La conservación y protección del Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural del Entorno de Doñana es una preocupación constante del Defensor del Pueblo Andaluz, reflejado en las actuaciones realizadas desde la Institución en los últimos años.
El Defensor del Pueblo Estatal mantiene actualmente una estrecha colaboración con nuestra Institución y ha pedido un informe al Instituto Geológico y Minero de España
Hemos pedido que una vez que se firme el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la prórroga de las actuaciones previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, se ajuste la propuesta de Area de Rehabilitación y Renovación Urbana (ARRU) efectuada por el Ayuntamiento de Jerez para las Barriadas de la Constancia y de la Asunción al plazo de conclusión de actuaciones para que obtengan la debida financiación estatal. Dicha propuesta comprende la práctica totalidad de los bloques que, al parecer, tienen daños estructurales graves, habiendo sido diferido solo uno de ellos para la programación de 2019.
En esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha recibido comunicación escrita de los representantes de las organizaciones sindicales Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y de CSIF-Sector de Administración General de la Junta de Andalucía, así como de otras personas en su condición de interesadas en el concurso de traslado de personal funcionario de la Junta de Andalucía convocado el 22 de julio de 2016, en las que manifiestaron su disconformidad con la posible demora en la toma de posesión de los destinos adjudicados a partir de la resolución definitiva del mismo. Dichas quejas se han acumulado a la queja de oficio 17/3875 que se ha iniciado para su tramitación.
Las personas y organizaciones sindicales que se han dirigido a esta Institución, nos han trasladado su disconformidad con la posible decisión de aplazar hasta el día 1 de octubre próximo la toma de posesión de la resolución del concurso de traslado de personal funcionario convocado hace ya un año y que tiene a muchas personas en todo el territorio andaluz pendiente de su resolución, ya de por sí muy retrasada, alegándose para ello, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, que las tomas de posesión podrían afectar a vacaciones o al inicio de curso en los centros docentes
En este sentido, las alegaciones que nos han hecho llegar las personas promotoras de estas quejas coinciden en considerar que el retraso en la resolución de los distintos concursos de méritos, además de implicar un grave perjuicio a la carrera administrativa de los funcionarios públicos que se encuentran desplazados de su provincia de origen, supone una vulneración del derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, reconocido a nivel de Ley Orgánica, para aquéllos que tengan hijos en edad escolar y cambien de provincia o término municipal, que deberían cambiar de centro docente una vez iniciado el curso.
Los retrasos acumulados en la resolución del concurso, en opinión de las organizaciones sindicales que han acudido a esta Institución, estiman que también pudiera afectar igualmente el derecho a la buena administración, reconocido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y al artículo 5 de la Ley 9/2007, especialmente el punto 1.d) del citado artículo, que reconoce el derecho de los ciudadanos a que “sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable”.
Nuestras consideraciones parten del planteamiento de la carrera administrativa como un derecho individual de los empleados públicos, al establecer los artículos 14 y 16 del Estatuto Básico del Empleado Público el derecho de estos “a la progresión en la carrera profesional” y“a la promoción profesional”, lo que incluye el derecho a la promoción mediante el acceso a puestos de trabajo de igual o nivel superior a través de concurso de méritos.
En desarrollo de esa previsión legal, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, regula en el Capítulo III de su Título III el sistema de provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de concurso, estableciéndose en su art. 51.1, como norma general, unos plazos perentorios para su culminación con la toma de posesión de los puestos adjudicados.
Esta Institución, en base a las alegaciones formuladas por las personas promotoras de quejas relacionadas con esta cuestión y al posicionamiento que ha venido manteniendo en relación con los concursos de méritos de personal funcionario en la queja de oficio 14/175, tras valorar la situación planteada en función del régimen jurídico de aplicación, ha procedido a abrir la queja de oficio 17/3685 por las razones antes expuestas.
Dicha queja se ha tramitado ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con la que se han mantenido, dada la urgencia del caso, diversos contactos para mostrar la preocupación de esta Institución ante los perjuicios que pudiera ocasionar al personal funcionario de la Junta de Andalucía participante en estos concursos por la demora injustificada en la toma de posesión de los destinos adjudicados.
El pasado 13 de julio, se nos ha confirmado por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de que, finalmente, la fecha de toma de posesión se fija para el día 1 de septiembre, con lo que consideramos que se evitan los perjuicios que se pudieran derivar de una demora excesiva en la fijación de dicha fecha, quedando garantizados los derechos del personal funcionario de la Junta de Andalucía que ha participado en el concurso de méritos convocado el 22 de julio de 2016.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio interesándose por conocer:
régimen de horarios de visitas establecido para los museos de Málaga, en particular el centro de La Aduana, así como del resto de Andalucía.
disponibilidad para ampliar el régimen horario de apertura diario o de sus jornadas semanales.
Os facilitamos enlace de acceso a la convocatoria de Ayudas al Alquiler de Vivienda 2017, publicado por la Consejería de Fomento y Vivienda.
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Desde el Defensor del Pueblo Andaluz queremos mostrar nuestra tristeza y consternación ante la desaparición de, al menos, 49 inmigrantes en nuestras costas y pedimos que se pongan todos los medios y esfuerzos necesarios para impedir que ocurran estas catastrofes humanitarias.
Una vez más, reiteramos nuestro llamamiento a todos los países miembros de la Unión Europea para que regulen esta situación, con soluciones humanitarias y viables, no sólo en el control de fronteras, sino también a través de los países de origen, evitando que "la gente tenga que emigrar buscando el pan y la subsistencia y, lamentablemente, en muchas ocasiones, terminen siendo objeto de las mafias".
Queremos desde nuestra Institución expresar nuestras condolencias a las víctimas y sus familias. Europa no puede continuar asistiendo impasible al espectáculo macabro de muerte y desesperación en que se ha convertido el Mediterráneo.
Desde hoy, todas las personas que quieran acercarse con su bicicleta a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, sita en la calle Reyes Católicos, 21, en Sevilla, ya disponen de una zona de aparcamiento, instalada por el Ayuntamiento de Sevilla ante la petición de la Institución.
Con esta iniciativa, se facilita el acceso a la Oficina del Defensor mediante el uso de este medio de transporte, que también se puede hacer utilizando el servicio municipal Sevici, que tiene paradas en c/ Reyes Católicos esquina con c/ Zaragoza y en Paseo de Colón, junto al puente de Triana.
El Defensor del Pueblo Andaluz interviene este miércoles, 5 de julio, en el Pleno del Parlamento de Andalucía para presentar el Informe Anual de gestión, correspondiente a 2016.
Un informe del CSIC, requerido a instancias del Defensor tras actuar de oficio, pone de relieve las importantes afecciones que, derivadas de la actividad humana, se están causando en Doñana y la necesidad de analizar el posible riesgo sísmico que se puede generar como consecuencia de la ejecución del gaseoducto.
El Defensor del Pueblo Andaluz urge a evaluar la situación de Doñana y que se adopten las medidas necesarias para su protección.
Tras el reciente incendio que ha asolado a la zona, confía en una pronta evaluación de los daños y las medidas necesarias para paliar sus efectos
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes un informe del CSIC sobre Doñana, que señala una situación preocupante del estado del acuífero y alerta de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los 4 tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gaseoducto no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste.
La Institución andaluza solicitó este informe al CSIC, en marzo, dentro de las actuaciones que viene realizando tras abrir una queja de oficio para conocer la situación de este enclave natural. El pasado 19 de junio, tras su valoración, se lo remitió a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su preocupación por estos hechos y ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los municipios del entorno de Doñana, valore la situación real del acuífero y adopten conjuntamente las medidas que sean necesaria para su protección.
También ha informado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, que actualmente investiga los riesgos de la ejecución del gaseoducto para que, si lo estima oportuno, y dado el contenido del informe, proponga al Ministerio competente, “que valore la conveniencia de suspender el tramo ya en ejecución, de Marisma Occidental, de acuerdo con el principio de precaución”.
Para la Institución Andaluza esta suspensión debería adoptarse definitivamente si de los informes finales se desprende que existe ese riesgo sísmico y de contaminación del acuífero, lo que “podría tener consecuencias muy graves para la protección y conservación del Espacio Natural de Doñana y su biodiversidad”.
Según indica este informe “el hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración de riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de inestabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad”.
Con respecto al acuífero señala, entre otros extremos, que “en distintos informes y publicaciones se viene alertando tanto por investigadores del CSIC como de otras instituciones sobre los descensos continuados que se vienen produciendo desde hace más de tres décadas en las aguas subterráneas del área de Doñana”.
Los investigadores del CSIC que han estudiado la hidrogeología del Parque “describen que, debido a la extracción intensiva de aguas subterráneas durante las últimas décadas, se han producido descensos acumulados de los niveles piezométricos profundos que a su vez conllevan descensos en los niveles freáticos, y tienen como consecuencia la progresiva desaparición de los flujos subterráneos que alimentan el sistema de lagunas de las arenas de Doñana, la disminución de la descarga por rezumes en el contacto arenas-arcillas, la desaparición de las condiciones de surgencia en pozos y sondeos de La Vera, la disminución del flujo de goteo ascendente a través de las arcillas de marisma, y la formación de un cono de depresión piezométrica (y freática) de grandes dimensiones en el sector noreste de la marisma”.
También alertan que sobre “el sistema de lagunas peridunares, donde se localizan las lagunas de mayor entidad de Doñana, se ha producido la reducción del período de inundación hasta llegar a la desecación de las situadas más próximas a la urbanización turística de Matalascañas, que se abastece a través de pozos que captan aguas subterráneas. Así, las lagunas del Brezo y El Charco del Toro, situadas a menos de 800 m de estos pozos, no se inundan significativamente desde 1976 y 1998 respectivamente”.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz urge que se evalúen y despejen las dudas sobre los riesgos que puedan afectar a la conservación de este Parque Nacional y su entorno y que, de todo ello, se mantenga informada a la ciudadanía.
Con independencia de ello, y dado que con posterioridad a esta actuación, justamente en estos días, ha tenido lugar el incendio que ha afectado tanto al entorno, como al Espacio Natural Doñana, esperamos y deseamos que, a la mayor brevedad posible, se puedan evaluar los daños causados y las medidas necesarias para paliar los efectos de este triste siniestro.
Del 15 de junio al 15 de septiembre, el Defensor del Pueblo Andaluz gestionará el certificado digital solo en horario de mañana (de 9 a 14 horas)
Le informamos que durante ese periodo, en horario de tarde, existen otros registros que podrán realizar la acreditación. Consúltelos en los siguientes enlaces:
Instituto Andaluz de Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Servicio Andaluz de Salud (Consejería de Salud)
Consejería de Turismo y Deporte
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
Disculpen las molestias.
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