El Alcalde de los Palacios y Villafrancia (Sevilla), acompañado de la Concejala Delegada de Hacienda, han expuesto al Defensor del Pueblo Andaluz la difícil situación que atraviesa el Ayuntamiento, y en particular por la demora del traspaso del 50% pendiente de los fondos presupuestarios afectos a los programas de empleo juvenil y de empleo +30, ya ejecutados y justificados, lo que ha obligado a dicha Corporación a asumir con sus propios recursos dichas contrataciones.

Tras queja de particular, hemos tenido conocimiento que, en algunos casos la administración tributaria competente no acepta la práctica de las deducciones referidas, al no haberse depositado la fianza por los propietarios.

Igualmente, también hemos tenido conocimiento de que el problema ya ha sido objeto de tratamiento por parte de la Institución del Defensor del Pueblo, que ha formulado Recomendaciones sobre la modificación de la normativa reguladora de la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda, a los Departamentos competentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana.

En consecuencia con todo ello, y tomando en consideración las competencias de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación y de la Agencia Tributaria de Andalucía al respecto de las cuestiones expuestas hemos formulado Sugerencia a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación y a la Agencia Tributaria de Andalucía para que, actuando coordinadamente, se adopte propuesta de iniciativa normativa a elevar al Órgano competente para su tramitación y aprobación, en el sentido de que sea modificada la normativa reguladora de la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital Regional de Málaga Carlos Haya para que, para la superación de las situaciones de larga espera, se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de gestión clínica de endocrinología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

El naufragio producido en el Mediterráneo el pasado día 18 de abril y las muertes de cientos de personas que intentaban desesperadamente acceder a territorio europeo han puesto una vez más el foco en una cuestión que ni es nueva ni, tristemente, parece sencilla de resolver.

La muerte de estas personas no puede dejar de conmovernos por la evidencia de que su origen está en la desesperanza por encontrar una vida mejor que la que dejaron en sus países; así como por el cruel tratamiento al que han sido sometidos en la embarcación que los transportaba.

Los Defensores de los Derechos Humanos tenemos que manifestar que es una violación clara del principio del derecho a la vida. Y pedimos que la Unión Europea colabore con los países de origen de estas personas para impedir la actividad de embarcaciones clandestinas; se implique mucho más en la asistencia a los inmigrantes y encuentre los medios de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen, para que la inmigración no sea una única forma de supervivencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido con la delegación andaluza de la Federación Española de Enfermedades Raras, una organización sin animo de lucro que actualmente agrupa a más de 263 asociaciones que cubren enfermedades raras o poco frecuentes.

El objeto de este encuentro ha sido el de dar a conocer la situación actual de estos pacientes en Andalucía y solicitar del Defensor un trabajo conjunto y coordinado para la consecución de los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes.

Según datos aportados por la Federación, las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas, siendo el 65% de estas patologías, graves e invalidantes: 2 de cada 3 enfermedades aparecen antes de los dos años, y 1 de cada 5 enfermos sufre dolores crónicos, entre otros casos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha entregado hoy al Defensor del Pueblo Andaluz un Informe sobre la asistencia social a personas sin hogar en la atención en Urgencias.

Para la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es una preocupación la atención que se presta al colectivo de personas sin hogar que acuden a los servicios de urgencia hospitalaria.

En este sentido, Jesús Maeztu, ha agradecido la presentación y entrega del informe de la APDHA “por cuanto creemos que aporta ideas y propuestas válidas que ayudarán al debate que está en curso sobre las medidas que deben adoptarse para solucionar los problemas de la atención sanitaria a las personas sin hogar”.

Algunas de las propuestas incluidas en el estudio de la APDHA son coincidentes con las que esta Institución ha dirigido a la Consejería de Salud en relación con este problema. Así por ejemplo, la necesidad de que los protocolos de atención sanitaria a las personas sin hogar prioricen la atención sanitaria sobre la derivación a los recursos sociales, incluida entre las alegaciones que esta Institución formuló en su día a la Consejería de Salud en relación con el nuevo protocolo que se estaba elaborando tras el lamentable suceso del polaco.

Sobre esto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado su intención de realizar una evaluación del cumplimiento y resultados del protocolo puesto en marcha por la Consejería de Salud para esta atención, una vez transcurra un tiempo razonable desde su implantación en los hospitales andaluces.

La prestación sociosanitaria de este colectivo también ha sido objeto de atención especial, a instancias de esta Defensoría, en el estudio que sobre Urgencias Hospitalarias se ha trabajado con todos los Defensores del Pueblo “donde se puso de manifiesto la necesidad de que se garantice la continuidad en la atención sanitaria tras el alta de urgencias de aquellas personas que por encontrarse en situación de riesgo social no cuentan con un lugar adecuado para seguir el tratamiento prescrito”.

Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz para que en los términos expuestos en las consideraciones precedentes en la Resolución sobre la queja 09/1699 se dé cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en el Dictamen evacuado por la Sociedad Española de Epidemiología en marzo de 2014, por encargo del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con el exceso de mortalidad y morbilidad detectado en varias investigaciones en la Ría de Huelva.

Proponemos a la Defensora del Pueblo que solicite del Banco de España nuevas actuaciones ante las entidades financieras para que eliminen sus cláusulas suelo sin que tenga que mediar una decisión judicial. Asimismo, nos dirigimos a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer el resultado de los procedimientos sancionadores que se anunciaron como medida de defensa de las personas consumidoras frente a la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas suelo.

Esta Institución sigue convencida de que la falta de transparencia de las cláusulas suelo, en los términos descritos por el Tribunal Supremo, es extensible a la mayoría de los contratos hipotecarios en vigor que incluyen tales cláusulas, por lo que considera necesario que las entidades financieras procedan a su inmediata eliminación sin obligar a las personas afectadas a acudir a la lenta y costosa vía judicial.

Hace unos meses volvíamos a dirigir una petición en tal sentido a las entidades financieras radicadas en Andalucía pero, lamentablemente, la respuesta obtenida ha sido negativa, insistiendo dichas entidades en la adecuada comercialización de las hipotecas y la transparencia de sus cláusulas suelo, remitiendo a la vía judicial la posible resolución de discrepancias.

A través de la Defensora del Pueblo hemos conocido que estas mismas conclusiones son las que las entidades financieras habrían trasladado al Banco de España como resultado del proceso de revisión de sus cláusulas suelo realizado a instancias del mismo con objeto de analizar su adecuación a los criterios de transparencia de la sentencia de 9 de mayo de 2013. En base a estas conclusiones el Banco de España ha manifestado que "las informaciones disponibles no permiten concluir que esté siendo incumplida la sentencia del Tribunal Supremo".

Esta Institución no comparte tal conclusión por lo siguiente:

 1. Por la reiteración de pronunciamientos de distintos órganos judiciales que vienen declarando de forma abrumadora la nulidad de las cláusulas suelo sometidas a su consideración. En particular por el hecho de que las cláusulas suelo anuladas por los Tribunales responden a modelos empleados en multitud de contratos de préstamo similares por las entidades financieras lo que, a nuestro juicio, ponen en evidencia el escaso rigor del proceso de revisión realizado por dichas entidades y de la conclusión a la que se habría llegado.

2. Porque muchas de estas cláusulas cuya transparencia resulta defendida por las entidades financieras, con frecuencia coinciden sustancialmente con alguna de las que obtuvo la declaración de nulidad por el Tribunal Supremo, por lo que habría que concluir igualmente que no se permite la comprensibilidad real de la cláusula suelo.

3. Porque, el propio Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España ha concluido en un porcentaje elevadísimo de las raclamaciones resueltas sobre claúsulas suelo que las entidades financieras habían incurrido en mala praxis al no haber cumplido adecuadamente con los deberes de información que les exige la normativa antes de la formalización del contrato de préstamo hipotecario.

Por todo ello, hemos considerado oportuno trasladar a la Defensora del Pueblo la posibilidad de intervenir ante el Banco de España con objeto de que éste supervise con medios propios, al menos por muestreo, el proceso de revisión de las cláusulas suelo ordenado a las entidades financieras.

Asimismo hemos planteado la necesidad de que el Banco de España pudiese adoptar decisiones vinculantes para las entidades financieras en caso de que, tras su intervención, pudiese sostener la falta de transparencia de determinadas cláusulas que se utilizan en los contratos de préstamo hipotecario de modo estandarizado.

Finalmente, hemos indicado la conveniencia de requerir al Banco de España la sustanciación de los expedientes sancionadores que resulten oportunos ante la reiteración por parte de las entidades financieras de incumplimientos de la normativa sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.

Por otro lado, nos hemos dirigido al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer la situación de los expedientes sancionadores que se anunciaron como resultado de la campaña de inspección en materia de créditos hipotecarios para vigilancia de la no inclusión de cláusulas abusivas.

Creemos que la adopción de medidas sancionadoras ante la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas que puedan considerarse abusivas por falta de transparencia puede contribuir a que las entidades financieras realicen un ejercicio serio y responsable de aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo a las cláusulas suelo incorporadas a sus préstamos hipotecarios.

Ante el conocimiento de un nuevo desahucio de una madre con dos menores en Estepona, el Defensor del Pueblo Andaluz exige una solución de los poderes públicos para poder atender los casos de emergencia habitacional que lamentablemente se siguen sucediendo en nuestra Comunidad.

Desde esta Defensoría, son cada vez más numerosas las quejas que se reciben en las que los ciudadanos demandan desesperados, una solución a su necesidad de vivienda, que en la mayoría de los casos, termina con la situación de familias desahuciadas de sus domicilios.

Frente a ello, las políticas públicas de viviendas puestas en marcha están resultando insuficientes para dar una respuesta eficaz y eficiente a esta dramática situación que, en relación con el acceso a una vivienda digna, vive un sector muy numeroso de la población andaluza, y muy especialmente, familias con menos recursos y en riesgo de exclusión social.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a insistir en la necesidad de un gran pacto por la vivienda con todos los agentes implicados para responder a esta urgente necesidad de vivienda de muchas familias andaluzas. Una reivindicación que se recoge en el Informe Anual del Defensor del año 2014, y que ha elevado al Parlamento de Andalucía y los poderes públicos competentes.

Situados en 2015 y en relación a las obligaciones tributarias del ejercicio de 2014, la actual legislación tributaria estatal establece que los contribuyentes (al caso pensionistas andaluces que han retornado a nuestro país tras haber sido emigrantes) que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero, pueden presentar declaraciones complementarias de IRPF de los ejercicios no prescritos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, periodo en el que podrán regularizar las pensiones procedentes del extranjero sin recargos ni intereses de demora ni sanciones.

Ante esta situación, emitimos comunicado del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la regularización tributaria de pensiones procedentes del extranjero y sobre los actuales límites económicos establecidos respecto a la obligación de declarar las mismas en el IRPF.