El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) colaborará en la formación del personal al servicio de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tras haber acordado esta Institución extender el convenio de colaboración en esta materia con este organismo público hasta 2027.

En septiembre de 2019 ambas partes suscribieron un acuerdo marco en materia de actividades docentes y de investigación para la organización conjunta de cursos, conferencias, seminarios, congresos y publicaciones, así como la realización de proyectos de investigación y desarrollo. El convenio tenía una vigencia de cuatro años pudiendo ser prorrogado otros cuatro.

Dado el grado de satisfacción con la ejecución y el desarrollo del mismo, el director del IAAP, José Loaiza, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, han suscrito una adenda para extender su aplicación hasta septiembre de 2027.

El IAAP, adscrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuenta entre sus funciones específicas la de colaborar y cooperar con otros órganos y entidades, públicos y privados con funciones de formación del personal” así como realizar, con sus propios medios o mediante contratos o convenios, estudios y trabajos sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas y, en especial, de la Junta. También se encarga de promover la investigación en aquellas materias relacionadas con la organización y actividad de las Administraciones y entidades públicas andaluzas. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido volver a contar con la colaboración del IAAP para el diseño y el desarrollo de los planes de formación del personal a su servicio.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado queja de oficio ante diversas quejas recibidas que denuncian la falta de cobertura de puestos de administración y servicios (administrativos, ordenanzas y personal de limpieza) en los Centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad.

Las personas promotoras de las mismas han sido tanto asociaciones de padres y madres como personal directivo y/o docente de dichos centros, que consideran que la falta de personal repercute negativamente en la prestación del derecho a la educación del que son titulares los alumnos y las alumnas. En concreto, el personal directivo y/o docente manifiesta que su trabajo -la labor educativa- se ve interrumpido y perjudicado cuando han de compaginarlo con funciones administrativas y organizativas que no le son propias, por encontrarse estos puestos vacantes.

Esta situación, que se prolonga a lo largo de todo el curso, suele alcanzar su estadío crítico durante los meses de julio, septiembre y octubre coincidentes con la terminación y el inicio del curso escolar, unos problemas de los que se han hecho eco distintos medios de comunicación. En la misma línea distintas organizaciones sindicales denunciaron, a su vez, el déficit de personal en los referidos centros y demandaron a las Administraciones implicadas soluciones.

Teniendo en cuenta la pluralidad de personas empleadas públicas que pudieran encontrarse perjudicadas en el desempeño diario de sus funciones -equipos directivos, docentes y personal de administración y servicios- con motivo de la falta de personal de administración y servicios en los Centros de Educación Secundaria de Andalucía, así como la repercusión que ello tiene en la implementación del derecho a la educación, el Defensor ha abierto queja de oficio ante la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, la Viceconsejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, a fin de que nos informen sobre los siguientes extremos:

1.- A través de cuál procedimiento esa Administración evalúa las necesidades existentes de incorporación de personal de administración y servicios en los Centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad.

2.- Qué porcentaje de puestos vacantes de administración y servicios existen en la actualidad, con indicación de si se encuentran dotados o desdotados, en cada provincia.

3.- Respecto al inicio del próximo curso escolar, qué medidas se están adoptando para atender las necesidades de personal de administración y servicios demandadas por los centros educativos de enseñanza secundaria.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha interesado por la evolución del programa Moves III, destinado a impulsar la descarbonización y eficiencia del sector del transporte mediante incentivos. Según la Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, la convocatoria establece ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

El Defensor ha conocido que el interés de la ciudadanía por acceder a estos incentivos ha supuesto la presentación masiva de solicitudes concentrada en un mismo y muy corto periodo de tiempo, superando la evolución normal de petición de ayudas que venía gestionando la Agencia Andaluza de la Energía, tal como nos confirman en uno de los informes remitidos a esta Institución con ocasión de la tramitación de una queja individual por falta de pago de la ayuda.

Lógicamente, esta presentación masiva de solicitudes ha tenido como consecuencia el retraso en la resolución de concesión de incentivos a las personas que los han solicitado, así como en el pago de los mismos desde la presentación de la necesaria cuenta justificativa. En este sentido venimos recibiendo quejas ciudadanas relacionadas con ambas situaciones, bien la falta de una resolución administrativa de concesión o bien la falta de pago del incentivo concedido.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha estimado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo. En el curso de esta actuación nos hemos dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Industria, Energía y Minas), como organismo encargado de la tramitación de este tipo de ayudas.

Nos interesa conocer el número de solicitudes presentadas en el programa Moves III, plazo medio para su resolución y número de ellas que se encontrarían pendientes de resolución, con identificación de la fecha de presentación de solicitud. Asimismo nos interesa conocer el número de solicitudes de ayuda concedidas dentro del Plan Moves III con cuenta justificativa presentada y completada pendiente de análisis, en su caso, para proceder al pago. Igualmente queremos conocer las medidas que, según informan, están adoptando para agilizar la tramitación de expedientes y proceder al pago de los incentivos con la mayor rapidez posible.

El Defensor considera que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas. Asimismo, de forma indirecta, a través de la finalidad perseguida con el programa, el derecho a un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable previsto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente se encuentra implicado el derecho a una buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha estado hoy en la entrevista de Despierta Andalucía, de Canal Sur TV, para responder a las preguntas sobre el Informe Anual 2022 de la Defensoría que presentó el día anterior, miércoles 26, en el Pleno del Parlamento.

A preguntas de los periodistas, el Defensor ha mostrado su preocupación por el retroceso en derechos y ha alertado sobre la salud mental, los retrasos en la dependencia o los cortes de luz que vienen sufriendo muchos barrios vulnerables de Andalucía, entre otros asuntos. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu.

Escucha la Entrevista del Defensor en Despierta Andalucía

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre varias situaciones que están provocando un retroceso de derechos para la ciudadanía, y que se han “cronificado”. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha comparecido hoy en el pleno del Parlamento andaluz para presentar el Informe anual de la Institución de 2022, en el que ha ofrecido un balance de más de 25.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía -12.400 quejas y otras 12.700 consultas con respuesta, a lo que se incluye más de 600 acciones de promoción de derechos- para las más de 30.000 personas que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario.

El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado estas situaciones “inaceptables” que están afectando a numerosos colectivos, y ha puesto de ejemplo las atenciones que necesitan personas mayores, personas con discapacidad, dependientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias, mujeres solas con hijos… “en cuestiones tan variadas como ingresos de subsistencia, acceso a una vivienda digna; suministros básicos... que están sufriendo asfixiantes demoras en su tramitación”.

En su enumeración, Jesús Maeztu ha señalado las dilaciones en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que siguen superando los dos años y que algunas llegan a los tres años. "Está dejando de sorprendernos que la resolución de los expedientes lleguen cuando las personas mayores han fallecido, incrementando de esta manera no solo el dolor de sus familiares, sino la desconfianza en las administraciones”, ha expuesto Jesús Maeztu, quien también ha considerado “inconcebibles” las dilaciones en el reconocimiento de la discapacidad.

Jesús Maeztu ha subrayado su preocupación por los retrocesos en la percepción de la violencia de género. “¿Qué está pasando? ¿Qué medidas son necesarias para atajar este problema de la violencia machista que está corrompiendo a la sociedad, y del cual nos encontramos cada vez más réplicas cometidas por personas jóvenes y adolescentes? ¿No existen medidas suficientes o adecuadas?”, ha señalado el Defensor, para destacar la necesidad de replantear las actuaciones de prevención y protección a las mujeres.

Este comisionado, Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se ha preguntado por las aspiraciones para una juventud que carece de empleo estable y el acceso a una vivienda a un precio asequible, y ha interpelado a los miembros del Parlamento por “si nos tomamos en serio el derecho a una vivienda digna y adecuada”. Maeztu también ha llamado la atención sobre el impacto de los cortes de luz en los barrios vulnerables, “donde es evidente que la pobreza y la desigualdad son persistentes, agudizadas además por la subida de los precios”.

En esta línea sobre actuaciones que afectan a personas, asuntos que ocupan más de la mitad de las intervenciones del Defensor, Jesús Maeztu ha señalado el deterioro de la sanidad pública como otro de los asuntos que más ha preocupado a los andaluces, con especial atención a la atención primaria y los problemas de salud mental. El Defensor también se ha ocupado del derecho a la educación; de la erradicación de los asentamientos de personas migrantes en Huelva y Almería, y de los riesgos de la transición digital, para lo que ha reclamado una regulación de la cita previa que acabe con los retrasos en la atención ciudadana, al tiempo que ha reclamado atención presencial complementaria a la telemática.

Acceso al interactivo del Informe Anual 2022

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con una representación de los sindicatos UGT y CCOO que han denunciado la situación de los centros de participación activa (CPA), entre otros aspectos, la reducción de horario, la falta de personal -no se cubren las vacantes- y la desaparición de servicios que existían antes de la pandemia como baile los fines de semana, servicio de comedor, etcétera. Una situación que se ha agravado ahora con el cierre por las tardes de verano.

Ambos sindicatos han lamentado las consecuencias que ello supone para las personas que venían beneficiándose, sobre todo, como servicios claves para fomentar un envejecimiento activo y luchar contra la soledad de las personas mayores.

Además han denunciado el Proyecto de Orden que la Junta de Andalucía pretende aprobar para la gestión de estos espacios que, a su juicio, agrava la situación.

Jesús Maeztu se ha comprometido a estudiar esta queja anunciada por los sindicatos y recabar información de la administración competente sobre la situación de estos centros de participación activa.

El Titular de la Institución, Jesús Maeztu, presenta el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2022

Acceso al iteractivo del Informe Anual

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy el trabajo realizado en el barrio del Cerro del Moro de Cádiz como ejemplo de la colaboración institucional en beneficio de las necesidades de la ciudadanía. Maeztu ha asistido hoy como Hijo Predilecto de la Provincia al pleno de constitución de la nueva corporación de la Diputación provincial de Cádiz, que presidira Almudena Martínez del Junco.

El Defensor del Pueblo andaluz se ha interesado en numerosas ocasiones en los últimos años por la remodelación del barrio, que ha visitado acompañado de los vecinos, así como ha mantenido diversas reuniones con las autoridades responsables de la programación y ejecución de las obras.

En ese sentido Jesús Maeztu se ha congratulado de que este impulso por parte de la Institución se haya concretado y que esta semana la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), haya presentado en el Ayuntamiento de Cádiz la solicitud de licencia de obras para acometer la construcción de las 67 viviendas proyectadas para la séptima fase de la intervención en la barriada. A esta reunión asistieron entre otros la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

La presentación de esta documentación supone un paso importante en el proceso para finalizar la operación de rehabilitación integral de la barriada, que se inició la década de los 90. Resta la construcción de 67 viviendas para realojar a otras tantas familias, que aún permanecen en los últimos edificios en pie desde que se construyeran en 1940 y que se encuentran muy degradados.