La población de niñas, niños y adolescentes que no asiste a las escuelas debido al COVID-19 es histórica para toda Iberoamérica. Los Estados Nacionales de todo el mundo han cerrado las instituciones educativas ante la emergencia sanitaria, como medida para contener la propagación del virus. No obstante, las políticas educativas de los países buscaron resguardar la continuidad pedagógica, aun sin asistencia a las aulas.

Habiendo transcurrido este año, con la inesperada experiencia de una pandemia en la posmodernidad, es tiempo de analizar lo acontecido, evaluar y planificar de modo flexible para la educación por venir.

Los sistemas educativos deben garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, según el compromiso asumido con el ODS 4 y la Agenda Educación 2030. Las lecciones aprendidas durante este período deberán posibilitar el desarrollo de un planeamiento educativo capaz de reducir el impacto social de la crisis vivida y preparar sus sistemas para futuras crisis.

Con motivo de la pandemia, la educación formal y no formal de niñas, niños y adolescentes comenzó a impartirse de manera remota y por medios virtuales. Sin embargo, según un informe de UNICEF, un tercio de la población mundial de niñas, niños y adolescentes en edad escolar no tuvo acceso a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas.
Las propuestas de educación a distancia no lograron llegar a la totalidad de estudiantes; afectando el derecho a la educación principalmente de las niñas, niños, adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, económica. Esta modalidad de educación se ha realizado sin salvar un obstáculo previo: la brecha digital producto de las desigualdades socioeconómicas del alumnado más desfavorecido. El confinamiento y la suspensión de la actividad docente presencial han agudizado la segregación educativa previa a la pandemia, así como las desigualdades que ya existían con la infancia y adolescencia más vulnerable.

Tal como manifiesta el informe de UNICEF para América Latina y el Caribe se trata de una catástrofe generacional que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto. La interrupción del aprendizaje y la deserción escolar son preocupantes, porque cuanto más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, más difícil será que retornen a ellas la población más vulnerable.  

Cabe destacar que para muchas infancias y adolescencias la pérdida de contacto con las escuelas no solo ha afectado a su derecho a la educación, sino también a sus tiempos entre pares, sus rutinas cotidianas importantes para el buen desarrollo y sus vínculos con referentes capaces de intervenir ante riesgos o consecuencias de ser víctimas de violencias que el confinamiento ha incrementado. Es decir, el cierre prolongado de los establecimientos educativos por la pandemia está afectando al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes; fundamentalmente -y como toda crisisa quienes se encuentren en contextos vulnerables.

Por ello, proponemos a las autoridades nacionales y subnacionales de Educación de los países que formamos parte de esta Red de Niñez y Adolescencia:

1) Otorgar prioridad a la planificación flexible del retorno seguro a las escuelas y la continuidad pedagógica 2021, priorizando como argumento central al Interés Superior del Niño.

2) Tomar esta crisis como oportunidad para innovar y repensar a la educación en su capacidad para restaurar las desigualdades y prepararnos mejor para futuras emergencias.

3) Trabajar para eliminar la brecha digital que afecta a la población infantil más vulnerable, propiciando la alfabetización digital en el mundo educativo que capacite a la comunidad
educativa para obtener de las TICs su máximo potencial.

4) Solicitar el acompañamiento de todo el Sistema de Protección Integral a la labor de las escuelas, para la óptima contención de las niñas, niños y adolescentes y las posibles marcas
de traumas que les ha dejado la pandemia. 

5) Generar estrategias que contribuyan a evitar la deserción escolar de las infancias y adolescencias a causa de crisis económicas en los entornos familiares con motivo de la contingencia sanitaria, así como por discriminación de género.

6) Fortalecer los entornos escolares en estructura física, tecnológica y de personal capacitado que permita implementar y ejecutar modelos educativos híbridos para el retorno seguro de las infancias y adolescencias a las escuelas y en su caso para futuras emergencias, asegurando con ello, el derecho a una educación de calidad.

17 de diciembre de 2020.

Las exigencias administrativas para las renovaciones de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados que alcanzan la mayoría de edad han venido a dificultar la situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Este endurecimiento de los criterios comenzados a exigir por algunas Oficinas de Extranjería, que tiene su fundamento en varios pronunciamientos judiciales, nos preocupa como instituciones garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía. Consideramos que se está vulnerando el principio del interés superior del menor al que están obligadas las administraciones públicas y contraviene las obligaciones de proteger a los jóvenes ex tutelados que contemplan la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Ley de Protección Jurídica del Menor.

Dichos criterios se concretan en la exigencia a los jóvenes solicitantes de la primera renovación de la autorización de residencia de disponer de recursos económicos propios, tras perder el amparo de la Entidad Publica. Estos nuevos criterios restrictivos niegan la existencia de recursos económicos propios cuando el joven tenga sus necesidades cubiertas por un centro asistencial o cuando sea beneficiario de una prestación asistencial. Cuando se tramitan la segunda y posteriores renovaciones, las Oficinas de Extranjería exigen que el joven acredite unos ingresos del 400 por 100 del Iprem (2.100 euros mensuales). Exigir a un joven en esta especial situación de vulnerabilidad semejantes requisitos de solvencia económica les impide normalizar su residencia y propiciará su exclusión social y laboral.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a consulta pública la elaboración de un proyecto normativo por el que modificará el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

En las 34 Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo celebradas en Andalucía en octubre de 2019, los defensores autonómicos y el Defensor estatal recomendaron la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería para que se elimine la interpretación restrictiva que limita el derecho de los menores extranjeros a obtener la autorización de residencia. La llamada Declaración de Tarifa, promulgada en dichas Jornadas, recoge en su punto número 9: “Demandamos la elaboración de planes de atención a jóvenes extutelados para evitar que su protección quede interrumpida automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, y puedan caer en la marginación y exclusión social”.

Las Defensorías del Pueblo autonómicas nos adherimos a la recomendación elevada por el Defensor del Pueblo de España al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adecuar los requisitos exigidos para la renovación de la autorización de residencia a los jóvenes ex tutelados. Compartimos la necesidad de modificar los articulos 196, 197 y 198 del Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería para su adaptación a la Ley de Protección Jurídica del Menor y a los criterios de la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Los firmantes de la adhesión objeto de este comunicado son el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Síndic de Greuges de Cataluña, Valedora do Pobo Gallego, Diputado del Común de Canarias, Ararteko, Justicia de Aragón, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Procurador del Común de Castilla y León, y Defensor del Pueblo de Navarra.

Jesús Maeztu señala sobre la atención a las personas mayores en las residencias que "pasan los meses y no veo que se esté haciendo algo para cambiar esta estructura, este modelo de atención caduco e injusto"

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy las administraciones más coordinación y una alianza desde la responsabilidad que permita superar las consecuencias que está dejando la pandemia por COVID-19, ante lo que ha sostenido que “no es el momento para los reproches”.

En comparecencia en la comisión de Salud y Familias para la presentación del Informe especial Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia elaborado por la Institución, basado en las quejas y consultas que ha presentado la ciudadanía en la primera ola de la pandemia, con más de 5.000 expedientes solo relacionados con la COVID gestionados durante este periodo (1.602 quejas y 3.474 consultas).

Jesús Maeztu ha reseñado cuáles fueron los principales problemas de los andaluces y andaluzas en esta primera fase de la pandemia. Por una parte, la ciudadanía transmitió su desprotección, o su desamparo, por parte de la Administración, por no conseguir ser atendidas por teléfono, ni recibir respuesta a los correos electrónicos enviados. La Institución llevó a cabo un coordinación en la información sobre recursos públicos disponibles, una tarea que para el Defensor deben acometer sin demora las administraciones públicas.

En segundo lugar, la Institución se preocupó por los colectivos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. “El coronavirus ha supuesto un espejo que nos ha vuelto a mostrar la cara más fea de la desigualdad. Ha ilustrado, con muertos e incidencias por contagios, que la desigualdad, la precariedad, la pobreza, mata”, ha afirmado Jesús Maeztu.

En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado la especial preocupación de la Institución por las residencias de mayores, donde se han producido la mitad de las muertes por COVID. “Ahí es donde se ha concentrado el dolor, el miedo, las muertes de personas en soledad, la falta de profesionales preparados, la ausencia de políticas de envejecimiento activo que hagan confortables estos lugares que, a veces, son concebidos como meros aparcamientos de personas mayores… Pasan los meses y no veo que se esté haciendo algo para cambiar esta estructura, este modelo de atención caduco e injusto con las personas que a lo largo de su vida han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad”. El Defensor del Pueblo andaluz ha ofrecido su colaboración para "mejorar y cambiar en lo que sea necesario" el modelo de las residencias de mayores en Andalucía, lo que la Institución ha comenzado a hacer en reuniones en Andalucía oriental, en concreto, en Almería.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado las quejas ciudadanas en atención primaria que denunciaban inaccesibilidad e inoperatividad, luego incrementada al tener que hacerse cargo este nivel de la atención por la COVID (diagnóstico, rastreadores...). En cuanto a la atención especializada, el Defensor del Pueblo andaluz ha mostrado su preocupación por hacer visible la importancia de que las listas de espera se vean incrementadas ante las nuevas olas de contagios. También se ha referido Jesús Maeztu a la atención de las urgencias extrahospitalarias, sobre todo en zonas rurales, y el incremento o agravamiento de episodios de salud mental.

El Defensor del Pueblo andaluz también se ha referido a otras “ramificaciones” de la pandemia, en educación, como la brecha digital; la protección social, con el trabajo realizado para complementar el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima; o en vivienda, contemplado no solo como un lugar donde vivir, sino como un hogar dotado de confortabilidad, espacio, luz y seguridad para ellas y sus hijos e hijas.

Para terminar, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido a las tareas a desarrollar, una hoja de ruta de 13 objetivos que alienta la Institución para seguir avanzando en la lucha contra el COVID y dar respuesta a las necesidad más urgentes y perentorias que está trasladando la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz se ha referido a un fortalecimiento del Sistema Público de Salud; la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad. Jesús Maeztu también ha citado la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia; el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos. Entre estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la urgencia de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información, para evitar lo que ha denominado 'nuevos excluidos' por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos.

Por último, la experiencia de la COVID ha servido al Defensor del Pueblo andaluz para comprobar la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. “Las personas no sabían a dónde acudir. Nos han repetido: No sé a dónde ir. Nadie me escucha. Todo está cerrado. ¿Y yo y mis niños de qué comemos?”, ha expuesto Jesús Maeztu.

“Esta tremenda vulnerabilidad que seguimos escuchando a diario tiene que encontrar respuestas. Ahí tenemos que centrar el objetivo y trabajar juntos todos, en alianza. Repito: coordinación, coordinación, y coordinación. Con la implicación de todos. Tenemos que salir todos juntos y no dejar en la cola a los de siempre, y a los nuevos excluidos por la brecha digital. No estamos en el momento de los reproches. Tiempo habrá”, ha finalizado Jesús Maeztu, que ha solicitado a los diputados y diputadas: "Tienen el arma de la política. Acuerden, hablen y ejecuten".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha firmado hoy la renovación de un convenio de colaboración con la la Asociación de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera para la realización de actividades orientadas a la defensa y promoción de los derechos y libertades constitucionales de este colectivo.

El Defensor del Pueblo ha conocido por parte de la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, la labor que realiza esta institución y ha ratificado su voluntad de colaboración en la promoción de las libertades y la defensa de los derechos de estas personas, que reivindican una “discriminación positiva” como sujetos merecedores de una especial protección.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado el servicio que está ofreciendo la asociación a las personas trans y a sus familiares durante la pandemia, ante la casuística de familias que no respetan la identidad de alguno de sus miembros en un contexto de mayor convivencia domiciliaria. “Se salvan vidas”, ha señalado Cambrollé.

Maeztu y Cambrollé han advertido sobre el incremento del discurso del odio hacia estas personas, que siembran el riesgo de un incremento de los delitos del odio. De hecho, Cambrollé ha trasladado al Defensor del Pueblo andaluz datos sobre un aumento de las agresiones a jóvenes trans, un 25% más según el Ministerio de Interior.

El Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a los representantes de la asociación las aportaciones que ha incorporado la defensoría junto a otras instituciones protectoras de derechos al documento de reflexión sobre derechos de las personas trans elaborado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). También sobre los trabajos que realizó esta Institución en su día para la aprobación del protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Profesional 2020 de la Escuela Española de Mediación y Resolución de conflictos, en el transcurso de una gala celebrada de manera virtual.

El comité de distinciones ha reconocido a Jesús Maeztu entre las personalidades que promocionan la mediación como cultura de paz.

El acto se celebró dentro de la Semana de la Mediación, en conmemoración al Día Europeo de la Mediación el día 21 de enero; día que coincide la de aprobación por el Consejo de Europa de la Recomendación número R (98)1 sobre Mediación Familiar. Las Medallas al Mérito Profesional se otorgan para reconocer la labor de los profesionales que impulsan y fomentan la cultura de la paz, el diálogo y la resolución de conflictos en España.

Los Adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz han tomado hoy posesión ante el titular de la Institución, Jesús Maeztu, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, que han presidido el acto. Los Adjuntos al Defensor del Pueblo andaluz para este mandato son Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud Soto y Virginia Salmerón Millán.

Jesús Maeztu les ha dado la bienvenida y ha recordado a los Adjuntos del equipo anterior que no continúan este mandato, tanto a Luis Pizarro como a Jaime Bretón, "que contribuyeron con su trabajo a fortalecer esta Institución". El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado a los nuevos Adjuntos que llegan a una Institución "singular, tanto por el trabajo que se realiza, el de garantizar que la ciudadanía vea cumplidos los derechos que le corresponden, como por los propios tiempos que vivimos, difíciles, en los que quizás más que nunca la ciudadanía tiene depositadas en nosotros sus esperanzas de que se vean satisfechos sus derechos".

"Tiempos en los que se requiere de nosotros no solo nuestra vocación de servidores públicos, sino una escucha activa y una atención preferente a las necesidades de las personas con problemas, agudizados por la pandemia de la COVID, y en especial, como Defensor del Menor de Andalucía, de los problemas que afectan a la infancia y la adolescencia en Andalucía, de lo que también se ocupa de manera preferente una de las Adjuntías", ha señalado Jesús Maeztu.

Por estas razones el Defensor ha reclamado a los Adjuntos entrega y participación, al margen de lo que ha sido hasta ahora vuestra responsabilidad política, para hacer el papel que os corresponde de asesoramiento y auxilio del Defensor".

Según el artículo 8 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, el Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por tres Adjuntías en las que podrá delegar sus funciones y entre las que designará a quien le auxilie en el ejercicio de las funciones que le corresponden como Defensor del Menor de Andalucía.

El pasado 22 de diciembre, la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz dio su conformidad a los nombramientos de Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud y Virginia Salmerón Millán como adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz. Los tres candidatos para ocupar las adjuntías del Defensor del Pueblo Andaluz comparecieron ante la citada comisión después de que la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 9 de diciembre, conociera y admitiera a trámite el escrito presentado por el Defensor, solicitando de la citada comisión, "en su caso, la conformidad al nombramiento de adjunto y adjuntas de dicha institución" de los citados Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud Soto y Virginia Salmerón Millán.

En esta Institución se han recibido numerosas quejas en las que se denunciaba que la Administración de la Junta de Andalucía regulaba la selección del personal interino al servicio de la Administración de Justicia de su ámbito territorial, vulnerando la normativa estatal y el ordenamiento constitucional. Y, en concreto, sobre la constitución de las listas de reserva correspondientes a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.

Por las razones que comentábamos en anteriores comunicaciones que dirigimos a las personas interesadas, se procedió al cierre de estos expedientes de queja, sin perjuicio de la valoración de los aspectos generales planteados en los mismos, relativos a la tardanza en la constitución de las bolsas de empleo ordinarias en la Administración de Justicia y la falta de transparencia y publicidad en estos procedimientos, para el inicio de una posible actuación de oficio.

Tras realizarse con posterioridad, por distintas vías, diversas aclaraciones sobre el asunto objeto de su queja ante esta Institución, finalmente se ha acordado el inicio de una queja de oficio ante la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal ante la posible afectación de los derechos de las personas afectadas por esta situación, en aplicación de lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz.

Las actuaciones iniciales de la referida queja de oficio pueden consultarse a través del siguiente enlace: https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-sobre-presuntas-irregularidades-en-la-constitucion-de-la-lista-de-reserva-de-cuerpos

La Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz ha dado este martes su conformidad a los nombramientos de Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud y Virginia Millán Salmerón como adjuntos al Defensor del Pueblo.

Los tres candidatos para ocupar las adjuntías del Defensor del Pueblo Andaluz han comparecido este martes ante la citada comisión después de que la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el pasado 9 de diciembre, conociera y admitiera a trámite el escrito presentado por el Defensor, Jesús Maeztu, solicitando de la citada comisión, "en su caso, la conformidad al nombramiento de adjunto y adjuntas de dicha institución" de los citados Jaime Raynaud, Juana Pérez Oller y Virginia Salmerón Millán.