Desde el mes de Mayo de 2011 hemos venido teniendo conocimiento a través de los medios de comunicación social, de la localización en determinadas zonas de la costa andaluza, principalmente de las provincias de Granada y en menor medida Cádiz, de la interceptación de pateras con inmigrantes, algunos de los cuales eran menores de edad.

Estas prácticas han supuesto un notable incremento del número de menores de edad en Andalucía que se encuentran en situación de desamparo por carecer de personas adultas que puedan hacerse cargo de atender sus necesidades. Consiguientemente estos niños han debido quedar a disposición del Ente Público de Protección de Menores, siendo albergados en los recursos residenciales disponibles para su guarda y custodia en tanto se averigua su identidad, procedencia y vínculos familiares con vistas a su reagrupamiento familiar o bien a su tutela por parte de la Administración.

En este contexto, la Defensoría ha incoado de oficio, distintos expedientes con el propósito de evaluar la atención dispensada a este grupo de menores -en situación de riesgo- por parte del Ente Público de Protección.

Los datos aportados por las distintas Delegaciones Provinciales, tras la petición de informe por la Defensoría, señalan que tras la puesta a disposición del Ente Público de Protección de algún menor inmigrante no acompañado se inician las actuaciones habituales con los mismos que incluyen, además de su documentación y la localización de sus familiares, el proceso de integración social y educativa en su entorno.

Se indica, además, que a pesar de ser importante el número de menores no acompañados, también es significativo el de aquellos que acceden de forma irregular a nuestro país junto con sus padres o familiares, y respecto de los cuales no corresponde aplicar el protocolo de menores no acompañados.

Esta información corrobora la consolidada corriente migratoria desde regiones del norte de África hacia la Península Ibérica, siendo más frecuente la localización de embarcaciones de inmigrantes irregulares en los meses de verano.

En la mayoría de los casos, los menores que no fueron reagrupados con su familia, una vez correctamente identificados, si fueron objeto del correspondiente expediente para su declaración de desamparo y asunción de su tutela conforme a la Ley.

Tras valorar las circunstancias que acontecían en cada supuesto, se procede al cierre del expediente, sin perjuicio de que se pueda acordar su reapertura en caso de tener conocimiento de algún incidente que se pueda llegar a producir en la fase de averiguación de las circunstancias familiares de los menores en los procesos de regularización de los mismos.

Ver documento

Los medios de comunicación se hicieron eco de la alta ocupación de los centros de protección de menores en la provincia de Almería, siendo así que esta situación se habría producido como consecuencia de un incremento en las medidas de protección acordadas por la Administración así como por una disminución en las familias dispuestas a colaborar con la Administración en el acogimiento familiar.

En noticias de prensa se alerta acerca del casi lleno en los centros de protección de menores de dicha provincia, situación que se podría ver agravada en los próximos meses ante la previsible llegada de menores inmigrantes, a semejanza de lo ocurrido en años anteriores.

También se alude a que la disminución de familias de acogida puede ser consecuencia de la crisis económica en que nos hallamos inmersos, siendo la crisis también el motivo por el cual se está produciendo un creciente incremento de las resoluciones de desamparo en los últimos años, con la consecuente asunción de tutelas por parte de la Administración.

Por todo lo expuesto se ha decidido iniciar, de oficio, un expediente de queja sobre dicha cuestión.

La Administración que Almería ha tenido un ligero incremento de tutelas, propiciado éste sesgo por la presión migratoria que afecta de manera especial a dicha provincia, por lo que se procura en primer lugar su distribución proporcionada entre los centros de protección disponibles en la provincia y, en casos excepcionales, si procuran soluciones de emergencia.

Por último, se señala que no existen datos fiables que permitan concluir un incidencia destacada de la actual crisis económica en el número de familias dispuestas para el acogimiento familiar, dándose la paradoja de que en los últimos años se ha producido un constante -aunque leve- incremento del número de familias declaradas idóneas para el acogimiento familiar, por lo cual se siguen promoviendo actuaciones para concienciar a la sociedad de la importancia de esta colaboración solidaria con el Ente Público de Protección.

Así las cosas, tras valorar el contenido de la información se procedió al cierre y archivo del expediente de queja.

Esta Institución ha tenido constancia a través de noticias aparecidas en distintos medios de comunicación de la decisión adoptada por la Diputación Provincial de Cádiz de proceder al cierre de un centro de protección de menores de Puerto Real, de titularidad de dicha Administración Local, como consecuencia de problemas financieros derivados de retrasos en los pagos del convenio con la Junta de Andalucía.

Según las crónicas periodísticas, la decisión afecta a 11 menores residentes en el centro, algunos de los cuales llevaban residiendo allí durante un período muy prolongado, ello a pesar de que el encargo institucional venía referido a funciones de acogida inmediata.

También se alude a la posible separación de hermanos, toda vez que la reubicación de los niños se iba a realizar de forma prioritaria con familias de acogida, siendo así que esta opción conllevaba la separación de convivencia entre hermanos al no poder coincidir con la misma familia.

Con todo lo expuesto, se ha decidido iniciar, de oficio, un expediente de queja sobre dicha cuestión.

CONCLUSIÓN

La Delegación Territorial nos informó que la conclusión del convenio con el referido centro en ningún caso obedeció a problemas financieros sino que respondía a la política emprendida por la Administración Autonómica de sustitución progresiva de plazas de acogimiento residencial de menores de corta edad por acogimientos familiares para dicha finalidad.

Añadía que dicha política se inició años atrás, siendo así que en agosto de 2010 se eliminaron del convenio con el centro plazas destinadas a recién nacidos, pasado el convenio de 24 a 12 plazas. Así mismo, en consonancia con dicha decisión política se elevó la edad mínima de los menores que residirían en dicho centro, pasando de los 8 del primer convenio a los 10 años fijados para el último.

También señalaba que a lo largo del ejercicio 2011 y gracias al incremento de familias declaradas idóneas por la Administración para su inclusión en el programa de acogimiento familiar de menores, en sus modalidades de simple y urgente, se procedió a la sustitución de las plazas de acogimiento residencial del centro por medidas de acogimiento familiar.

Y en lo que respecta a las medidas adoptadas para evitar daños innecesarios a los menores internos en el centro, la Delegación Territorial pone de manifiesto que se estudiaron las diferentes opciones para cada uno de ellos teniendo en cuenta su escolarización como las opciones tutelares más beneficiosas, acordes con su situación personal: Así 3 hermanos prosiguieron en acogimiento residencial en otro centro de distinta provincia; 3 hermanas quedaron en acogimiento preadoptivo con la misma familia; de otro grupo de 3 hermanos, 2 de ellos fueron acogidos por los abuelos paternos y el otro, de distinto padre, quedó en acogimiento preadoptivo con otra familia; y de otras 2 hermanas cada una fue acogida por distinta familia extensa, al resultar inviables los intentos realizados para que fuesen acogidas en el mismo núcleo familiar.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Cádiz nos remitió un informe en el que se recalcaba el importante trabajo social que se vino realizando en el centro, y en lo referente al personal nos informaron de la continuidad en el empleo de todos los trabajadores, siendo reubicados en distintos servicios de la Administración Provincial.

Tras evaluar la información de que disponemos en el expediente consideramos procedente su cierre y archivo al no apreciar ninguna irregularidad por parte de la Administración.

Ver documento

Pudimos leer en la prensa escrita numerosas noticias que hacían referencia a la dramática situación en la que se encuentra el colectivo de Centros de Educación Infantil que mantienen convenios con la Junta de Andalucía, situación que podría dar lugar a que muchos de ellos procedieran a su cierre los próximos meses.

Así las cosas, los responsables de las guarderías concertadas de cada una de las provincias andaluzas, están llevando a cabo una campaña de recogida de firmas de los padres y madres en señal de apoyo al colectivo, advirtiendo de que, de continuar los impagos, no tendrán más remedio que adoptar la drástica medida de cerrar.

Por esta razón, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, estimamos necesario, proceder a incoar expediente de oficio al objeto de poder conocer con mayor profundidad la cuestión analizada y, en su caso, requerir a la Administración competente para que adopten las medidas oportunas en orden a su resolución.

CONCLUSIÓN

De lo informado tanto por la Consejería de Educación, como de las respectivas Delegaciones Territoriales preguntadas, conocimos la confirmación de los pagos, por lo que podía considerarse que en el mes de Diciembre se estaba al corriente de los mismos, información que, a su vez, nos fue corroborada por algunos de los interesados.

ver documento

Hemos tenido conocimiento, a través de una crónica periodística, de la situación por la que atraviesan seis centros concertados de la provincia de Granada, en los que según parece, se van a suprimir algunas unidades en pleno curso escolar.

Según se denuncia en dicho reportaje por parte de las Asociaciones Patronales CECE y Escuelas Católicas, la intención de la Consejería de Educación es cerrar un total de 13 unidades de seis colegios concertados de la provincia, una situación que se producirá a mitad del curso escolar 2012-2013, con el consiguiente perjuicio que esta medida ocasionará al alumnado de dichos centros, y que obligará a despedir a unos 16 profesores. Estos colegios están conociendo por carta la intención de la Administración educativa, que basa su decisión en la baja ratio que tienen dichas unidades.

Con dicha medida los centros referidos muestran su total disconformidad, principalmente por entender que estas decisiones no se pueden adoptar con vistas al segundo trimestre del curso, ya que el número de la ratio era conocida por la Administración de antemano, y podría haber tomado decisiones antes del inicio del presente curso, o bien dejarlo ya para la negociación de la renovación de los conciertos prevista para el próximo año.

Por otra parte, alegan que los centros descritos están ubicados en zonas donde muchos de sus alumnos tienen necesidades especificas de apoyo por riesgo de exclusión social, por lo que estiman que no debería aplicárseles la misma exigencia de ratio que a otros centros concertados. Asimismo consideran que son más las consecuencias educativas que el ahorro que pueda suponer la medida, por lo que entienden que por todas estas razones habría que reconsiderarla.

Se inicia una investigación de oficio ante la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Granada

CONCLUSIÓN

20/02/2013

En el informe recibido de la Administración, no se observa en este momento la existencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa de la Consejería de Educación que, según se desprende de lo informado, se está limitando a llevar a la práctica lo dispuesto en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, habiéndose iniciado un expediente para la posible modificación de los Conciertos Educativos suscritos con una serie de centros concertados.

Es más, nos congratula comprobar que es intención de la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación que la posible modificación de dichos conciertos sea la menor posible