El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía, “lo que está constituyendo un problema social grave para miles de personas”.
En varias resoluciones enviadas a a la Delegación del Gobierno en Andalucía; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda de la Junta de Andalucía; a la Fiscalía; a Endesa como principal empresa suministradora y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que, “para la consecución real de este objetivo, no basta con una mera declaración de voluntad, sino que es necesario también adoptar un enfoque diferente del problema, que nos permita superar las carencias de las medidas y los planes actualmente en aplicación”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que el abordaje de esta compleja situación requiere de una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes y de la empresa suministradora, y ha propuesto la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.
Un paso previo debe ser, en opinión de la Institución, la elaboración de un mapa de riesgos de las zonas y las localidades de Andalucía donde los cortes de luz se hayan convertido en un problema social grave. Una vez realizado, el Defensor ha planteado un plan de actuaciones singularizado y adaptado a cada zona, junto a la creación de equipos de intervención con técnicos de las administraciones implicadas. Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado la adopción de cuantos medios y recursos sean necesarios, y el seguimiento y evaluación continua de las medidas.
Maeztu ha recomendado un modelo de intervención coordinada entre las administraciones y la empresa suministradora similar al que ya se viene trabajando en la Zona norte de Granada, pero evitando repetir los errores y disfunciones que han impedido la solución definitiva al problema. El Defensor del Pueblo andaluz ha comprobado in situ estas situaciones en la visita que realizó a Granada, en la que visitó viviendas de vecinos afectados, centros sanitarios y educativos, así como investiga las quejas de otros municipios andaluces.
Para el Defensor, se trata de una realidad insostenible y con serias consecuencias para la vida de las personas que residen en estos barrios andaluces, que exige garantizar el suministro a la población a la vez que luchar contra delincuentes y defraudadores para acabar con las situaciones de inseguridad y desprotección de las personas que sí cumplen con sus deberes para poder disfrutar de este servicio esencial.
“Se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en los hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad, además de que concurren otras consideraciones como la lucha contra el tráfico de drogas o la prevención del fraude en los suministros, que no deben obviarse, pero sí afrontarse de otra forma. Por eso, pedimos medidas excepcionales y coyunturales, mientras se sigue librando la batalla de fondo contra delincuentes y defraudadores”, ha indicado el Defensor.
Entre las medidas que el Defensor del Pueblo solicita se encuentran las siguientes:
A la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto el diseño y ejecución de un plan de intervención que permita, con la colaboración de Endesa si fuere necesario, identificar todas las viviendas en las que se realiza la actividad delictiva dedicada a plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y proceder al desmantelamiento, tanto de las plantaciones, como de las instalaciones asociadas al cultivo (elementos de iluminación, calefacción, refrigeración y cableado eléctrico) que sirven de apoyo al cultivo y constituyen el principal factor de incidencia en la red eléctrica. También que las actuaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ejecución de dicho plan de intervención tengan el debido seguimiento en el tiempo para comprobar que las viviendas no vuelvan a albergar plantaciones de marihuana. Por último, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa y de los inspectores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en su labor de vigilancia y control sobre el uso indebido de viviendas protegidas pertenecientes al parque público.
A la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que desarrolle una regulación y control del parque público, además de planes de inspección específicamente dirigidos a intervenir en las viviendas públicas que se destinen a plantaciones ilícitas de marihuana y evitar nuevas ocupaciones o nuevos usos fraudulentos; y que inspeccione las viviendas públicas en las que se producen enganches ilegales al suministro eléctrico a fin de comprobar que mantienen unas condiciones de uso y habitabilidad conforme a las normas, especialmente por lo que se refiere a sus instalaciones de uso común y, en particular, las instalaciones eléctricas.
A la Dirección General de Energía, el Defensor ha pedido que impulse la realización en todas las zonas donde se produce en mayor medida este problema de los cortes reiterados y prolongados de luz, una auditoría externa para conocer el estado real de las redes eléctricas y de todas las instalaciones y equipamientos que intervienen en el suministro eléctrico. En función de los resultados obtenidos en estas auditorías, el Defensor ha reclamado que adopte las medidas necesarias para impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen.
A la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor le ha solicitado que impulse ante los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales la actuación de los servicios sociales comunitarios en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro de aquellas personas enganchadas ilícitamente por problemas de pobreza energética que residen en las zonas afectadas por el problema de los cortes de suministro, informe de las posibilidades que ofrecen el bono social y las ayudas sociales, y, en colaboración de la compañía suministradora, solvente el problema que para la normalización de los suministros enganchados conllevan los costes derivados del pago del fluido defraudado a la empresa suministradora, así como los costes de reconexión y los derivados del arreglo de las instalaciones y la colocación de nuevos equipos de medida.
A Endesa el Defensor del Pueblo andaluz le ha planteado que ponga los medios necesarios para que las zonas afectadas por los cortes de luz dispongan de potencia suficiente para que los cortes no se produzcan, y un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las barriadas y zonas donde se producen los cortes de luz. Asimismo, el Defensor ha sugerido a Endesa que ponga a disposición los medios necesarios para llevar a cabo una colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la detección y erradicación de los enganches ilegales y de los destinados a actividades delictivas como el cultivo de marihuana; con AVRA en la detección y regularización de las instalaciones irregulares, y con los Ayuntamientos en la realización de labores de información sobre el bono social eléctrico y para conseguir la regularización de los suministros enganchados y el arreglo de las instalaciones y equipos en mal estado.
Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado estas propuestas a la Fiscalía para que las tome en consideración, al tiempo que ha pedido una colaboración efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las prácticas delictivas vinculadas al cultivo de marihuana, no solo mediante el ejercicio de las oportunas acciones penales, sino también adoptando medidas que ayuden a facilitar la labor policial contra esta lacra e incrementen el efecto punitivo y disuasorio sobre las mafias al encarecer el coste de desarrollar estas prácticas ilícitas en estas zonas.
