Desde que la actual crisis económica comenzara a dejarse sentir allá por el año 2008, nuestra Institución se ha venido haciendo eco y denunciando los efectos que la misma está ocasionando en la sociedad andaluza. Y ello porque dicha coyuntura económica se ha convertido en el eje ineludible sobre el que parecen girar nuestras vidas y ha ocupa el devenir cotidiano de una sociedad cada vez más angustiada y desesperada.
Uno de los principales efectos de la crisis económica en el ámbito de las personas menores lo constituye, la disminución o ausencia de ingresos económicos de las familias.
La crisis no sólo está aumentando la exclusión y la marginalidad de determinadas familias -ávidas de ayudas antes de que se produjera la actual coyuntura económica- sino que está desdibujando las fronteras de la pobreza extendiéndola hacia las clases medias. Se trata de familias que se encontraban en una situación normalizada pero que la prolongación de la crisis las ha convertido en un colectivo de especial vulnerabilidad como consecuencia, principalmente, de la pérdida del empleo de uno, varios o de todos los miembros de la unidad familiar. Además de ello, en muchísimos de los casos esta ausencia de ingresos les impide hacer frente al pago de las hipotecas o de los alquileres, y el resultado final ha sido la pérdida de la vivienda familiar por embargo o desahucio. Son familias azotadas por una situación económica cada vez más dramática que les imposibilita vislumbrar la luz al final del túnel.
El panorama que describimos tiene su fiel reflejo en las quejas que la ciudadanía plantea a la Institución, unas reclamaciones -en ocasiones más bien unas llamadas de auxilio- que ponen de relieve con toda su crudeza la desesperación de muchas personas ante la impotencia de no poder hacer nada por cambiar una situación que les impide satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, incluida una alimentación adecuada.
Y mientras tanto las ayudas públicas son cada vez más escasas pues a las limitaciones presupuestarias y los recortes propios de épocas de crisis se une el importante incremento de personas que demandan la colaboración de las Administraciones para ayudarles a paliar los perversos efectos derivados de la grave situación de nuestra economía. Es un hecho que la irrupción de la pobreza de la clase media está propiciando el incremento de las demandas de ayudas públicas en una coyuntura en la que los recursos son menos a repartir.
En este lamentable contexto, nuestra Institución no solo se ha limitado a denunciar la situación y describir la realidad conforme a la fotografía que nos permite realizar el trabajo que venimos desarrollando, sino que, por el contrario, ha tenido la oportunidad de proponer a los poderes públicos medidas o acciones que permitan paliar, en la medida de lo posible, los nefastos efectos que la crisis económica ocasiona a las familias y, en especial, a las personas menores de edad. Todo ello dentro de los cometidos y funciones que corresponden a una Institución garantista de derechos como es el Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía.
Muchas han sido las propuestas a las que nos referimos y muchos los derechos afectados. Año tras año desde que comenzó la crisis hemos dejado constancia en nuestros informes al Parlamento de Andalucía como está afectando aquella al ejercicio de determinados derechos, incluido el derecho a la Educación en los términos consagrados en la vigente Ley de Educación y en la Ley de Educación de Andalucía.
Pues bien, uno de los aspectos tratados con especial interés ha sido el servicio complementario del comedor escolar y su papel en la actual coyuntura económica.
Recordemos que la existencia de comedores escolares en colegios ubicados en zonas marginales o deprimidas constituye uno de los instrumentos esenciales para la lucha contra el absentismo escolar, fenómeno éste que ha constituido una lacra importante del sistema educativo.
Hemos venido constatando desde hace mucho tiempo que en aquellos centros escolares donde se oferta a toda la comunidad educativa el servicio de comedor, el índice de casos de absentismo escolar disminuye considerablemente, a la vez que permite potenciar el aprendizaje de los alumnos en los hábitos de comportamiento social y se mejora de forma notoria su actitud ante el proceso formativo.
Por tanto, el comedor escolar se convierte en un servicio que trasciende en el ámbito educativo del mero recurso para solventar problemas de conciliación de la vida familiar y laboral de padres y madres de algunos alumnos, y pasa a ser un instrumento capital para la aplicación de las políticas de equidad educativa en aquellas zonas de las ciudades que se caracterizan por su alto grado de desestructuración y degradación social.
En este momento, queremos formalizar una propuesta ya anunciada por el titular de la Institución en distintas comparecencias ante el Parlamento de Andalucía: La posibilidad de ampliar el servicio de comedor en periodo no lectivo para el alumnado en situación de pobreza. Se trata, en definitiva, ampliar la labor compensatoria de este servicio complementario.
De lo que se trata es de incrementar la función compensatoria del servicio de comedor escolar para que preste sus servicios durante la época no lectiva de modo que se pueda asegurar que los niños y niñas más desfavorecidos y cuyas familias se encuentran en situación de pobreza reciban al menos una vez al día.
Entendemos que este servicio complementario debe tener un papel prioritario en el actual escenario socioeconómico y, por tanto, debe ayudar a dar respuesta a las situaciones de emergencia social que se están produciendo cada vez con mayor intensidad en nuestra Comunidad Autónoma. El carácter compensatorio del servicio de comedor escolar debe ser aún más ambicioso. No basta con ser un instrumento de conciliación de la vida familiar y laboral. No basta con facilitar su acceso ofreciendo a las familias una reducción de los precios públicos del coste del servicio. En nuestro criterio, teniendo en cuenta la actual situación, la oferta del servicio debe ser ampliada a los periodos en los que no existe actividad académica, especialmente en los meses estivales.
Somos consciente de la magnitud y trascendencia de nuestra propuesta. Del mismo modo que entendemos que esta acción no puede ser abordada de modo exclusivo por la Administración educativa. En efecto, la acción compensatoria que proponemos formalmente debe abordarse desde la corresponsabilidad y colaboración de distintas Administraciones. A nuestro juicio, la puesta en práctica de esta medida conlleva la máxima coordinación entre la Consejería de Educación, la Consejería de Salud y Bienestar Social y los Ayuntamientos de los municipios donde se ubiquen los colegios que pudieran verse beneficiados por la medida.
Por todo lo señalado, se propone la apertura de una queja de oficio, solicitando informe a la Consejería de Educación, a la Consejería de Salud y Bienestar Social y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para que informen sobre la viabilidad de la propuesta, y las medidas a adoptar para su puesta en funcionamiento.
