La nueva normativa ampliará plazo de prescripción de infracciones por lesión de derechos de personas usuarias de perros guía

La futura reforma de la legislación andaluza sobre derechos de las personas con discapacidad usuarias de perros guía incorporará nuestra propuesta de ampliación de los plazos de prescripción de las infracciones que la misma recoge.

Comparecía en esta Institución una asociación de consumidores en representación de una ciudadana afectada de una disfunción visual, que necesita para desplazarse del auxilio de perro guía.

Con fecha 8 de febrero de 2013 accedió a un establecimiento dedicado a la comercialización de prendas de vestir de fiesta y trajes de novia. Al parecer, la interesada fue requerida por el personal que atendía el citado establecimiento para que lo abandonara debido a la compañía del perro, hechos por los que formuló la oportuna hoja de reclamaciones al entender que se producía un incumplimiento de la normativa sobre uso de perros guía en Andalucía.

Ante la falta de repuesta a dicha hoja de reclamaciones, se presentó denuncia en el Servicio de Consumo (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz), con fecha 22 de marzo de 2013, solicitando el inicio de expediente sancionador contra el establecimiento.

Con fecha 23 de abril de 2013 el citado Servicio notificó a la parte interesada que se acordaba el traslado parcial de la denuncia a la “Delegación del Gobierno de la Consejería de Justicia e Interior” por razones de su competencia sobre tenencia de perros guía.

Con posterioridad, el 19 de julio la parte interesada puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz que había obtenido la respuesta del establecimiento a la hoja de reclamaciones y que de la misma se deducía el reconocimiento de la comisión de infracción a la normativa sobre perros guía a personas con disfunción visual, solicitando el oportuno procedimiento sancionador.

Con fecha 17 de octubre de 2013 la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales remite comunicación a la parte interesada en la que se da cuenta de los antecedentes habidos y se pone de manifiesto que recibió oficio de la Delegación del Gobierno de Cádiz, con fecha 7 de agosto de 2013.

A pesar de considerar que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de falta grave, concluía la Delegación Territorial que no procedía el inicio de expediente sancionador al haber prescrito la infracción, por el transcurso de más de 6 meses desde que tuvieron lugar los hechos.

El interés de esta queja se ha centrado en la apreciación de que son necesarios mecanismos que impidan que puedan reiterarse situaciones como la denunciada, en que la vulneración de los principios de atención y diligencia administrativa en la tramitación de denuncias supone la imposibilidad de sancionar conductas reprobables.

En este sentido, trasladamos a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales la oportunidad de valorar una posible reforma normativa que amplíe los plazos que habilitan para el ejercicio de la potestad sancionadora, máxime teniendo en cuenta que la normativa de procedimiento administrativo fija el plazo de prescripción de las infracciones graves en dos años.

Al respecto, la Dirección General de Personas con Discapacidad nos indicó que tenía la intención de impulsar la aprobación de una nueva Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad usuarias de perros de asistencia en general y que se tendría en cuenta la cuestión planteada en la propuesta de regulación del régimen sancionador.

En cuanto a la actuación de las unidades administrativas implicadas pudimos conocer que no se dio el debido curso un primer escrito remitido desde la Delegación del Gobierno a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales con fecha 9 de mayo de 2013, lo cual habría causado el retraso en la puesta en conocimiento de los hechos al órgano competente para sancionarlos objeto de reprobación por parte de esta Institución.

En cualquier caso, desde la citada Delegación Territorial se destacó la adopción de medidas a partir de diciembre de 2013 que habrán de desplegar un control más exhaustivo sobre la documentación recibida en el Registro de la Delegación Territorial.