La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca del Valle de Lecrín en Granada el jueves 11 de mayo para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en el centro de servicios sociales comunitarios de Dúrcal en un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado hoy algunos temas sanitarios, medioambientales, como el caso de la contaminación acústica, y problemas para lograr el empadronamiento, como algunos de los asuntos que preocupan a la ciudadanía de Linares que, desde ayer martes, está acudiendo a la oficina móvil que el Defensor ha desplazado a la ciudad.

En una visita al Ayuntamiento linarense, el Defensor del Pueblo andaluz ha comentado las condiciones de una ciudad como Linares "en las que debemos amortiguar el dolor" y donde la Defensoría tiene la obligación de defender y proteger los derechos de sus vecinos y vecinas. "¿Qué hace falta?", ha preguntado Jesús Maeztu, quien ha señalado que "la ciudadanía de esta comarca de Sierra Morena tiene los mismos derechos que otros territorios, y el Defensor es una palanca de esperanza y cambio para superar la depresión que pueda tenerse económicamente por ejemplo".

El Defensor ha señalado asuntos de sanidad tras reunirse ayer tarde con asociaciones, como la falta de neurólogos, la escasez y falta de estabilidad laboral de especialistas que tratan la fibromialgia, y otros retrasos en derivaciones y listas de espera en asuntos de neurología, salud mental, aparato digestivo, reumatología... "Todos esos temas hace falta sacarlo", ha subrayado el Defensor, quien también ha destacado la reunión que mantiene con trabajadores sociales de la comarca, unos cuarenta profesionales.

El Defensor ha señalado que ha acometido 41 visitas comarcales, y esta es la cuarta en Jaén tras las comarcas de Segura y Las Villas, La Loma y Jaén capital. Entre 2022 y 2023 esta comarca ha remitido un centenar de quejas y consultas al Defensor.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) está atendiendo en la sede de la Casa de la Juventud (calle Federico Ramírez, 6) en un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Esta comarca reúne a los vecinos y vecinas de Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, La Carolina, Linares y Santa Elena.

El objetivo de esta visita presencial del Defensor del Pueblo es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha comparecido hoy ante la Comisión sobre Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad del Parlamento de Andalucía para informar sobre el balance de las principales quejas recibidas y las actuaciones desplegadas por la Institución en materia de discapacidad.

El Defensor ha hecho mención al Informe Anual 2022 y ha subrayado, en primer lugar, las acusadas dilaciones en la valoración, apreciadas a través de las quejas individuales recibidas, y que determinaron una investigación de oficio.

Asimismo, Jesús Maeztu ha destacado el desarrollo reglamentario de la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad, así como el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad, asuntos sobre los que esta Institución venía instando con insistencia desde hace años, y que ha encontrado respuesta normativa.

El Defensor ha apuntado también a la dotación de personal en los Centros de Valoración y Orientación, lamentando que no haya tenido lugar esta actualización de personal, y la ausencia de información sobre los tiempos medios de respuesta para la valoración y revisión del grado de discapacidad y la adecuación de los puestos de trabajo de los Centros.

Por ello el Defensor ha señalado que, “en la actualidad, nuestra Institución continúa asistiendo a la recepción diaria de multitud de quejas que describen demoras inadmisibles en la respuesta de los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad a las solicitudes de valoración inicial de la discapacidad o de revisión del grado, unido a una falta de información sobre qué hacer y la desesperanza de no saberse asistido por lo que entienden un atropello en su esfera de derechos”.

“Contamos con testimonio de personas mayores con mal pronóstico vital, que no pueden esperar los tiempos de espera descritos, menores que precisan de intervención por parte de la Administración para poder acceder a recursos públicos y a las prestaciones pertinentes y, sobre todo, personas sin empleo cuya pretensión es la de poder contar con un instrumento que favorezca su inserción laboral, accediendo a los empleos reservados para quienes cuentan con dicho reconocimiento”, ha afirmado.

Entre otras cuestiones, el Defensor ha apuntado además a las reclamaciones para la obtención de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como ha llamado la atención sobre la función que desempeñan las instituciones tutelares de las personas sujetas a medidas judiciales de apoyo y sus eventuales carencias, sobre lo que ha iniciado una actuación de oficio.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la localidad de Linares los días 18 y 19 de abril para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá en la sede de la Casa de la Juventud (calle Federico Ramírez, 6) en un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado hoy del impacto en la salud mental en dos sectores de población muy vulnerables, las personas mayores y la infancia y la adolescencia, para quienes ha reclamado no solo cuidado y cariño en los entornos familiares, sino medidas de prevención, detección y un incremento de profesionales en salud mental, entre otras cuestiones.

“Necesitamos un incremento de profesionales de la salud mental, para mejorar la intensidad del tratamiento y permitir la vinculación del profesional con sus pacientes; entornos mejorados en los ingresos hospitalarios y adaptados a las necesidades de personas con situaciones específicas añadidas a la de salud mental”, ha señalado Jesús Maeztu en la inauguración en Cádiz de la jornada organizada por la Institución bajo el título Bioética y salud mental: raíces comunes en la atención a los mayores, infancia y adolescencia.

Para Jesús Maeztu, “no podemos olvidar que en la salud mental no solo influyen factores biológicos, sino también ambientales y de vulnerabilidad social, por lo que los instrumentos de protección social revisten importancia en el plano preventivo”.

El Defensor ha reclamado la colaboración y coordinación entre profesionales y administraciones (sanitaria, sociosanitaria, educativa y de servicios sociales), “que deben jugar un papel vertebrador en la atención integral”. “Tenemos alertas que no sabemos interpretar”, ha señalado el Defensor del Pueblo andaluz en referencia a los casos de suicidios, ante los que ha vuelto a mostrar su enorme preocupación. En la jornada participan expertos y profesionales partiendo de la unión entre bioética y salud mental, al considerar que las decisiones que han de guiar la atención a la salud mental deben estar impregnadas de los principios y valores humanos de la bioética, cuyo núcleo central es la persona, y contextualizado dentro de lo que se ha dado en llamar “humanización”.

La inauguración ha estado a cargo del Defensor del Pueblo andaluz; la directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Trinidad Rus, y la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. Tras ella, se ha procedido a la ponencia marco por parte de Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). La jornada continúa con una mesa redonda, moderada por Emma Escobar, responsable del Area de Salud del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que participan Benedicto Crespo, director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía del Hospital Virgen del Rocío; Carmen Lama, subdirectora de la Dirección General de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud y Consumo, Ana Mena, psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Cádiz; Carlos Díaz, psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Macarena; y Aurora Alés, enfermera especialista en salud mental de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Macarena.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, han presentado hoy la Guía sobre buenas prácticas en materia de contratación realizada por ambas instituciones con el objetivo de fijar pautas de actuación adicionales a las ya recogidas en la normativa, que contribuyan a una gestión más transparente y eficaz de sus propios procesos de contratación pública.

La aplicación de estas recomendaciones en la gestión contractual se inscribe en el objetivo de la prevención y lucha contra la corrupción que instaura, como unos de sus pilares, las Directivas comunitarias sobre contratación pública y la propia Ley de Contratos del Sector Público, y persigue, en última instancia, una mejora en términos de calidad de los servicios que sea percibida y valorada por la ciudadanía destinataria de los mismos.

Esta autorregulación permitirá actuar en una línea preventiva, identificando los riesgos de incumplimiento de las obligaciones normativas, e instaurando los mecanismos necesarios para evitar que tales riesgos se materialicen. La implantación de estas prácticas comprende las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos, si bien esta primera versión de la guía se centra en las dos primeras fases.

Ambas instituciones han destacado como pilares de estos procesos la necesaria planificación en materia de contratación; el principio de integridad en los procedimientos de licitación; la elaboración de pliegos tipo como instrumento de agilización y simplificación; la publicidad de la actividad contractual de las instituciones implicadas; la conveniencia de la organización interna, y la necesaria profesionalización y formación continua de los implicados en los órganos de contratación.

Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, ha destacado que ambas instituciones “predican con el ejemplo” y esta guía profundiza en que la contratación sea ejemplar para mandar “un mensaje de que todo lo que se hace en contratación se hace de manera pública y exquisita”. “Estamos libre de toda sospecha en materia de contratación; resolvemos todo lo que sea enrevesado en contratación, aclaramos las directivas, y cortamos cualquier motivo de preocupación”, ha señalado Maeztu.

Por su parte, Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude, ha resaltado que el objetivo de la guía es proyectar hacia todo el sector público andaluz, y en particular al personal que desarrolla labores en este ámbito, los principios y criterios rectores de una política pública activa frente al fraude en materia contratación, e implantar los conceptos de Compliance y de centralidad de la contratación en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha apuntado hoy la situación de la sanidad pública, los riesgos de la transición digital y la erradicación de los asentamientos como asuntos destacados en el balance del Informe 2022 de la institución, que recoge más de 25.000 actuaciones en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía.

Fueron más de 30.000 personas las que acudieron durante este año al Defensor del Pueblo andaluz, según el informe entregado por Jesús Maeztu al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Este comisionado parlamentario gestionó más de 12.000 quejas y otras más de 12.000 consultas, además de 660 acciones de promoción de derechos. Las actuaciones más numerosas se gestionaron en asuntos de empleo público, servicios sociales, información y atención a la ciudadanía, salud, vivienda, consumo, educación, infancia y adolescencia, medio ambiente, urbanismo y dependencia.

Sobre los asuntos destacados, Maeztu ha comentado en primer lugar la necesidad de una transición digital justa que integre a todas las personas, también a las vulnerables con problemas de adaptación y competencias digitales. En este Informe el Defensor abunda en la aparición de nuevos excluidos y detalla entre los problemas las dificultades en el acceso a la relación con las administraciones públicas.

En este sentido, Maeztu ha reclamado una regulación de la cita previa para acabar con los retrasos en la atención a la ciudadanía y la incomunicación, al tiempo que ha reclamado que exista la alternativa de la atención presencial. Asimismo, ha puesto el foco sobre la automatización de algunos procedimientos, caso de la solicitud de rentas de supervivencia, que excluye a algunas personas, y al igual que sucede en el acceso a servicios de interés general como son los relacionados con los bancos, lo que se conoce como exclusión financiera.

En segundo lugar, Jesús Maeztu ha resaltado el trabajo de este comisionado para lograr la erradicación de los asentamientos en las poblaciones freseras de Huelva y en las hortícolas del poniente almeriense. El Defensor ha destacado la ausencia de una estrategia global y territorial para abordar la eliminación de los asentamientos, o la disparidad de criterios de los responsables municipales para diseñar e implementar actuaciones.

En tercer lugar, el Defensor se ha detenido con analizar la situación de la sanidad pública, en función de las reclamaciones de la ciudadanía y de las sesiones de trabajo realizadas con distintos colectivos. Ha señalado que, en cifras, se ha amortiguado el impacto de la pandemia, y en 2022 se mantiene un incremento de un 25% de actuaciones con respecto a 2019.

Maeztu ha confiado en una pacificación de la situación para recuperar el crédito de la ciudadanía y para afrontar los retos del futuro, como pueden ser nuevas epidemias o el envejecimiento de la población.

“La sanidad pública gratuita y universal es un orgullo, y tras la Covid estamos viendo su importancia”, ha señalado Maeztu, que ha pedido una normativa básica que regule con rango de ley todos los derechos básicos de la salud recogidos en el artículo 22 del Estatuto de Andalucía, para lo que ha instado en ese caso a constituir una mesa de diálogo, y ha sugerido que la atención primaria no sea susceptible de conciertos.

El Defensor ha señalado el peligro de una normativa coyuntural para garantizar este derecho fundamental y ha apuntado la necesidad de aprender de la experiencia de la Covid para fortalecer la sanidad pública. “Si no cuidamos de la salud, y no encontramos respuestas, nos está mirando de frente la salud mental”, ha señalado Maeztu como otro de los riesgos, al tiempo que ha anunciado que celebrará una jornada sobre bioética y salud mental el próximo 13 de abril en Cádiz.

Por último, el Defensor ha manifestado el compromiso con la sociedad de una Institución que celebra a partir de final de año el 40 aniversario de su constitución. Para ello, la Institución ha implantado una Estrategia de modernización e innovación en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por primera vez, las distintas problemáticas se presentan ordenadas en este Informe en base a estos objetivos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha impartido una conferencia en la que ha analizado las actuaciones de los ombudsperson durante la pandemia. Esta intervención pertenece a la clausura de un diplomado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de título Lecciones constitucionales en tiempos de crisis. La Protección de los derechos humanos durante las situaciones de emergencia constitucional.

En esta sesión, Maeztu ha analizado el papel de los defensores del pueblo durante la pandemia y, en concreto, de su Defensoría. Ha recordado que desde el primer momento "adaptamos nuestro servicio a la función que tenemos encomendada por este Parlamento de Andalucía y mantuvimos un servicio de guardia indispensable para guiar la atención ciudadana ante el cierre de las puertas, y el resto de los empleados públicos pasaron a prestar el servicio en la modalidad de teletrabajo, al tiempo que tomamos la decisión de un reforzamiento de la atención telefónica".

El Defensor andaluz ha resaltado que ocho de cada diez personas que solicitaron ayuda por COVID lo hicieron por primera vez. Todas estas actuaciones se recopilaron en el informe especial Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia, que recoge las actuaciones desde 14 Marzo 2020 a 1 Octubre 2020. Fueron 1.602 quejas y 3.474 consultas, al tiempo que se incoaron más de una veintena de quejas de oficio.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que los tres principales problemas trasladados por la ciudadanía fueron la desprotección, o su desamparo, por parte de la Administración; el agravamiento de las condiciones de familias que ya vivían en precario y la irrupción de una brecha digital. En definitiva, el Defensor del Pueblo andaluz ha tramitado más de 8.600 actuaciones por parte de esta Defensoría relacionadas solo con la COVID.

"La COVID ha cambiado nuestras vidas y en coincidencia, ha determinado las líneas de actuación de instituciones como los Defensores del Pueblo. Esta pandemia ha deteriorado los derechos de la ciudadanía y nos ha empujado a asumir nuevos retos para dar respuesta a estas necesidades", ha concluido Jesús Maeztu.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la comarca de Osuna para atender las quejas y consultas que le han hecho llegar la ciudadanía en la Casa de la Juventud. El equipo de la OIAC ha atendido quejas de personas de Osuna, Aguadulce, Lantejuela y La Puebla de Cazalla

Asimismo, la Oficina de Información se ha reunido con asociaciones sociales de Osuna y su comarca, como Cáritas, Cruz Roja, la Asociación Turística Campiña Sierra Sur, la Asociación de mujeres de Fibromialgia, la asociación de minusválidos psíquicos Mimo, CGT o la Marea Blanca de Osuna. Entre las reclamaciones se han recibido cuestiones relacionadas con la atención primaria y las listas de espera, el personal sanitario, los servicios de urgencias, y la atención pediátrica, entre otras. En la mañana de hoy miércoles la Oficina de Información mantiene una reunión con los trabajadores sociales de la comarca.