La oficina de atención ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estuvo en Lebrija (Sevilla)

Hashtag: #dPA_BajoGuadalquivir

Hemos atendido a la Ciudadanía, Asociaciones u otras agrupaciones ciudadanas, Equipos de Intervención Social y Medios de Comunicación, en la ciudad de Lebrija, en la casa de la Cultura, calle Tetuan nº 5.

Esta visita a Lebrija forma parte de la que hemos realizado a la Comarca del Bajo Guadalquivir en la que atendimos a los municipios de El Coronil, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Utrera

La Ciudadanía: Atendimos diversos problemas entre los que, a modo de ejemplo, ilustramos la siguiente:

Demora resolución de PIA (Plan Individualizado Atención) solicitado en 2023, sin respuesta de una persona de 92 años.  La interesada acude a nuestra visita de la OIAC a Lebrija para trasladarnos el retraso en la tramitación de la dependencia de su madre, de 92 años, con la que convive. Han recibido notificación de resolución de nuevo grado (III) en febrero de 2024, y en marzo acudió personal valorador de la Junta de Andalucía para propuesta de recurso, habiendo acordado con la familia que lo ideal es incrementar las horas de servicio de ayuda a domicilio que tiene asignado su madre actualmente, pero aún no han recibido resolución formal. Presentaron reclamación desde el Ayuntamiento a la Agencia de Servicios Sociales, la cual tampoco ha recibido respuesta.
La interesada insiste en que su madre necesita mucho apoyo y ella se encuentra asumiendo prácticamente todo su cuidado, siendo fundamental poder recibir apoyo en ello. Necesita ayuda para asearse, para levantarse, etc.

Le explicamos las competencias de la Defensoría, y cómo intervenimos mediante nuestro procedimiento de queja cuando hay problemas o demoras de la Administración. Recogemos su escrito de queja por demora. Le informamos cómo nos pondremos en contacto con ella y nuestros plazos de respuesta según nuestra carta de servicios. Le explicamos las vías de contacto de la Defensoría para conocer el estado del expediente una vez reciba acuse de recibo. Queda pendiente en aportar más adelante copia de la solicitud de revisión de grado de su madre debidamente registrada.

Las Asociaciones y otras agrupaciones Ciudadanas:

Inicio: 17h y finaliza a las 19h

Asistentes: Patricia Acosta (alumna en prácticas), José Colsa, Clara Ferrández, Diego Ojeda y 16 representantes (3 hombres y 13 mujeres) de asociaciones de la comarca: Plataforma en Defensa de Sanidad Pública de Lebrija, ASAENES Salud Mental Lebrija, Asociación Aprodevi (Asociación Provecto De Vida), AJUSDISLE Lebrija (Asociación Juan Díaz de Solís), ALFACU (Asociación Lebrijana de Familiares Cuidadores), Asociación Alzheimer Virgen del Castillo, Asociación Sildavia de las Cabezas, Asociación TDAH Utrera, Plataforma por Solidaridad del Pueblo Sahariu y Asociación Renacer Utrera.

Orden del día:

1.- Información sobre la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz (dPA), funciones y procedimiento de quejas/consultas.

2.- Puesta en común de las principales necesidades, demandas y problemáticas en el trabajo diario de cada entidad social y la posibilidad de intervención de la Defensoría.

Para comenzar, José Colsa da las gracias a los/as asistentes por la participación y la implicación como representantes de las entidades sociales de la comarca del Bajo Guadalquivir, y haciendo mención a los objetivos principales de la Defensoría con este tipo de visitas: escuchar a la ciudadanía local, escuchar a las asociaciones del tercer sector local y escuchar a los servicios sociales comunitarios de la zona.

Posteriormente, el asesor de área de la OIAC explica a las personas participantes en la reunión las funciones del dPA, así como en qué tipo de problemáticas interviene la Institución, relatando igualmente aquellos asuntos en los que el dPA no puede supervisar o mediar. Asimismo expone a grandes rasgos en qué consiste el procedimiento de tramitación de quejas, así como la capacidad de la que dispone la Defensoría plantear recomendaciones y resoluciones a las administraciones públicas competentes. 

Para finalizar la presentación, se da paso a cada uno/a de los/as representantes de las diferentes asociaciones para que se presentan a los/as asistentes, y compartan el trabajo que realizan desde las distintas entidades, así como aquellas dificultades y obstáculos que se encuentran en su trabajo diario con los diferentes colectivos a los que atienden.

La Plataforma en Defensa de Sanidad Pública de Lebrija plantea el trabajo que lleva a cabo para la mejora de la situación sanitaria del municipio. Sus representantes plantean la falta de pediatras en el municipios y que este tipo de atenciones la están realizando médicos/as de familia, así como las listas de espera de 41 días para atención primaria, demoras para atención por especialistas de un año y la necesidad de declarar al municipio como zona de difícil cobertura al estar situado a más de una hora de Sevilla capital. Por otra parte, manifiestan que el Hospital de Alta Resolución de Lebrija está infrautilizado, que no dispone de unidad de salud mental, ni neurología ni dermatología (por jubilación del personal que no se cubre). Consideran que todo ello forma parte de una estrategia de privatización de la atención sanitaria y muestran su desconfianza al sistema. Por último, y dado que también forman parte sus representantes de la plataforma de pensionistas, trasladan la demora que existe en la tramitación de pensiones no contributivas, exigiendo que se resuelvan a tiempo y que la cuantía se actualice dignamente, resaltando que la demora perjudica principalmente a mujeres en situación vulnerable al ser las principales beneficiarias de esta prestación.

En la misma línea, la representante de ASAENES Salud Mental Lebrija expone las dificultades que presentan las personas con discapacidad que están en seguimiento por la Unidad de Salud Mental al tener que desplazarse al Hospital de Alta Resolución de Utrera, por no disponer de dicho servicio en Lebrija. Refiere que no hay combinación por autobús con el municipio y las personas que están en seguimiento por este servicio se ven obligadas a desplazarse en tren, el cual tampoco les deja cerca del Hospital de Utrera viéndose obligados a coger un taxi, generando que en ocasiones la cita médica les suponga un desembolso de entre 60-100 euros. Por otra parte, relatan los problemas para el acceso al mercado laboral de las personas que presentan alguna discapacidad.

Siguiendo con los colectivos que atienden a personas con discapacidad, la Asociación Aprodevi (Asociación Provecto De Vida) dispone que se trata de una entidad social que se inició en 2017 promovida por cinco familias para atender a personas con discapacidad que finalizaban la enseñanza obligatoria con la finalidad de trabajar la máxima autonomía en su vida diaria (comprar, vestirse, coger transporte público, gestión de su propia economía, etc.). Su idea de intervención a futuro es trabajar la inserción laboral puesto que el perfil que atienden son personas entre 21 y 30 años. Exponen la falta de alternativas de ocio y tiempo libre que padece este colectivo. Se hace referencia también a los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad que dificulta el acceso al empleo en cupos específicos por discapacidad.

Desde ALFACU (Asociación Lebrijana de Familiares Cuidadores) se muestra especial agradecimiento a la Defensoría por crear el espacio de escucha a las entidades. Llevan trabajando dos años y surge promovida por la enfermera de enlace del municipio ante la problemática detectada con el servicio de ayuda a domicilio municipal. Su principal demanda es que desde este servicio no se llevan a cabo tareas de aseo y baño en los fines de semana y festivos, solo de lunes a viernes, cuando en otros municipios de alrededor sí están cubiertos estos días.  Han presentado por esta cuestión reclamación al Ayuntamiento, se han manifestado en la plaza principal del municipio y han mantenido reunión con personal de servicios sociales y delegada de asuntos sociales muncipal, pero sigue sin solucionarse el problema. Resaltan la sobrecarga de las familias que les genera esta falta de servicio en los días señalados. También incluyen en sus reivindicaciones a la Defensoría la demora en la tramitación de los expedientes de dependencia.

Por parte de la Residencia de La Caridad, se muestran preocupados/as por lo que planteaba la anterior asociación, la demora en el trámite de la dependencia y lo que ello supone a la gestión de plazas del centro. Afirman que hay retrasos de meses para cubrir plazas residenciales que han quedado libre por fallecimiento de algún dependiente y que la Junta de Andalucía tarda mucho en cubrirlas, y que esto ocurre de manera recurrente (disponen de 63 plazas totales, 41 de ellas concertadas). Disponen además que hay una falta de transparencia por parte de la administración en los listados de plazas libres. Por otra parte, exponen que se encuentran con muchos obstáculos a la hora de realizar traslados en ambulancias de los/as residentes a centros sanitarios. Manifiestan que las ambulancias llegan demasiado temprano o demasiado tarde de la hora fijada y esto supone un desajuste importante por no disponer de personas que acompañen a los/as usuarios/as o una vez desplazados/as no pueden ser atendidos/as en el centro sanitario por llegar tarde. Finalizan su intervención trasladando a la Defensoría la falta de recursos específicos para personas con trastornos de conducta jóvenes, que al ocupar plazas residenciales por no disponer de otra alternativa, hace imposible la convivencia con personas mayores.

Desde la Asociación Alzheimer Virgen del Castillo, las representantes exponen que llevan en funcionamiento desde el año 2003 ofreciendo dos tipos de servicio: centro de día y talleres de estimulación cognitiva. Coinciden en lo planteado por las anteriores entidades respecto a la dependencia, las resoluciones llegan con mucha demora y en ocasiones cuando la persona ya ha fallecido, insistiendo en que en muchas ocasiones el personal de la Junta de Andalucía no cuelgan en su propio aplicativo la información y eso ralentiza el procedimiento de cubrir la plaza. Esto supone que las familias tengan que hacerse cargo de alto coste de la plaza privada esperando una concertada. Disponen de 50 plazas en total, 35 de ellas concertadas. También relatan la falta de especialidad de neurología en el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, siendo ésta fundamental para la atención del colectivo de personas con Alzheimer que atienden, sobre todo en lo que refiere al diagnóstico precoz. Citan que el Plan Andaluz de Alzheimer contemplaba la posibilidad de realizar prueba diagnóstica (punción lumbar) como método de diagnóstico precoz para casos preseniles y que las citas no están llegando. Para concluir, refieren la falta de ayudas económicas y de subvenciones específicas públicas, la difícil justificación de las mismas y el recorte tan importante que han sufrido en los últimos años, así que las convocatorias se realicen siempre en periodos estivales y de corta duración. Proponen además que los talleres que ofertan de estimulación pudieran estar dentro del catálogos de prestaciones de la dependencia por medio de la plaza vinculada al servicio.

Para finalizar, la Plataforma por Solidaridad del Pueblo Saharuí manifiestan la falta de derechos de leste colectivo ya no solo en relación con personas nacidas en España, sino con respecto a otros colectivos migrantes. Refieren obstáculos en obtener la nacionalidad española a pesar de ser descendientes de españoles/as así como el racismo que sufren a la hora de acceder al mercado de la vivienda. Manifiestan los problemas de empadronamiento que presentan, y el asesor de área de la OIAC hace referencia a la intervención de la Defensoría en esos casos y las resoluciones que dispone la Institución al respecto.

Como fin a la reunión, José Colsa agradece la presencia y el trabajo que realizan las entidades sociales, que considera como colaboradores de la intervención que lleva a cabo la propia Defensoría, siendo el altavoz de los problemas de la ciudadanía. Además, les traslada a los/as representantes la capacidad de intervención del dPA en las problemáticas que plantean, cómo pueden presentar quejas al respecto, así como las vías de contacto con el dPA para futuras comunicaciones. Finaliza su intervención resaltando la importancia de este tipo de reuniones para la creación de redes con nuestra Defensoría, y todas las asociaciones muestran a la vez su agradecimiento por la invitación a la reunión y la atención las necesidades específicas de sus respectivas entidades.

Los Equipos de Intervención Social:

Inicio: 12h y finaliza a las 14:30h

Asistentes: Patricia Acosta (alumna en prácticas), José Colsa, Clara Ferrández y personal de Servicios Sociales Comunitarios de El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Lebrija (9 mujeres):

Orden del día:

1.- Información sobre la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz (dPA), funciones y procedimiento de quejas/consultas.

2.- Puesta en común del trabajo llevado a cabo por cada profesional, así como aquellas problemáticas más presentes en su ámbito laboral.

Para comenzar, José Colsa agradece la participación del personal de los servicios sociales de la comarca del Bajo Guadalquivir en la visita de la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo Andaluz (dPA). Resalta el papel fundamental que tienen para la Defensoría los equipos de servicios sociales, destacando su papel de especial relevancia en la atención de colectivos vulnerables.

Asimismo el asesor de área de la OIAC presenta las principales funciones de la Defensoría, así como el proyecto de las visitas a la Comarcas de Andalucía, que tiene como finalidad el acercamiento al territorio de la Institución para conocer la realidad social, así como a las entidades sociales y los/as profesionales que trabajan al servicio de la población, evaluando la situación de los servicios sociales.

En la misma línea, José Colsa comenta cómo interviene el dPA, así como las causas de admisión e inadmisión de quejas, explicando tanto la vía de supervisión de los expedientes que tramitamos como el mecanismo de mediación del que dispone la Institución. Insiste en sus competencias y en el equipo de trabajo que compone la Institución. Señala que desde la Defensoría se tiene un gran interés por conocer la situación en la que se encuentran los servicios sociales, su dotación, cómo se gestionan los recursos humanos, el funcionamiento de las oficinas, etc.

También plantea que una de las funciones principales de las visitas a las comarcas y de las reuniones es que los servicios sociales también conozcan de qué manera desde el dPA pueden ayudarles en los trámites con la ciudadanía que quieran dirigirse a la Institución. Se les facilita para ello información sobre cómo acceder a la página web del dPA para que puedan consultar nuestra actividad, así como las principales vías de contacto. Se resalta además la capacidad del dPA de formular resoluciones y recomendaciones a las administraciones públicas competentes, y la herramienta del Informe Anual en el Parlamento Andaluz. Por último, se informa al personal de servicios sociales presente en la reunión de la tramitación que se está llevando en la Defensoría de una queja de oficio con el fin de obtener información sobre la configuración de los servicios sociales provinciales y municipales de todas las provincias andaluzas, actualmente en trámite.

Para finalizar la intervención, el Asesor de Área de la OIAC invita al equipo de los servicios sociales a que se presenten, y compartan las principales problemáticas que se encuentran en su trabajo diario con la idea de conocer aquellas en las que la Defensoría podría intervenir. El personal de los diferentes zonas de trabajo social comparte la siguiente información por municipios:

El Cuervo:

• Retrasos en la tramitación de los expedientes de dependencia.

• Falta de coordinación con la administración competente (Junta de Andalucía).

• Gestionan un personal de Servicio de Ayuda a Domicilio de 86 trabajadores/as.

Las Cabezas de San Juan:

• Demoras importantes en la tramitación de los expedientes de dependencia. Refieren sentirse indefensos y que van a animar la ciudadanía a presentar quejas ante el dPA. Apenas pueden facilitar información respecto al estado de los expedientes debido a que no hay interconexión con la Junta de Andalucía. Afirman: “no sabemos qué decirle a los/as usuarios/as cuando nos preguntan cómo va su solicitud de dependencia, la Administración no nos responde a los teléfonos, ni a los correos electrónicos, no hay comunicación. Cuando nos preguntan se nos queda una cara de circunstancia que nota quienes atendemos y que les genera desconfianza hacia nuestra intervención. Trabajamos a ciegas.”

• Dotación de mínimas herramientas para acceder a las bases de datos del trámite de la dependencia y poder hacer un seguimiento adecuado. Trasladan que la nueva base de datos tras la entrada en vigor del decreto de simplificación el año pasado, no les permite acceder a los datos del expediente al personal de servicios sociales comunitarios, mientras que anteriormente a la nueva normativa sí que podían consultar la situación del expediente (mediante aplicación de trabajo propia: GSA). Al iniciarse el nuevo procedimiento, refieren que se paraliza la informatización de los nuevos expedientes en esa aplicación, de manera que cuando acude una persona a servicios sociales para preguntar por el expediente puede pasar que ni siquiera les conste. Manifiestan que había compromiso de la Junta de Andalucía de dotar de recursos en este sentido a los Ayuntamientos pero no se está produciendo.

• Falta de historia social única. Solo pueden acceder por lo general a información propia de servicios sociales mediante el visor profesional, pudiendo comprobar si la persona tiene discapacidad o dependencia reconocida o si percibe una pensión no contributiva, pero no disponen de datos referentes a otras administraciones (Ej.: Seguridad Social). Insisten de nuevo en que “trabajan a ciegas” por lo general. Destacan lo positivo del uso de la herramienta “Cliente ligero”, que se trata de una plataforma de intermediación con INSS, SEPE, etc. que permite que la ciudadanía a la que atienden no tengan que traer determinada documentación justificante.

• Demora valoración de la discapacidad, en algunos casos por encima de 23 meses, no dándose prioridad siquiera a los menores, con las dificultades que ello genera en caso de solicitar becas de necesidades educativas especiales. Les explicamos nuestras actuaciones y la resolución sobre la demora de los equipos de valoración en Sevilla.

• Problemas con el propio Ayuntamiento (informes negativos de los interventores municipales) debido al alto presupuesto asignado al personal de servicios sociales, no pudiendo suportar más aumentos de plantilla. Disponen de una buena dotación de personal, que depende de Diputación de Sevilla que refuerza adecuadamente la plantilla: cuentan con cuatro trabajadoras sociales, dos psicóloga (una de ellas coordinadora del servicio), un educador social, una animadora sociocultural y dos auxiliares administrativas. El municipio también cuenta con un centro de tratamiento de adicciones (CTA) y una unidad de estancias diurnas con terapia ocupacional para personas con discapacidad, así como una escuela infantil. Refieren que la demora para cita previa en servicios sociales es de 15 días. Cuentan con Servicio de Ayuda a Domicilio municipal (160 trabajadores/as). Esto les ha generado también falta de espacio en el centro de servicios sociales, necesitando uno más grande.

• Excesivas peticiones por parte de los juzgados de informes sociales, sobre todo en materia de vivienda. También lo solicitan empresas y fondos de inversión para decidir sobre la aptitud de futuros/as inquilinos/as, aunque desde el Ayuntamiento le han permitido no responder a este tipo de peticiones, que sí son exigidas en otras entidades municipales.

• Peticiones de certificados de vulnerabilidad para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital de personas que ni siquiera son usuarias de servicios sociales comunitarios. Refieren que se les solicita identificar situaciones que ni siquiera conocen o que puedan certificar con seguridad (Ej.: si existen varias unidades familiares diferentes en una misma vivienda).

Por último, plantean la posibilidad de realizar un estudio o evaluación desde el dPA sobre la implantación del IMV, dado que están detectado cambios de comportamientos de usuarios/as de servicios sociales al tener al acceso esta prestación. En ocasiones, les llegan personas con menos disposición para trabajar por no perder la ayuda. Asimismo han detectado que están devolviendo ayudas de emergencia social porque no se se usan, o que cada vez hay menos mano de obra agrícola por miedo a que suspendan el IMV. También refieren haber tenido experiencias positivas con el dPA, puesto que la intervención de la Defensoría en un caso de falta de estabilidad del personal del servicio de ayuda a domicilio hizo que el Ayuntamiento tomara conciencia del problema, y también han podido usar recomendaciones del dPA para casos de disputas de viviendas entre administraciones (AVRA y Ayuntamiento)

Lebrija:

• Dilaciones en juzgados y fiscalía en expedientes de desamparo de menores. Refieren retrasos de más de dos años en procedimientos de este tipo, que además vuelven de nuevo a los equipos de tratamiento familiar al requerirles nuevamente informes por el excesivo plazo desde la denuncia inicial. Disponen que sienten que su trabajo con menores en riesgo no llega a materializarse en nada y que los/as mayores perjudicados/as son los/as menores.

• Excesiva lista de espera en el Centro Tratamiento Adicciones de Lebrija, así como falta de estabilidad de los equipos terapéuticos. Refieren que tiene como origen en problemas de financiación previos: la Junta de Andalucía paga al personal médico y psicológico, y el Ayuntamiento al personal de enfermería y auxiliar, y se producen impagos municipales. Esto provoca presión en los/as profesionales y que no quieran continuar en el servicio. También refieren demora en la lista de espera para acceder a comunidades terapéuticas.

• Necesidad de estabilización del personal de servicios sociales municipales, dado que mientras que se cubren las plazas, el trabajo diario recae en el resto de personal que permanece.

• Falta herramienta informativa para dar respuesta a las consultas sobre el trámite de dependencia, siendo ésta una de las principales demandas, lo que genera una burocratización de los servicios sociales.

• Excesivas peticiones de informes sociales, sobre todo en materia de vivienda. La empresa municipal de vivienda de Lebrija (INMUVISA) no dispone de trabajador/a social, y gestiona un parque total de unas 1000 viviendas municipales habiendo unas 600 personas inscritas como demandantes, que se encargan de la adjudicación de dichas viviendas. Refieren que el trabajo acaba recayendo de nuevo en servicios sociales (una única trabajadora social que lo coordina todo).

• Dificultades logísticas para gestionar el servicio de ayuda a domicilio municipal debido a sus dimensiones (cuentan con 240 trabajadores/as). Desde la entidad municipal han apostado por este tipo de gestión por la calidad que ofrecen a los/as usuarios/as y sus familias frente a otras empresas del sector (promocionan cursos de formación, cuentan con medios técnicos suficientes, etc.), pero les genera mucho trabajo que no pueden abarcar la coordinación de tantos trabajadores/as y demandas que les llegan. Plantean además que han detectado que las familias están cada vez menos responsabilizadas con el cuidado de las personas dependientes y necesitan una mayor implicación y sensibilización para ver el servicio como un apoyo.

• Dificultad en la atención de personas con enfermedad mental por parte del personal auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, debido a las propias características de este tipo de pacientes. Inicialmente sí reciben más apoyo por parte de equipos interdisciplinares, pero posteriormente se quedan solos en la atención.

• Falta de Unidad de Salud Mental en el Hospital de Alta Resolución de Lebrija. Refieren que a pesar de disponer de instalaciones adecuadas incluso de espacio físico que iba a ser destinado a esta unidad, se lo han llevado al Hospital de Alta Resolución de Utrera, no existiendo combinación de transporte entre ambos municipios, siendo más compleja la coordinación también con el servicio de ayuda a domicilio municipal.

• Falta de medios de transporte público entre Lebrija y Utrera. Proponen acercar el servicio a los/as pacientes y más disponiendo de instalaciones para ello.

Como cierre a la reunión, José Colsa agradece de nuevo la participación e implicación del equipo de servicios sociales de la zona. Expone la importancia de este tipo de reuniones para el acercamiento y el conocimiento de la realidad social del territorio, recogiendo sus principales aportaciones, y recuerda cómo pueden dirigirse a la Institución en relación a las problemáticas que han trasladado en la reunión. Los/as asistentes agradecen que se promuevan por la Defensoría este tipo de espacios y el conocimiento de las funciones y de la intervención del dPA, que refieren emplearán como una herramienta más en su intervención.

Medios de comunicación: