Le exigen medidas correctoras a un establecimiento hostelero con la música muy alta

Recibimos el escrito de un vecino de Alhaurín el Grande exponiendo que residía en una vivienda sobre un local que albergaba un restaurante, que generaba elevados niveles de ruido, lo que había denunciado en el Ayuntamiento desde el año 2018, habiéndose practicado algunas actuaciones disciplinarias y de comprobación de cuyos resultados no le habían dado traslado, aduciendo entre otras razones, la normativa de protección de datos personales. El problema de ruidos, a fecha de su queja, persistía.

El reclamante nos acompañaba diversa documentación, tales como solicitudes presentadas en el Ayuntamiento en abril de 2019 (solicitando conocer el estado de su expediente), de febrero de 2019 (solicitando actas de intervención policial tras sus llamadas de denuncia), de diciembre de 2018 (denuncia de los ruidos producidos en el interior del local que albergaba el establecimiento). Además, nos aportaba también oficio del Ayuntamiento de enero de 2019, comunicándole la realización de un ensayo acústico, y oficio de este mismo mes, comunicando que se había pedido asistencia técnica a la Diputación Provincial de Málaga, y de agosto de 2019, comunicando que el ensayo acústico había determinado un resultado “no conforme” en cuanto al aislamiento del local.

En este último documento, de agosto de 2019, se le comunicaba al denunciante que “se le informa como parte interesada en el expediente, que se le ha requerido al titular de la actividad para que tome las medidas oportunas para dar cumplimiento a lo exigido en el Decreto 6/2012”.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos diversa documentación al Ayuntamiento de Alhaurín El Grande, que en su respuesta nos confirmó el resultado “no conforme” del ensayo acústico practicado por la Diputación Provincial de Málaga. Además, nos informaron de que con fecha de febrero de 2020, pese a que el ensayo era de febrero de 2019 (un año antes), se había requerido al titular de la actividad para que adecuase el local a las exigencias técnicas de protección contra el ruido. En dicho requerimiento se le indicaba que ya se había producido otro previo en julio de 2019 en el que se le daba un plazo “improrrogable” de dos meses, que había sido incumplido.

Ante esta respuesta volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento para que nos informase sobre si el titular del establecimiento denunciado había acreditado la adopción de las medidas necesarias, o si por el contrario seguía sin hacerlo y, en tal caso, qué medidas disciplinarias iban a tomarse.

En su nueva respuesta, el Ayuntamiento nos trasladó que giradas varias visitas de inspección al establecimiento, se encontraba cerrado al público, si bien nos daba cuenta también de que: “En el Registro de Entrada de este Ayuntamiento consta solicitud de licencia de obra menor a nombre ..., por la que se abrió el expediente con nº ..., así como presupuesto de ejecución de aislamiento acústico emitido por empresa especializada, liquidación de tasa municipal y autoliquidación de la fianza de prevención y gestión integral de residuos”. De acuerdo con este informe, el establecimiento objeto de queja, entonces cerrado, tenía previsto ejecutar obras de aislamiento acústico, por lo que supusimos que la reapertura del mismo se produciría una vez se ejecutasen tales obras.

Entendimos, con ello, que el problema objeto de queja se en encontraba en vías de solución, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este asunto y procedimos al archivo del expediente de queja.