El profesor Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, ha recibido hoy un homenaje de la Universidad de Sevilla en un acto celebrado en el Paraninfo de la institución hispalense. Al mismo han acudido el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, entre otras personalidades académicas.

En su intervención, Jesús Maeztu ha señalado como primera marca en su trayectoria de más de cincuenta años de servicio público la influencia de su madre, maestra en Medina Sidonia, y en segundo lugar de la Universidad Pontificia de Salamanca, adonde completó su formación universitaria tras obtener el mejor expediente en el seminario de Cádiz, ya ordenado sacerdote. Sumergido en las corrientes intelectuales de la década de los 60 “aterricé con 25 años en la barriada de Cerro del Moro de Cádiz, una tercera marca imborrable que determinó definitivamente mi sentido de la vida y mi trayectoria de servicio público con preferencia hacia los más vulnerables”, ha señalado.

Tras una década en el barrio y con el fin de asesorar legalmente a los vecinos, Jesús Maeztu estudió Derecho del Trabajo, primero en Jerez y a continuación en la Universidad de Sevilla, la cuarta marca de su carrera. “Necesitaba formación. Adquirir las herramientas necesarias para una buena gestión de los conflictos. Y el derecho del trabajo venía al pelo porque la desigualdad entre el mundo del trabajo y el de los empresarios es la base de esta disciplina”, ha comentado el profesor.

Esta etapa coincide con el periodo de transición democrática y la coincidencia con compañeros de departamento y referentes como el profesor Miguel Rodríguez-Piñero, quien le encargó la creación de una Escuela de Relaciones Laborales dependiente de la Universidad de Sevilla, una labor en la que ha recordado el trabajo del ex rector Miguel Florencio y que años más tarde derivó en la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

En la década de los 90, Maeztu se incorporó como adjunto al primer Defensor del Pueblo andaluz, Manuel Conde-Pumpido, e inició una relación con esta Institución en la que ejerció como Defensor entre 1994 y 1996 y que interrumpió para volver a la Universidad y para hacerse cargo como primer comisionado para la transformación del barrio del Polígono Sur en Sevilla. Una década más tarde volvió a la Defensoría como titular, con un primer mandato en 2013, prorrogado en 2019 y que mantiene en la actualidad.

“La Defensoría marca mi trayectoria. He vivido estos dos mandatos con pasión y entrega para mejorar la vida de los ciudadanos, con especial referencia a los más vulnerables”, ha señalado Maeztu.

Como profesor -ejercicio al que ha dedicado más de la mitad de su trayectoria profesional- ha llamado la atención sobre la necesidad de apostar por una universidad “como un lugar público, de educación de calidad, en la que se promueva el desarrollo integral y se aliente el pensamiento crítico”. “Una Universidad a la que sobre todo lleguen todos y todas, especialmente a quienes menos se les espera, ya que necesitamos una sociedad formada, crítica y comprometida con su tiempo para hacer frente a todos los retos globales que se nos vienen y ello pasa por que nuestros y nuestras jóvenes pasen por estas Instituciones, al tiempo que éstas no pierdan su vocación de servicio público, calidad e integridad”, ha finalizado Maeztu.

En el acto de reconocimiento, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha destacado que "la Universidad supone una página crucial para ser quien es Jesús Maeztu", a quien ha mostrado su agradecimiento por mejorar la vida de la ciudadanía en los barrios vulnerables. "Jesús es un persona que deja huella, aporta su trabajo y deja un legado valioso para las futuras generaciones", ha subrayado Castro, que por último ha agradecido su labor como Defensor para mejorar la vida de las personas.

Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, alabó el compromiso del profesor y ha subrayado el objetivo compartido de la Universidad de que "nadie se quede atrás y que la universidad sea un ascensor de calidad". Oliva ha agradecido el apoyo de Maeztu a la residencia Flora Tristán, un iniciativa pionera única, y en este sentido ha demandado a los poderes públicos medidas para facilitar alojamientos asequibles.  

Por su parte el profesor y ex presidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero, en un mensaje grabado, ha destacado la evolución de la vocación social del derecho y ha señalado que Jesús Maeztu "ha sido en buena parte un trabajador social; se ha ocupado mucho y muy bien de los excluidos, desde su época gaditana a su actividad en el polígono sur de Sevilla, y también en la actividad como Defensor del Pueblo andaluz".

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para interesarse por la atención sanitaria para el alumnado con necesidades especiales debido a sus patologías crónicas o de cuidados paliativos. En esta actuación, el Defensor se hace eco de los problemas que afectan a familias andaluzas al no disponer los centros educativos donde se encuentran escolarizados sus hijos de un profesional de la enfermería.

El Defensor ha trasladado que esta actuación enlaza con otras anteriores en las que se ha interesado por la aplicación del protocolo para el alumnado con enfermedades crónicas o raras y a la sugerencia de que se promueva la regulación de la figura de enfermería escolar en los centros específicos de educación especial.

Tiene su origen en las familias que aseguran que "sólo piden derechos para sus hijos". Coinciden en que no se separan de la puerta del colegio o alrededores en las horas lectivas. También insisten en que sus hijos e hijas no necesitan un aula específica, sino "adaptación específica", tal y como lo indican los informes médicos. Aunque tienen apoyos y asistencias de fundaciones y asociaciones en esta lucha, han decidido unirse para hacer más fuerza y conseguir esta atención no sólo para sus hijos, sino para que en el futuro no le pase a ningún niño o niña más.

En medios de comunicación los familiares han señalado que, tras las matriculaciones de junio, han iniciado una campaña de visibilización para que en el próximo curso no se vean de nuevo sin asistencia. Reclaman un enfermero escolar, "no una PTIS porque no es su función", además de "contratos estables para profesionales de enfermería, que no cambien cada trimestre, desconociendo los casos de niños con situaciones muy delicadas". El colectivo de padres asegura que el 90% de los menores que necesitan este recurso sanitario están escolarizados en Educación Primaria y que "sólo cuatro disponen de un enfermero escolar y los recursos necesarios para llevar una vida normal dentro del colegio, después de una desesperada lucha de las familias".

El Defensor ha decidido emprender, de oficio, una actuación en garantía de los derechos de estos menores. En concreto, la Defensoría ha preguntado por el diseño de apoyos que disponen estos alumnos respecto a las atenciones sanitarias que están dispuestas en los centros educativos y su coordinación con las respuestas educativas que tienen dictaminadas los menores.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza el martes 17 y miércoles 18 de septiembre a la comarca del Condado de Huelva, donde atenderá presencialmente a la ciudadanía en Almonte.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

En este desplazamiento la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos y vecinas de Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa.

Lo hará en el Centro para la Igualdad y Bienestar Social María Zambrano de Almonte, en la calle Cervantes número 12, en horario de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas el martes 17 y de 09:30 a 14:00 el miércoles 18.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter. Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de carácter social y con los Servicios Sociales Comunitarios de la comarca.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio para tener mayor conocimiento en relación a los Lugares y los Senderos de Memoria Democrática en Andalucía. La consulta se dirige ante la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, si bien de forma previa ha considerado procedente realizar una consulta a distintas Entidades Memorialistas de las diferentes provincias con objeto de solicitarles una información previas sobre la cuestión.

El Defensor ha advertido que, si en estos momentos visitamos la página web de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, consejería que tiene atribuida las competencias en esta materia, podemos acceder al catálogo digital de Lugares de Memoria Histórica en Andalucía, una página web puesta en marcha el 9 de mayo de 2017 con 50 referencias repartidas por las ocho provincias, pero que a pesar de indicarse que irá incorporando nuevas inscripciones, continúan catalogadas las mismas 50 referencias.

Además de la información en esta web, el Defensor ha conocido menciones de corporaciones locales en las distintas quejas de oficio iniciadas por esta Defensoría en relación a la eliminación de elementos aún no retirados contrarios a la memoria histórica y democrática de Andalucía en las distintas provincias.

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía articula la previsión de medidas de fomento y puesta en valor de estos Lugares y Senderos y su adecuada interpretación y difusión, en relación con los mismos. Por ello el Defensor ha iniciado esta actuación con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio sobre las causas que afectan a la información, el acceso y el registro de la Declaración de Voluntad Vital Anticipada.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha decidido intervenir tras recibir varias quejas de personas que están teniendo dificultades para obtener una cita para otorgar dicha Declaración, siendo especialmente grave en los casos de personas que a causa de su naturaleza degenerativa comprometen su capacidad de manifestar libremente su voluntad. A esta demora en obtener cita se unen otras dificultades, entre ellas, que a muchas de las personas le están dando cita en otras provincias, con la dificultad que tienen de desplazarse sobre todo en los casos de personas en situación clínica terminal o con patologías invalidantes.

En general, la problemática denunciada abarca desde el inicio del proceso, en cuanto a la propia información facilitada por la Administración, que no está actualizada, hasta su finalización, con el otorgamiento y registro del propio documento de la Declaración de Voluntad Vital Anticipada.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha visitado este jueves el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, dentro de su trabajo de colaboración y coordinación con Instituciones Penitenciarias para conocer los proyectos y programas de políticas de reinserción y atención que se están llevando a cabo con la población reclusa.

En su visita, el Defensor ha estado acompañado por el director del centro penitenciario, Miguel Angel Valdivia, y la Fiscal Delegada de Protección y Tutela de víctimas en el proceso penal, Ana María Linares, con quienes ha podido conocer in situ algunos de los talleres de responsabilización y reparación del daño que se celebran en el centro y algunos de los proyectos que se llevan a cabo, como por ejemplo el programa educativo, donde este curso pasado ha participado un 80 por cierto de la población reclusa, de 798 personas presas, con un grado de aprobación de más del 80 por cierto de los inscritos, distribuidos entre las diferentes modalidades educativas que se han ofertado.

En concreto, el director del centro penitenciario ha explicado la decena de líneas de trabajo que el centro tiene en marcha en materia educativa en el curso 2023-2024, entre las que ha destacado el trabajo para incentivar la apertura a la sociedad del Centro Educativo permanente de Retamar, que está ubicado en el interior de la prisión, con actuaciones dirigidas a desestigmatizar a la población reclusa, a través del contacto directo, el conocimiento de la prisión, sus dependencias y funcionamiento. U otras acciones para impulsar que obtengan la titulación en graduado en secundaria, en competencias digitales, etcétera.

Además de este proyecto educativo, el centro imparte más de una veintena de programas destinados a la prevención del suicidio, alcoholismo, enfermedad mental, discapacidad, etcétera donde cuenta con la colaboración de una decena de entidades sociales que trabajan con la población.

Esta visita forma parte de la ronda de encuentros que el Defensor está manteniendo por los centros penitenciarios de Andalucía. Así, en los últimos dos años, ha visitado los centros de Jaén, Córdoba, Huelva, y el Hospital Psiquiátrico de Sevilla, atendiendo a la necesidad de conocer la distinta problemática trasladada en las quejas de quienes se encontraban privados de libertad, sobre todo en temas como la sanidad primaria, la discapacidad, con especial atención a la sensorial y a las valoraciones de grado, los recursos educativos prestados por la Junta de Andalucía, y los talleres de formación que tengan en marcha.

En cada uno de ellos ha mantenido reuniones para analizar los distintos recursos que se implementan en estos centros y conocer con más detalle la labor de los profesionales que intervienen con la población reclusa, los retos y dificultades a los que tienen que enfrentarse en su trabajo, así como buenas prácticas de referencia.

Desde la Defensoría siempre se ha considerado que una buena implementación de estos recursos necesita de un trabajo colaborativo, tanto entre quienes están en el centro penitenciario como con el resto de administraciones y la colaboración de asociaciones del Tercer Sector que trabajan con programas de reinserción destinados a la población presa.

En el caso de la visita al centro almeriense, el Defensor ha destacado el compromiso de todo el equipo profesional que trabaja en estas dependencias, con su director a la cabeza, y con la implicación y compromiso de la Fiscal almeriense.

El Defensor del Pueblo Andaluz se suma a la campaña “La Tolerancia apaga el odio”, que organiza la asociación Movimiento contra la Intolerancia, cada 22 de julio, en conmemoración del DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ODIO proclamado por el Consejo de Europa, en recuerdo de las víctimas del crimen de odio terrorista de Oslo y Utoya, y a su vez, de todas las víctimas de la intolerancia criminal y los delitos de odio.

Como cada año -esta es su cuarta edición- el Defensor andaluz se ha adherido al manifiesto “Por una ley integral contra los delitos de odio y la protección universal de las víctimas”, con objeto de abordar esta problemática desde la prevención hasta la sanción y la asistencia integral a las personas víctimas de la intolerancia criminal.

Desde un enfoque universal de los Derechos Humanos, desde la perspectiva de la víctima y de la protección de la dignidad intrínseca de la persona, los crímenes o delitos de odio hacen referencia a toda acción criminal motivada por intolerancia al diferente (xenofobia, racismo, antisemitismo, disfobia, de intolerancia hacia religiones y convicciones, misoginia y sexismo, homofobia y transfobia, antigitanismo, edadismo, ultranacionalismo, fanatismo ideológico, y de otras expresiones de intolerancia, incluidas hacia el aspecto físico, realidad genética, salud mental, lengua, origen territorial...)

Manifiesto por el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio

#22JLPorTodasLasVictimas

#LaToleranciaApagaElOdio

#MovimientocontralaIntolerancia

#ProteccionUniversalContraDelitosDeOdio

#DíaEuropeodelasVictimasdeCrimenesdeOdio

El Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado hoy el informe de la gestión realizada en el año 2023 ante la Comisión parlamentaria específica sobre políticas para la protección de la infancia en nuestra Comunidad Autónoma.

En su exposición, Jesús Maeztu ha recordado que la Institución de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia ha cumplido 25 años, una efemérides ha coincidido con el 40 aniversario del Defensor del Pueblo andaluz. Y ha vuelto a insistir en la necesidad de atender a los niños y niñas, menores, migrantes y sin referencias familiares, primando el interés superior del menor: “no es una protección voluntaria, es obligada, porque así lo establece la legislación nacional e internacional”, ha recordado.

En cuanto a los temas principales, el Defensor andaluz ha puesto el acento este año 2023 en la infancia en situación de riesgo. Situaciones que, en principio, no alcanzan la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo pero si es preciso la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

Durante su investigación, la Defensoría ha detectado que las medidas preventivas no siempre son suficientes o, en su caso, no llegan a todas las personas menores de edad y familias que las demandan. En otras ocasiones, no se identifican con las verdaderas necesidades de las personas afectadas; o, incluso, el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor que conlleva su separación de la familia, con el coste emocional, social e incluso económico que de ello se deriva.

También comprobamos las demoras de las administraciones locales en la formalización del abordaje de las situaciones de riesgo y la insuficiencia de recursos personales, entre otras carencias.

Ante esta situación, el Defensor de la Infancia y Adolescencia, Jesús Maeztu, ha propuesto una quincena de recomendaciones, entre las que destacan: un Registro de declaraciones de riesgo para este colectivo; aumento de la inversión orientadas a la permanencia del niño o niña en su entorno familiar, siempre que ello responda al interés superior del menor; formación de los profesionales y un protocolo de detección.

En relación a otros temas, el Defensor ha incidido ante la comisión parlamentaria en las principales problemáticas que recoge el informe de 2023 como resultado de las demandas ciudadanas: situaciones de violencia en la infancia, salud y educación.

El Defensor ha mostrado su preocupación por la violencia hacia la infancia, sobre todo en las víctimas de la violencia vicaria y los menores huérfanos de violencia de género. También en temas de educación, donde ha vuelto a incidir en la necesidad de apostar por una educación inclusiva con más inversión para ello, y en la lucha contra el abandono escolar. Finalmente, en materia de salud ha insistido en dos grandes problemáticas: la salud mental en la infancia y adolescencia, y la falta de pediatras en atención primaria, sobre todo en ciertas zonas de la geografía .

En cuanto al número total de actuaciones tramitadas en 2023 se ha elevado a 5.728, lo que representa un 15% más que en 2022, de las cuales 2.762 se refieren a quejas y 2.966 a consultas.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha participado hoy en el Parlamento en la conmemoración del 10º aniversario de la Ley 2/2014 de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

El Defensor andaluz ha mostrado su apoyo a la celebración de esta efemérides y ha recordado "el derecho de las personas transexuales en Andalucía a vivir en en plenitud su identidad de género", además de reclamar de las administraciones públicas su obligación para hacerlo posible.

La Institución viene trabajando en el reconocimiento de este derecho desde diferentes enfoques, si bien, el mayor número de quejas se refieren a las dilaciones en el sistema sanitario público, sobre todo, para las intervenciones dirigidas a la reasignación de sexo. Ante ello, el Defensor ha pedido una planificación que ponga fin a estas demoras.

Durante su intervención, Jesús Maeztu ha puesto en valor el espíritu con el que nació esta ley, hace ahora diez años, reclamando que no se olvide e impregne todas las acciones dirigidas a hacer efectivo los derechos de las personas transexuales en Andalucía. "La ley, cuyo aniversario nos reúne hoy, fue un ejemplo singular de consensos y de unión de voluntades a lo largo de su tramitación. Bueno es tenerlo presente y continuar por ese camino", ha dicho el defensor.