La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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La oficina de atención ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estuvo en la Comarca de Sierra de las Nieves (Málaga) el día 27 de Noviembre de 2018

27 Noviembre 2018
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Relato de la visita a la comarca Sierra de las Nieves (Málaga) el 27-11-2018. Hashtag: #dPA_SNieves

Hemos atendido a la Ciudadanía, Equipos de Intervención Social y Medios de Comunicación, en la ciudad de Ojén, en el Centro de Servicios Sociales. Los municipios que componen la Comarca son: Alozaina, El Burgo, Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera.

El Alcalde de Ojén y otros Representantes Municipales nos dieron la bienvenida

La Ciudadanía: Atendimos diversos problemas entre los que destacamos los siguientes:

Una Ciudadana aporta documentación sobre los problemas de accesibilidad para personas discapacitadas físicas que tiene el municipio de Istán. Como ya se ha dirigido a nosotros por escrito por este motivo y tiene queja en la Institución, procederemos a incorporarla al expediente y estudiarla con atención para valorar las posibles vías de intervención.

Un grupo de vecinos solicitan nuestra ayuda en dos cuestiones:

Por una parte nos piden que actuemos para lograr una mayor protección al Castaño Santo de Istán.

Por otra nos cuentan el mal estado de un carril que da acceso a unas viviendas. El problema se agrava cuando se da el caso de que no tienen clara la titularidad municipal de los terrenos ya que unos impuestos los cobra el municipio de Monda y otros el de Guaro. No se oponen a costear la totalidad de las obras (aunque haya vecinos que no paguen) pero quieren que alguno o los dos Ayuntamientos ejecute las obras y reclame a los vecinos que no hayan pagado. Solicitan la mediación del Defensor para tratar de llegar a una solución satisfactoria.

Una pareja de Ciudadanos, vecinos de Casarabonela, se dirigen a nosotros para comunicarnos la denegación por parte del Ayuntamiento de esta Localidad de un permiso para instalar una cerca en su parcela, que es rústica. Denuncia una situación de discriminación pues el Ayuntamiento sí ha permitido solicitudes similares de otros vecinos de la misma zona. Han recurrido la decisión del Ayuntamiento pero no les contesta. Presentan un escrito de queja que estudiaremos y valoraremos nuestras posibilidades de intervención.

Recibimos la visita de un Ciudadano de Istán que se queja de la falta de información municipal sobre cualquier actividad que realiza. Siempre hace referencias a cuestiones generales y le solicitamos que nos las comunique por escrito pero con más concreción para así poder estudiar el caso y ver si podemos ayudar a mejorar los servicios que se prestan en ese Municipio.

Una mujer nos cuenta su caso con el Ayuntamiento de Yunquera. Refiere que el Ayuntamiento cometió un error al inscribir la titularidad de un nicho del cementerio en el que se encuentran los restos de su madre. Los titulares eran ella y su hermano; el Ayuntamiento solo inscribió de titular a su hermano y cuando este falleció se entero que la titular del niño era la mujer de su hermano. Después de reclamar, el Ayuntamiento no lo soluciona.

También nos trasladan el mal funcionamiento de la residencia Sierra de las Nieves en Guaro.

Los Equipos de Intervención Social:

Después de una intervención introductoria por nuestra parte, donde explicamos el objetivo de nuestra visita, comenzamos a escuchar a personas integrantes de los Equipos Intervención Social de la Comarca de Sierra de las Nieves, con las que nos reunimos. Nos relatan los problemas que tratan y escuchamos las dificultades que tienen para desarrollar su labor, reivindicaciones y propuestas. Se trataron las siguientes cuestiones:

Vivienda: Difícilmente se encuentra una alternativa habitacional; los alquileres están muy caros y más en zonas de atracción turística.
Falta de canales de comunicación con la Junta de Andalucía para los profesionales de los Equipos de Intervención Social. No cogen el teléfono, no contestan al correo electrónico o contestan vagamente o a destiempo. No hay tampoco canales especiales para casos que requieren un respuesta rápida. Hay una descoordinación con la Junta, la comunicación es muy mala.
Dependencia: Tardanza en la elaboración de los Planes Individuales de atención (PIAS). También hay un excesivo tiempo de plazo para la valoración de la dependencia. No se cumplen los plazos.
Falta de conexión y de interrelación entre las distintas aplicaciones o plataformas que gestionan los procedimientos de los Servicios Sociales. Tienen que trabajar en 9 aplicaciones distintas en las que no hay interconexión para sistematizar la recogida de datos. Cada Organización diseña el funcionamiento de su aplicación para satisfacer sus necesidades y cumplir sus objetivos, que no coinciden con los usos que les dan.
En la planificación y diseño de los recursos no se tienen en cuenta las caracteristicas especiales de las zonas rurales. Refieren que en la normativa no se tiene en cuenta las especiales características de las zonas rurales, donde el factor de la dispersión de la población, por ejemplo, tiene que ser fundamental a la hora de planificar los recursos personales y materiales. Como consecuencia en los servicios sociales de estas zonas detectan una situación de insuficiencia de recursos, mal distribuidos, y sobrecarga de trabajo. A esto se le puede añadir el aumento de población y la no empadronada que se produce en municipios turísticos. También refieren la diferencia entre municipios de costa y los municipios de interior, más en los “pueblos profundos”.
Se dan muchos problemas urgentes y poca posibilidad de respuesta urgente.
Retrasos en las valoraciones de la discapacidad y en la de menores con dependencia.
Problemática del tratamiento de ayudas sociales como subvenciones. En la Diputación de Málaga, algunas prestaciones para cubrir necesidades básicas son gestionadas como subvenciones, es decir, que se tienen que justificar con facturas o comprobantes de compra. Por otra parte, este tipo de gestión conlleva que a las personas no pueden tener deudas con la Administración (Seguridad Social, Hacienda) y que, ademas, tienen que ser titulares de cuentas bancarias por lo que se las embargan.
Falta de reuniones de coordinación y de reuniones entre el personal técnico que trabaja en los Servicios Sociales. Desde Diputación no se fomenta este tipo de reuniones. Tampoco hay reuniones entre Equipos de Intervención Social de diferentes zonas cercanas y dentro de la provincia.
Dependencia: Problemática con la tramitación de estas prestaciones. Primero tienen que pasar por un registro municipal antes de llegar a los Servicios Sociales comunitarios y ellos se lo pasa a Servicios Centrales de Diputación; estos, a su vez, lo registran y se lo pasan a la Junta. Si hay algún problema en la solicitud una vez que llega a la Junta, la solicitud sigue el mismo trayecto pero a la inversa.
RMISA: Los requerimientos lo hace la Junta pero la Ciudadanía se la entrega a ellos. Problemas con los plazos. Retraso y poca información.
Se debe de llegar a una aclaración sobre los distintos tipos de servicios sociales. Cuando se habla de servicios sociales se debe diferenciar entre servicios sociales especializados y los comunitarios, porque estos últimos tramitan de todo.
Mejora en los procedimientos de gestión, a nivel de alertas. Cuando se aprueba o se requiere algo en un PIA en NETGEFYS, no hay un sistema de aviso, te tienes que dar cuenta mirando asiduamente tus PIAs que están pendientes.
Las conexiones de internet en las zonas rurales van mal y cuestan más. Los centros Guadalinfo dependen de las subvenciones y unas veces están y otras no. No hay medios para usar la administración electrónica.

Dependencia: No hay criterios claros para la elaboración de PIAS y saber que recursos se pueden proponer por parte de los servicios sociales.
Se recarga el trabajo de los Servicios Sociales por falta de respuesta de las Delegaciones Provinciales. Cuando la Ciudadanía pregunta a la Junta, en muchas ocasiones, les remiten a los Servicios Sociales Comunitarios para que les informen o soliciten el trámite de urgencia.
Creen que se debe arbitrar un procedimiento especial para obtener la tarjeta de discapacidad por razones humanitarias, al igual que ya se establece para obtener las tarjetas de aparcamiento.
Se señalan problemas con la atención que se prestan a los menores. Refieren casos de expulsión de los centros educativos a menores que requerirían un recurso alternativo a estar simplemente en la calle. Pero lo más grave que refieren es que tras realizar acciones continuadas de control y seguimiento de las personas menores y sus familias, redactan unos informes con las medidas que se deben adoptar y que remiten a Protección de Menores de la Junta, que los deniegan sin siquiera consultarles. Dicen que lo mismo ocurre con la Fiscalía. No intervienen, se escudan en cualquier cosa para no efectuar la retirada. Entienden que los Equipos de Intervención Social se quedan en una posición muy delicada con las familias y los menores.
RMISA: la deniegan cuando falta cualquier dato y la devuelven si hay que comprobar o revisar algún dato que no está claro.
Hay muchos extranjeros en la zona y no hay medios para entenderse en diferentes idiomas. Pero el problema de los extranjeros comunitarios va más allá: son personas que sin arraigo social y familiar se instalan en unas viviendas grandes y con el paso de los años se quedan sin recursos económicos y sin lazos familiares que les puedan apoyar.
La normativa no recoge el número de educadores por Centro de Servicios Sociales.
Nos hablan de una casa-hogar para enfermos mentales en Ojén, que es de Faisem, pero sin recursos terapéuticos. A los enfermos los mandan allí, pero no reciben ninguna atención especializada.