientes relativos a extranjería y la educación fueron las materias que experimentaron un mayor incremento en el número de quejas iniciadas ante el Defensor del Pueblo andaluz en 2016 con respecto al año anterior.

Así lo ha detallado hoy el titular de esta institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual de la institución ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones del Parlamento andaluz. No obstante, el mayor número de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo andaluz en 2016 estuvieron relacionadas con  el personal del sector público (1.272 quejas), la vivienda (1.061 quejas), la educación (968 quejas), los menores (878 quejas) y el medio ambiente (632 quejas).

En total, esta institución gestionó durante el pasado año 10.128 quejas, de las que 7.103 fueron nuevas. De éstas, 6.900 fueron a instancia de parte y 203 de oficio. El incremento de quejas nuevas fue de un 15,1% con respecto a 2015. También el DPA atendió 10.811 consultas (un 15,7% más), lo que sumado a las 507 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrece un balance global de 21.446 actuaciones por parte del Defensor del Pueblo andaluz durante 2016.                        

Las materias que afectan directamente al Estado de Bienestar han copado el 59% del total de las actuaciones de la Oficina. El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado algunos asuntos relevantes a los que la institución ha dedicado una preocupación especial, como han sido la crisis de los refugiados, que motivó la participación de la institución en diversos foros nacionales e internacionales; los retrasos en el pago del salario social, que motivó un informe especial; los impagos de las ayudas al alquiler de vivienda, y la preocupación ciudadana sobre el acoso escolar, que motivó otro informe especial.      

Sobre el balance de las actuaciones de la institución, Jesús Maeztu ha puesto el acento sobre uno de los legados de la crisis económica, la desigualdad, que se refleja en el Informe en las denuncias de la ciudadanía sobre la sensación de una prestación sanitaria desigual a la de otros territorios; padres y colectivos que denuncian que la educación no es equitativa para los niños que reciben clase en las caracolas o para los alumnos con discapacidad; una ciudadanía indignada por la falta de un techo digno, o de los suministros vitales de luz y agua; la imposibilidad de comunicarse por falta de conexiones de transporte públicas; la dificultad de afirmar que el acceso a la justicia es igual para todos por la situación que padecen algunas sedes judiciales; el debate sobre una siempre prometida política fiscal o las dificultades que siguen padeciendo las personas con diversidad funcional y los inmigrantes.

El Defensor del Pueblo ha repasado por materias algunas de las actuaciones de la Oficina en 2016. En sanidad, la actividad ha sido más conflictiva en la atención especializada (tiempos de respuesta asistencial para intervenciones quirúrgicas, o la suma de plazos a lo largo de un mismo proceso asistencial) o debido a la paralización de inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias. El año pasado la institución investigó cómo funciona el protocolo de atención en urgencias de personas en situación de riesgo social y concluyó que los requisitos básicos se están cumpliendo de forma generalizada. También promovió queja de oficio sobre tratamiento asertivo comunitario, e investigó los plazos de lista de espera para la reproducción asistida.

En educación, hubo un incremento de padres lamentándose de que los centros escolares no disponen de todos los recursos materiales y personales para atender debidamente a sus hijos afectados por algún tipo de discapacidad, por ejemplo, por la ausencia de monitores de educación especial. Sigue habiendo reclamaciones sobre el servicio de comedor escolar y sobre retrasos en los pagos de las becas, pero lo que mayor número de quejas provocó fue la presencia de amianto en las instalaciones de los centros educativos. Entre las propuestas más destacadas en 2016, la institución valoró la atención educativa que reciben los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, una propuesta que fue aceptada, así como el DPA logró que el alumnado mayor de 16 años pueda realizar las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas superiores de Música y Danza. Recibió una acogida muy favorable la sugerencia de que las universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias para el alumnado que, por situaciones sobrevenidas, no puedan continuar los estudios.

En servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha denunciado los problemas que aproximadamente desde 2009 vienen afectando al sistema de la dependencia y, entre ellos, el de las demoras administrativas (procedimiento de reconocimiento de la dependencia, el de la revisión de grado, la asignación de recurso o la revisión del recurso asignado). Asimismo, es especialmente problemática la situación de las personas dependientes afectadas por una discapacidad que necesitan una plaza de residencia. Entre otras propuestas en esta materia, el Defensor ha destacado la queja de oficio sobre qué actuaciones están llevando a cabo las administraciones públicas con las personas mayores que viven solas.          

En vivienda, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que no existen viviendas públicas suficientes capaces de dar satisfacción a la demanda existente, y ha considerado que la Administración debe adoptar políticas en materia de vivienda que, de alguna forma, incrementen el parque público residencial. Otra parte de la actividad de la institución la ocupó los problemas que generó la convocatoria de ayudas a la vivienda.

En justicia, la institución sigue advirtiendo una progresiva morosidad en la tramitación de los procedimientos judiciales que, si en todos los órdenes jurisdiccionales generan una lógica frustración y desconfianza, es más desalentador en algunos como en el social. Este ejercicio ha coincidido con una especial atención a demarcaciones como los Juzgados de lo Social de Huelva.

En prisiones, la actividad la centró la presentación del Informe Especial sobre las Unidades de Custodia Hospitalaria, en el que se reivindica un modelo organizativo que no sea dual y que los presos no deambulen bajo dos sistemas sanitarios. También el Defensor del Pueblo andaluz inició sendos expedientes de oficio ante la insuficiencia de personal sanitario en los centros penitenciarios de Albolote y Sevilla I.

En materia de menores, la institución sigue gestionando asuntos relacionados con la pobreza infantil, los menores refugiados o la trata de seres humanos. Asimismo, son habituales las denuncias que ponen sobre aviso de que algunos niños o niñas pudieran estar recibiendo malos tratos por parte de sus progenitores, o de otras conductas negligentes, casos que nos son denunciados a través del Teléfono del Defensor del Menor. En los últimos años es objeto de una especial dedicación el aumento de la violencia filioparental, la que se produce de hijos a padres y, en especial, hacia las madres, y que en muchas ocasiones acaba con los menores en los centros de protección.

En cuanto a la sostenibilidad, la ciudad y el diseño de las políticas que le afectan ha centrado un gran debate en la actividad del Defensor. Sigue vigente el compromiso de la institución por la construcción de una ciudad accesible y segura, con itinerarios peatonales y un uso restringido del vehículo privado, con restricciones a la invasión del espacio público, con una convivencia que permita el descanso, y también el ocio de los vecinos, ha señalado Maeztu. También en el ejercicio de 2016 el DPA inició una investigación sobre el estado de las depuradoras para conseguir el ansiado vertido cero y abrió una queja para conocer el cierre y sellado de los vertederos incontrolados existentes en Andalucía. En Cultura sigue recibiendo denuncias sobre expolios en el patrimonio histórico artístico que tiene Andalucía, o actuaciones cuestionables en inmuebles o elementos declarados BIC.

Para terminar, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado otros temas de interés en empleo público, que origina una constante denuncia ante la institución tanto por los requisitos o baremos fijados como por los distintos aspectos formales que rodean su gestión; en los servicios de interés general, con la pobreza energética y la pobreza hídrica como principales focos de reclamación; y las denuncias de índole económica o tributaria, con un especial protagonismo este año del impuesto de sucesiones y donaciones.

Comprender la información que nos rodea es un derecho de toda persona: derecho de los ciudadanos a entender los documentos de las administraciones, pero, sobre todo, deber de las instituciones de expresarse de forma comprensible.

Por ello, es necesario avanzar en herramientas para que entornos de uso público y privado sean fácilmente accesibles y comprensibles, con el objetivo de poder ser utilizados por todas las personas con independencia de sus cualidades o estado.

Con este objetivo, el Instituto Lectura Fácil pone en marcha varias acciones de formación vinculadas con la accesibilidad cognitiva y dirigidas a personal de las Administraciones. Son iniciativas en colaboración con la Cátedra Economía Social, Ética y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla:

• Curso de Verano de la UPO denominado Administraciones locales cercanas, transparentes y accesibles

• Curso de Experto Universitario en Accesibilidad Cognitiva denominado Eliminando barreras de la comprensión

   

• Curso de Accesibilidad, Seguridad y Autoprotección en Centros Sociales.

   

La lectura fácil y la comprensión de los escritos suponen herramientas de inclusión y transparencia en nuestro trabajo cotidiano de contar las cosas y permitir a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar de forma activa y responsable en la sociedad, al facilitarles el acceso a estar bien informados y a entender la información que le permitirá defender sus derechos.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consagra, como uno de los principios generales, la necesidad de que toda la información suministrada por las administraciones públicas sea comprensible, de acceso fácil y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles por el mayor número de personas posible, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Por su parte, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía contempla, como principio básico, el de facilidad y el de comprensión. Es decir, prevé que la información se facilitará de la forma que resulte más sencilla e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas a las que se dirige.

El Defensor del Pueblo Andaluz actualmente mantiene un convenio de colaboración con el Instituto Lectura Fácil en su compromiso de garantizar la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil y el lenguaje claro en sus relaciones con la población, para avanzar hacia la eliminación de las barreras cognitivas en el acceso a la información y transparencia.

Una ciudad que mantiene un alto nivel de desempleo, pobreza y marginación, es una urbe fracasada

Los gobiernos locales son quienes tienen que implementar la Nueva Agenda Urbana Mundial, ya que les corresponde ejecutar en última instancia las políticas sectoriales para hacerla realidad.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, junto con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y del Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, han inaugurado hoy la jornada “Los gobiernos locales ante la nueva Agenda Urbana mundial”.

El debate se ha centrado en el papel que deben jugar estos gobiernos en la implementación de la Agenda mundial que aborda los problemas y retos que plantean las ciudades en los ámbitos del medio ambiente, la salud, la pobreza, la educación y, en definitiva, la inclusión, para los próximos años.

Jesús Maeztu ha alertado sobre la necesidad de garantizar un desarrollo urbano y social sostenibles: “Si tenemos ciudades que generen graves desigualdades, habrá tensión y conflicto social, se crearán situaciones de exclusión y tanto los gobiernos como la sociedad civil serán débiles para responder, desde lo local, a los desafíos de un mundo global. Una ciudad que mantiene un alto nivel de desempleo, pobreza y marginación, es una urbe fracasada”.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario que los derechos humanos sean los grandes orientadores de estas políticas y planes trasversales que van a definir el crecimiento futuro de las ciudades, ya que sin garantizar estos derechos no se logrará dar respuestas a las necesidades de una ciudadanía plural y diversa ni integrar servicios públicos de todos y para todos en igualdad de oportunidades.

Un reto que para la Institución andaluza solo se puede conseguir si se incorpora la perspectiva local en la gobernanza mundial “pues son los gobiernos locales quienes cuentan con la proximidad y el conocimiento de las necesidades de sus habitantes“ y, también, si se promueve la participación de la población en la toma de decisiones “porque solo así se puede garantizar la sostenibilidad de las ciudades”.

Jesús Maeztu ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por que las ciudades sean inclusivas y sostenibles, lo que incide directamente en la garantía efectiva de diversos derechos de la ciudadanía.

En este sentido ha recordado que es en las ciudades donde reside el 80% de la población europea, más del 50% a nivel mundial, y donde se produce en torno al 80 % del PIB mundial y el 70% de las emisiones de CO₂, que tanta incidencia tiene en el calentamiento global.

Así, tras promover sendos debates sobre “ciudades inteligentes, ciudades inclusivas” y “ciudades inteligentes, ciudades sostenibles” organiza ahora esta nueva jornada, convencido de que es importante estar presente en el debate de cómo se van a afrontar las tareas que se derivan de esa Nueva Agenda Urbana.

Jesús Maeztu valora la regulación expresa del derecho de asistencia sanitaria a las personas inmigrantes sin residencia y la oposición al copago

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado este martes, 23 de mayo, la apuesta normativa que supone el proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía y ha reclamado un acuerdo en el ámbito autonómico que fije “los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad”.

En la última comparecencia de agentes sociales convocados en el Parlamento andaluz para valorar este proyecto de ley, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la pervivencia e indemnidad de los valores de la atención sanitaria se han visto amenazados como consecuencia de los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  que, en algunos casos, han supuesto una cierta quiebra de los mismos.

En cuanto a la universalidad del sistema, el Defensor del Pueblo andaluz ha saludado que se sustituya la exigencia de residencia en Andalucía, por la condición de vecindad administrativa, de manera que se lleve a cabo un regulación expresa del derecho a la asistencia sanitaria del colectivo de personas inmigrantes sin autorización de residencia, que resultaba parcialmente excluido (excepto en cuanto a la atención de urgencias) por la normativa estatal. No obstante, el Defensor ha advertido sobre la posibilidad de que surja un conflicto competencial con la Administración estatal, aunque parezca poco probable. Asimismo, el Defensor ha apoyado el compromiso de no establecer sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria, así como de minimizar los que pudieran fijarse por la normativa básica estatal en cuanto a la cartera común, con el fin de que nadie quede excluido de la misma por razones económicas.

Sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, el Defensor ha señalado que el proyecto de ley establece un principio de suficiencia financiera para desarrollar las actuaciones que corresponden al sistema sanitario, aunque ha echado en falta una memoria económica o plan de financiación, o al menos una definición de ese compromiso presupuestario, por ejemplo, mediante la fijación de un porcentaje del PIB.

De igual modo, el Defensor ha explicado que la ley regula diversos mecanismos para contribuir a la sostenibilidad económica, que en su mayor parte vienen ya funcionando, algunos con  refrendo legal, como por ejemplo parte de los vinculados al uso racional del medicamento, y otros que ahora se recogen con dicho rango, caso de la Estrategia de gestión -que resulta equiparable a los actuales planes de salud-, las estructuras de compras de bienes y servicios, o la entidad responsable de la evaluación de tecnologías sanitarias. 

Sobre la sostenibilidad social, basada en la equidad del acceso a los recursos, la lectura del Defensor del Pueblo en base a las quejas que recibe la institución es que “aún nos encontramos lejos de alcanzarla a tenor de las situaciones que nos comunican muchos ciudadanos en relación con la asistencia sanitaria que precisan”. “La amplitud territorial de nuestra región y la diversidad geográfica son sin duda condicionantes difíciles de superar, pero lo cierto es que no podemos decir que la prestación sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma sea igual para todos los usuarios”, ha asegurado el Defensor del Pueblo, que ha puesto como ejemplo las terapias para el tratamiento del ictus; los cribados de algunas patologías; el acceso a medicamentos innovadores; el tratamiento de rehabilitación domiciliaria; los programas para enfermos mentales o los tiempos de espera para consultas e intervenciones.

Por esta razón, el Defensor del Pueblo andaluz ha abogado por tener en cuenta situaciones crónicas de insuficiencia de medios que afectan a determinadas áreas geográficas y aglutinan las reivindicaciones de su población, que al ser atendida en centros de referencia ubicados fuera de sus lugares de residencia se ven obligados a realizar importantes desplazamientos y a someterse a los tiempos y plazos que marcan los mismos.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que en el último Informe Anual de la institución emplazó a buscar fórmulas más imaginativas de participación, ya que la falta de diálogo ha sido el motivo expuesto en las muestras de contestación ciudadana a la atención sanitaria. De hecho, el Defensor ha subrayado que este proyecto de ley, pese a haber contado con un trámite de consulta amplio y extendido, y en el que han participado múltiples asociaciones y entidades, su existencia, no ha trascendido realmente a la sociedad y ni siquiera a llegado a ser conocida por muchos de los profesionales llamados en su día a aplicarlo.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, y la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, han celebrado este martes, 23 de mayo, la 4ª reunión del grupo de trabajo constituido para la protección de menores extranjeros que llegan a Andalucía acompañados de adultos sobre los que recaen indicios de ser víctimas de trata.

A la cita han acudido responsables de las direcciones generales de Infancia, Familias y Violencia de Género de la Junta de Andalucía; de la Federación de Municipios estatal y autonómica, respectivamente; Fiscalía del Estado y de Andalucía; Fuerzas de Seguridad del Estado; Cruz Roja, Ayuntamiento de Puente Genil, responsables de Extranjería, Trata y Violencia de Género de los respectivos Ministerios competentes y personal de las Instituciones del Defensor del Pueblo convocantes.

Ambos defensores han mostrado la importancia de seguir trabajando conjuntamente para procurar la acogida y acompañamiento de estos menores indocumentados ante la alarmante cifra de menores indocumentados que llegan acompañados a las costas andaluzas, que oscila entre los 50 y los 100 casos, muchos de ellos con indicios de ser víctimas de trata.

Esta explotación de los niños, posibles víctimas de trata, atenta frontalmente contra los derechos contra la infancia y contravienen la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica, primando en las decisiones que se adopten su condición de menor frente a la de extranjero, lo que obliga a los poderes públicos a prestar una especial atención por su situación de riesgo y vulnerabilidad.

Por eso, del Defensor del Menor de Andalucía y la Institución del Defensor del Pueblo de España decidieron en 2013 trabajar conjuntamente con el objetivo de conseguir la implicación de todos los organismos en la defensa de los derechos de estos menores

Así, se ha avanzado en la identificación de estos menores. Estos niños y niñas ya no son “invisibles”. Ahora, son reseñados e inscritos en los registros correspondientes y atendidos en los centros de ayuda humanitaria, y su situación de riesgo, derivada de sus propias circunstancias o de las de sus acompañante, abordada por el Ente público de protección de menores en coordinación con las fiscalías.

“Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Se trata de una situación muy compleja y cambiante, porque las mafias siempre irán buscando resquicios o puntos débiles en la intervención para seguir sacando provecho y beneficio de estas personas más vulnerables. La explotación de estos niños evidencia una de las tragedias más dramáticas y nos compromete a seguir avanzando en la protección de los derechos de estos menores de edad”, han declarado el Defensor del Pueblo Andaluz.

El Defensor del Pueblo Andaluz, como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía, ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por que las ciudades sean inclusivas y sostenibles, lo que incide directamente en la garantía efectiva de diversos derechos de la ciudadanía.

Así, tras promover sendos debates sobre “ciudades inteligentes, ciudades inclusivas” y “ciudades inteligentes, ciudades sostenibles” organiza ahora una nueva jornada para este jueves 25 de mayo sobre “Los gobiernos locales ante la Nueva Agenda Urbana”.

En este nuevo escenario mundial, los gobiernos locales son quienes tienen que implementar la Nueva Agenda Urbana 2030, ya que les corresponde ejecutar en última instancia las políticas sectoriales para hacerla realidad.

La jornada del Defensor del Pueblo Andaluz aborda una mesa redonda “los gobierno locales como tomadores de decisiones en la Agenda Urbana” en la que interviene el consultor internacional Federico Salmerón Escobar, quien participó en la 3º Conferencia de la ONU, Hábitat III, celebrada en Quito en octubre pasado con el objetivo de fijar el lugar de las ciudades en esta Mesa Global. Compartirá la mesa con los catedráticos Esteban Ruiz Ballesteros (de Antropología Social) y Manuel Enrique Figueroa Clemente (de Ecología, también Director de la Oficina de Sostenibilidad) y el Secretario General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, Rafael Márquez Bernal.

Además se celebrarán dos conferencias: “Objetivo 11. Desarrollo Sostenible en la Nueva Agenda urbana” y “Consenso político y participación ciudadana en la cinstrucicón de la ciudad sostenible”, a cargo de Isabela Velázquez Valoria (arquitecta urbanística. Gea 21) y Roberto González Argote (Jefe del área de Sostenibilidad Urbana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz), respectivamente.

            El doble reto de garantizar la calidad ambiental y la lucha contra la exclusión en las ciudades está muy presente en los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible de la nueva Agenda Urbana Mundial 2030, que se marca como uno de ellos: “Conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

 Ello solo es posible si se apuesta decididamente por la ciudad compacta. Es decir, una ciudad planificada que evite la dispersión que da lugar a los barrios dormitorios y a los suburbios que demandan unos grandes gastos energéticos en el transporte y un alto consumo, sin retorno, del suelo no urbanizable.

En segundo lugar, una ciudad inclusiva, en la que toda la población sin discriminación alguna pueda disfrutar libremente de los espacios físicos, políticos y sociales, ejerciendo de igual manera el derecho a una vivienda adecuada y a tener acceso a los bienes y servicios públicos.

Y, en tercer lugar, una ciudad participativa que genere sentido de pertenencia no excluyente, lo que facilitará la cohesión social y un modelo de gobierno local que responda a la idea de codecisión.

En definitiva, un ciudad segura, sin fronteras para la ciudadanía donde los espacios públicos son la clave para construir comunidades plurales y pacíficas, evitando la estigmatización de grupos sociales,

El Ayuntamiento de Almería, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía han aprobado hoy un plan de trabajo interadministrativo y multidisciplinar para la mejora de El Puche, que contará con la participación de su población y el seguimiento de los trabajos por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha impulsado este modelo de intervención integral coordinado en la zona tras la demanda vecinal por las carencias del barrio en materia de educación, salud, vivienda, equipamientos públicos, seguridad, etc…

En julio del pasado año, las tres administraciones, con la garantía del defensor andaluz, aprobaron crear una comisión de coordinación que tras identificar los principales problemas del barrio, han propuesto unos criterios para priorizar las actuaciones conjuntas a realizar y una metodología de este trabajo interadministrativo que contará con la participación del vecindario.

Los retos que se marca esta comisión se engloban en tres grandes bloques: atajar el deterioro del hábitat, invertir el alto nivel de desempleo o empleos marginales en la zona y trabajar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de la población. Para ello, se plantean 3 mesas técnicas de trabajo colectivo de las administraciones y los vecinos, junto con una cuarta mesa encargada de la coordinación de las tres administraciones públicas.

Para cada uno de estos bloques ya se han definido algunas propuestas. Así, la Mesa del Hábitat abarca desde la continuación de los trabajos de reurbanización de Puche Norte y la gestión del parque público de vivienda hasta la definición de planes anuales de control de plagas en el río o la mejora en la recogida de basuras.

En la Mesa de Empleo se ha detectado la necesidad de potenciar prácticas de empresa en los polígonos industriales de la zona, e iniciativas emprendedoras para la puesta en valor de la capacitación artesanal de las distintas culturas.

Precisamente, dar visibilidad a las distintas culturas que viven en el barrio es una de las iniciativas en las que trabaja la Mesa de Vulnerabilidad, junto con otras como potenciar la creación de clubes deportivos o coordinar con las entidades de Tercer Sector programas encaminados a mejorar la gestión familiar, entre otras.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha querido lanzar un mensaje “en positivo” con el ánimo de implicar a los vecinos de El Puche con su barrio y con el propósito de trasladar al vecindario “que todas las administraciones que ya trabajan allí desde hace tiempo se van a coordinar con un único objetivo: mejorar el barrio en todos los sentidos”. Se va a mejorar desde el aspecto social, al urbanístico, pasando por el dotacional y el relacionado con los servicios públicos que allí se prestan. En definitiva, se trata “de mejorar la calidad de vida y la integración de los vecinos en su ciudad”.

“Las diferentes problemáticas de El Puche hay que abordarlas de forma completa, integral, y hacerlo no sólo cada administración desde sus competencias, sino siempre entre todos”, se muestra convencido el regidor.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, ha señalado que en el planteamiento integral del barrio de El Puche “es imprescindible la implicación de todas las administraciones para conseguir entre todos que, independientemente del barrio en que viva cualquier ciudadano, se le ofrezca por parte de las diferentes administraciones las mismas oportunidades”.

Para ello, la Junta va a seguir trabajando poniendo a su disposición de los vecinos las políticas transversales de la Junta en materia de empleo, educación, igualdad, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos.

Finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que el proceso de intervención integral en El Puche está avanzando firme y seguro, y se ha mostrado convencido de este modelo de trabajo coordinado y participado para mejorar las condiciones de vida de El Puche en igualdad de oportunidades. Para Jesús Maeztu, se trata de ir “todos a una, garantizando la eficacia de los programas públicos que se pongan en marcha e integrando en el proceso a los vecinos de la zona”.

Los defensores del Pueblo autonómicos y del Estado han homenajeado hoy a la figura de Juan Relinque, un vecino de Vejer de la Frontera (Cádiz) que en el siglo XVI luchó a favor de sus vecinos contra los abusos y gravámenes impuestos por el Duque de Medina Sidonia, y cuyo esfuerzo permitió que el pueblo conserve todavía hoy unas tierras comunales conocidas como Hazas de Suerte.

El acto ha contado con la presencia de las defensorías autonómicas de País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla León, Canarias, y de la Defensoría estatal; del presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; del alcalde de Vejer, José Ortiz, así como de diputados autonómicos de Cádiz, entre otras autoridades regionales, provinciales y locales.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado en la inauguración de la jornada el perfil biográfico y la actuación de Juan Relinque en su calidad de Síndico procurador, centrada en los quince pleitos contra el Duque de Medina Sidonia. "Si hoy sigue siendo un ejemplo siglos después, eso demuestra que su vida no terminó con la muerte, sino que se transformó, y sigue vigente su compromiso y la consciencia de que estamos en esta vida para ser felices, actuando en paz, libertad y justicia", ha ensalzado Jesús Maeztu.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Duran, ha reivindicado el valor de esta figura "universal" y su esfuerzo en la defensa de lo colectivo, en una época distinta a la que hoy vivimos. Duran ha instado a las instituciones a "construir sobre su legado", al ser Relinque "un héroe local que representa la dignidad de sus vecinos y que ha permitido mantener viva una tradición histórica".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río, ha animado a confiar en la Justicia como hicieron los vecinos de Vejer en su día, "en un contexto muy diferente, cuando no había separación de poderes", enfrentándose a una casa señorial como la de Medina Sidonia.

Con motivo de esta celebración la institución ha editado la publicación Juan Relinque, de Síndico Procurador a Defensor del Pueblo. Un vestigio comunal: Las Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera”, que condensa de forma singular los trabajos y las investigaciones realizadas sobre Juan Relinque, de dos autores vejeriegos experimentados sobre esta figura: Antonio Morillo Crespo y Antonio Muñoz Rodríguez.

Como si de una recreación del mito bíblico de David y Goliat se tratara, su hazaña significó la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso, dejándonos como legado el convencimiento de que nunca es vano luchar por lo que creemos justo y del interés general, aunque tengamos todo en nuestra contra.

El Ayuntamiento de Vejer ha estrenado con motivo de la jornada un vídeo sobre las Hazas de Suerte que formará parte de la candidatura de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a la que ya opta. Vejer cuenta con 232 tierras y Barbate con 124 cuyas rentas son sorteadas cada cuatro años, los bisiestos, entre los vecinos. Es una tradición única en el mundo.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio ante el Ayuntamiento de Motril, a fin de conocer:

• Régimen de protección que ostente en la actualidad el centro histórico de la ciudad de Motril.

• Medidas de carácter urgente que se pretendan adoptar para la identificación o catalogación de los inmuebles susceptibles de contar con un régimen singular de protección y amenazados en su conservación.

• Iniciativas adoptadas para la protección urbanística o cultural de los inmuebles merecedores de tutela.

• Cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa.