El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (Asemarb) -asociación creada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y el Colegio de Abogados de Sevilla- han firmado hoy un convenio de colaboración con el fin de la difusión, promoción y desarrollo de la mediación como vía complementaria de solución de conflictos.

En el convenio firmado hoy, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el presidente de Asemarb y del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Cisneros, han puesto de relieve el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía nuevas herramientas que le permita lograr soluciones satisfactorias a sus pretensiones, teniendo en cuenta que el ámbito de actuación del Defensor se vincula con la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Especial interés muestran ambas partes en la mediación administrativa, así como en el impulso de la implantación de la mediación intrajudicial contencioso-administrativa, al objeto de fomentar la mediación en el ámbito judicial y con el fin de descargar de trabajo a los órganos judiciales.

A tal efecto, el Defensor del Pueblo andaluz y Asemarb se comprometen a colaborar en la realización de actividades en materias que contribuyan a facilitar la difusión, fomento y práctica de la mediación, y que favorezcan la cualificación profesional en el campo de los estudios de ciencias sociales y de resolución de conflictos en el ámbito del Derecho, al igual que en promover la realización de jornadas formativas y/o informativas.

Asemarb es una asociación sin ánimo de lucro que mantiene una línea de trabajo permanente en métodos extrajudiciales e intrajudiciales, alternativas de solución de conflictos, como procedimientos de interés social. Es por ello que se propone como objetivo fundamental facilitar el acceso a un servicio de mediación de calidad y, además de ofrecer formación a sus asociados, se constituye como Centro de Mediación, disponiendo de un listado amplio de mediadores.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha concedido una entrevista en el nuevo ejemplar de la Revista IgUALdad (nº 18, diciembre 2021) de la Universidad de Almería. Nos complace haber participado y seguiremos implicados en la lucha por la igualdad real, analizando los temas en los que estamos trabajando desde la perspectiva de género.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de las amenazas que conlleva el impacto de la COVID-19 en la efectividad de los Derechos Humanos en Andalucía.

En una conferencia en el Colegio de Abogados de Sevilla, el Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que ya desde antes de marzo de 2020 la Institución venía denunciando la precariedad del mercado de trabajo; una creciente desigualdad y exclusión social, y la amenaza de la pérdida de derechos de una manera casi irreversible, por lo que reclamaba no solo una mayor financiación e inversión en políticas sociales y, sobre todo, una mejor gestión de los recursos por parte de las administraciones públicas.

"A todas luces, resulta evidente que la COVID ha supuesto un nuevo ataque a la vulnerabilidad de estos colectivos que no habían comenzado a recuperarse y una nueva amenaza a aquellos que estaban comenzando a estabilizarse", ha enfatizado Jesús Maeztu.

Para convivir con esta crisis, el Defensor del Pueblo andaluz ha resumido en cuatro las lecciones que debemos extraer en estos momentos. La primera sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos con mayor atención a los servicios sanitarios, especialmente en saldu mental, y a los servicios sociales.

El segundo reto sería la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia.

Un tercer desafío sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En cuarto lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, estas líneas de acción nos acercará al objetivo de conseguir la igualdad real, en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. "Lo que no se nos debe olvidar es que la crisis social seguirá presente, como lo estuvo tras la crisis de 2008, y que nadie puede quedarse atrás", ha señalado Jesús Maeztu.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha instado a los abogados presentes a asumir la corresponsabilidad en el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos como un deber y se ha referido a la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.

Los derechos humanos siempre han sufrido riesgos y peligros sobre los mismos, sin dejar de ser el instrumento indispensable para alcanzar la aspiración innata de los seres humanos de convivir en paz y en condiciones de dignidad y bienestar.

Desde el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y contamos desde entonces con un documento que reconoce y proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

En el aniversario que hoy celebramos, nuevos retos amenazan el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y los valores que lo sustentan, como son la equidad -que implica la igualdad de oportunidades y la erradicación de la pobreza y la exclusión social- y el ideal de bienestar, -entendido como la efectividad y la calidad de los servicios públicos colectivos, como la educación o la sanidad-. La crisis sanitaria por la irrupción de la COVID-19, como lo hiciera la crisis económica la pasada década, amenaza el disfrute de estos derechos y nos obliga a aceptar el desafío de adaptarnos a los cambios sociales.

En este sentido, tienen un papel esencial las instituciones garantes de derechos, como es el Defensor del Pueblo andaluz. Nos obligamos a una mejora continua de la gestión, para que incorpore innovación, modernidad, digitalización, orientación a resultados y búsqueda de excelencia, siempre desde la transparencia y la cercanía, ante retos como la brecha digital, la transición energética, los problemas de salud mental o los cambios en la atención y protección de la infancia y adolescencia. Todo, con el fin de dar una respuesta ajustada a las necesidades de la ciudadanía.

Porque la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía supone una obligación inaplazable.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo (Caongd), que aglutina a movimientos como CCOO Andalucía, Unrwa, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Acnur o Unicef Andalucía, que la han expuesto su preocupación ante el retroceso de la cooperación internacional.

Jesús Maeztu ha señalado que las acciones que llevan a cabo estas organizaciones son muy importantes y necesitan recursos para desarrollarlas, "la paz, la convivencia, la no discriminación, la desigualdad y apoyo específico de problemas de otros países y de Andalucía que se puedan ver cortados por la falta de recursos". "La Defensoría entiende que esta cooperación, unido al análisis de gobierno abierto, de administración eficaz y de lucha por la convivencia de los pueblos merece un respeto y una atención, sin que los recursos se reduzcan progresivamente", ha señalado.

El Defensor ha emplazado al Gobierno andaluz a atender la cooperación internacional , "que no vaya en descenso, y llegue a ser insignificante en Andalucía, una tierra muy solidaria". "Un apoyo cerrado y firme para encontrar medidas que palien la situación financiera y que los recortes se revisen y puedan ellos desempeñar la labor tan magnífica que están haciendo", ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha aceptado el ofrecimiento del nuevo Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) para ocupar una de las vicepresidencias, en concreto, la destinada a titulares de un organismo que pueda ser autonómico, regional o provincial. Otras cuatro vicepresidencias están reservadas para titulares de organismos nacionales, según establecen los Estatutos del Consejo Rector de esta federación en la que se integran defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 22 países.

En la XXVI Asamblea de la FIO celebrada hoy en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, el Defensor del Pueblo andaluz ha apoyado la candidatura como presidente del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa. En su discurso ante el plenario de la FIO, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para implementar la vía de la mediación en las defensorías, propuesta que ha sido aprobada. El Defensor andaluz se ha comprometido a presentar un informe sobre esta implantación en la próxima asamblea que se celebre de este organismo.

La Asamblea General de la FIO ha elegido al presidente de la organización en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. El Consejo Rector elegido, cuya vicepresidencia primera ocupará el Defensor del Pueblo de España, tiene un periodo de vigencia de dos años.

Esta Asamblea general se ha celebrado tras el XXV Congreso de la FIO, en el que los defensores han analizado los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central ha consistido en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado la obra de una alumna de Sexto de Primaria del Colegio Sierra Almagrera de Villaricos (Almería) y el accésit ha recaído en una alumna de Tercero de Primaria del Colegio La Reina de Málaga

En la modalidad de vídeo, el primer premio ha recaído en alumnado de Tercero de la ESO del IES José Alcántara de Belmez, Córdoba, y el accésit para alumnos y alumnas de Educación Especial del Colegio Purísima Concepción de Granada

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia ha hecho público hoy el fallo del XIV Premio Así veo mis derechos, unas distinciones que tienen un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado a una alumna de Sexto de Primaria del Colegio Colegio Sierra Almagrera de Villaricos (Almería) por un dibujo sobre el derecho al amor. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a un grupo de una alumna de Tercero de Primaria del Colegio La Reina de Málaga por un dibujo sobre calidad de vida.

En la modalidad de vídeo, el jurado del Premio del Menor ha distinguido un vídeo sobre el derecho a la igualdad de alumnado de Tercero de la ESO del IES José Alcántara de Belmez, Córdoba. El accésit ha recaído en un vídeo sobre el derecho a la integración de alumnos y alumnas de Primaria de Educación Especial del Colegio Purísima Concepción de Granada.

El Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño, que se celebró el 20 de noviembre. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.

En una carta dirigida a los directores y directoras de los centros educativos, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado las novedades de esta edición, ya que desde el pasado 30 de agosto “estamos de celebración tras la entrada en vigor de la nueva Ley de la Infancia en Andalucía (Ley 4/2021, de 27 de julio), que otorga una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia como instrumento para la protección y defensa de los derechos de los menores y nos permite el cambio de nombre: de Defensor del Menor de Andalucía a Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía”.

Este acontecimiento supone para el Defensor de la Infancia “el reconocimiento implícito en nuestra denominación al amplio espectro que engloba las personas menores de edad, otorgándoles más visibilidad como primer paso para hacer valer sus derechos”, para lo cual “hoy más que nunca, estamos convencidos de la necesidad de escuchar la voz de los menores y cómo están viviendo sus derechos”. “Este Premio, en el que puedes visibilizar mediante un dibujo o un vídeo los derechos que más os preocupan, es una oportunidad única para que los niños y niñas andaluces, de la mano de sus educadores, conozcan un poco más sus derechos y, cómo no, también sus deberes”, ha concluido Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha advertido hoy sobre el papel de las Defensorías en la defensa de los derechos humanos y ante los retos de las democracias en el XXV Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, evento que reúne desde ayer a defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 22 países en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.

El Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que la pandemia por COVID “ha relevado las carencias en derechos y el riesgo de que estos se vuelvan irreversibles”, así como los nuevos retos a los que se enfrentan las democracias, como la brecha digital y sus efectos en la educación de la infancia y la adolescencia, consideración que han compartido otros participantes en la mesa como el procurador federal de los derechos de los ciudadanos de Brasil, Carlos Vilhena y la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, así como desde el público el Defensor del Pueblo de Puerto Rico, Edwin García. La mesa ha tratado sobre Buena Administración y Acceso a Servicios Públicos, y ha estado moderada por el defensor del pueblo de Uruguay y director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.

El Defensor del Pueblo andaluz ha comenzado su intervención con una mención al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se celebra hoy 25 de noviembre, y su deseo de “poner fin de una vez al patriarcado”, a lo que contribuye en su opinión una mayor protección y educación de la infancia y adolescencia.

Para el Defensor andaluz, hay problemas actuales como grandes consumidores en temas de energía, movilidad, exclusión financiera, salud, educación, “que necesitan una administración que trate a la ciudadanía con cuidados, como una gran cuidadora, no con una ventanilla donde no le contestan”. Entre los asuntos que más le preocupan al Defensor, ha expuesto la brecha digital y sus consecuencias en los barrios más vulnerables y otros retos tecnológicos que pueden generar más desigualdad, a lo que se suma el debate sobre las energías para alcanzar una transición energética justa. Jesús Maeztu ha añadido el incremento de casos de salud mental, la memoria histórica para restituir la dignidad de las víctimas como consecuencia de la Guerra Civil, y los problemas de la infancia y la adolescencia.

Para asumir estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha alentado a que el papel de las defensorías debe ser “como garantes y protectores de derechos, no como gestores de quejas”. “Tenemos un ámbito competencial muy importante donde la raya es la coercibilidad. Estoy de acuerdo -con el Defensor de Uruguay- en que contamos con la magistratura de la persuasión”, ha señalado Jesús Maeztu, que ha añadido que, además de la supervisión de las administraciones públicas, la institución cuenta ahora con la mediación para resolver los conflictos de la ciudadanía. En este sentido, Jesús Maeztu ha mencionado un convenio firmado la semana pasada con el Consejo General del Poder Judicial para una posible delegación de asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa al Defensor.

En el Congreso de la FIO los defensores están analizando los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central consiste en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

Este viernes 26 de noviembre la Asamblea General de la FIO escogerá al presidente de la organización para los próximos dos años, en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que lo acompañará. Entre los candidatos se ha postulado el defensor de la República Dominicana, Pablo Ulloa, candidatura que el Defensor del Pueblo andaluz apoya en su nombre y en el del resto de los defensores autonómicos españoles.

La violencia de género constituye una persistente y devastadora violación de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y niñas a su cargo, así como un obstáculo fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres. Incluso en las sociedades más avanzadas, las mujeres continúan siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas, si bien no existen cifras totalmente reales debido a la impunidad de la que aún hoy gozan muchos de los perpetradores y la estigmatización, vergüenza y miedo que sufren las víctimas.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” Aunque en nuestro país se ha avanzado mucho a nivel normativo para luchar contra esta lacra social, fundamentalmente gracias a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra violencia de género, lo cierto es que muchas de las Comunidades Autónomas han estimado la necesidad de aprobar normas que amplían el concepto de violencia de género, inspirándose en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica, que se aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres y comprende todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, en la vida pública o privada.

Quedan importantes retos por superar, entre ellos proceder a la revisión del texto vigente de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, e impulsar los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres y violencia doméstica contenidos en el Convenio de Estambul. En este sentido no podemos sino reiterar el contenido de la Declaración conjunta de todas las Defensorías del Pueblo de España, tras sus Jornadas de Coordinación de 2018, en la que se recuerda a los poderes públicos la obligación que tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, para lo cual es imprescindible la implicación de toda la sociedad en su conjunto. En la misión que asume el Defensor del Pueblo Andaluz se encuentra la de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y la defensa de una cultura de paz, y entre los valores que marcan nuestra actuación, la igualdad de género y el compromiso social.

Desde esa perspectiva y conscientes de la necesidad de que el problema al que nos enfrentamos requiere importantes cambios no solo a nivel jurídico y administrativo, sino sobre todo de la sociedad y los valores que tradicionalmente han situado a la mujer como un sujeto de menor valía, hemos asumido en la Estrategia del Defensor del Pueblo Andaluz 2021-2024 el compromiso de asegurar un enfoque transversal en todas nuestras actuaciones y de integrar la perspectiva de género e igualdad de trato.

Por otro lado, la Estrategia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, así, asumimos como metas:

1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
3. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
4. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Analizarán los impactos de la pandemia COVID-19 en las personas vulnerables y los retos para la vigencia plena de sus derechos fundamentales

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, participa desde hoy miércoles en el XXV Congreso y XXVI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.

El Defensor andaluz será el representante español en una reunión en la que estarán representados 22 países de Iberoamérica a través de sus defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos. Los defensores analizarán los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central consiste en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, en su carácter de anfitrión del encuentro explicó que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, los grupos en situación de vulnerabilidad han visto acentuar sus entornos de riesgo poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales de los países, y el reto que plantea garantizar sus derechos.

El encuentro comienza hoy miércoles 24 con el desarrollo de sesiones internas de las redes temáticas y los grupos de trabajo de la FIO. Están previstos los encuentros de la Red de Niñez y Adolescencia, en la que participará el Defensor andaluz en su calidad de Defensor de la Infancia y la Adolescencia, y la Red de Defensorías de Mujeres, en la que participará la directora de gabinete del Defensor del Pueblo andaluz, Soledad Rosales. Entre los temas a tratar también se aborda la preservación de los derechos de las migraciones y trata de personas, así como la conservación medioambiental y las prerrogativas de los trabajadores del segmento minero y del sector privado.

Mañana jueves 25 de noviembre será la inauguración del Congreso, en el que el Defensor del Pueblo andaluz participará en la sesión sobre Buena Administración y el acceso a los servicios básicos, junto al procurador federal de los derechos de los ciudadanos de Brasil, Carlos Vilhena; la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz y el Defensor del Pueblo de Uruguay y director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.

Por último, la Asamblea General de la FIO escogerá el viernes 26 de noviembre al presidente de la organización para los próximos dos años, en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que lo acompañará.