Sevilla, 29 de Enero de 2009.
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La incorporación al Estatuto Andaluz de un nuevo Título dedicado a “ los derechos sociales, deberes y políticas públicas” y la consideración que se otorga en el mismo al Defensor del Pueblo Andaluz como instrumento específico de garantía de estos derechos, mueve a esta Institución, para el más eficaz cumplimiento de su cometido garantista en el nuevo entorno, a intensificar su actuación a favor de aquellos sectores de personas desprotegidas y en situación de exclusión social.
En este ámbito, es una exigencia desde hace tiempo asumida, la necesidad de contar con una norma de rango legal en Andalucía que aborde desde una perspectiva integradora, como ya existe en otras Comunidades Autónomas, las distintas políticas sociales que posibilitan la mejora y prevención de la situaciones de exclusión social.
La iniciativa social ha sido una parte fundamental en este proceso reivindicando y participando en la consulta promovida por la Junta de Andalucía para la adopción de un marco legal adecuado al contexto actual favorecedor de la inclusión social con el consenso de todos los sectores sociales implicados.
Tras diversas vicisitudes, los proyectos normativos en esta materia no se han plasmado aún en un texto que de cobertura y garantice los derechos sociales para aquellas personas que más lo necesiten. El debate sigue abierto, y es necesario aunar criterios y posturas que, a pesar de coyunturas económicas, permitan contar con un marco adecuado a las previsiones estatutarias en materia de garantía de derechos que asegure a los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de exclusión de Andalucía una respuesta real y efectiva a su situación de desigualdad social.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz siempre se ha ofrecido a la sociedad como un cauce eficaz de participación recogiendo las demandas y propuestas de la ciudadanía en orden a asegurar el disfrute efectivo de sus derechos y trasladándolas y apoyándolas, en su caso, ante los poderes públicos que deben adoptar las medidas necesarias para ello.
Con este fin, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y las organizaciones sociales mas implicadas en la lucha contra la exclusión llevan colaborando estrechamente en esta línea desde hace tiempo, lo que se ha puesto de manifiesto por el trabajo que ha venido realizando la comisión creada entre esta Institución y distintas Entidades Sociales que ha dado lugar a la elaboración de propuestas que puedan ser incluidas en este Anteproyecto de Ley a aprobar por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
En este punto se ha considerado conveniente canalizar estos trabajos en el marco de una Jornada donde, Defensor del Pueblo Andaluz e iniciativa social, podamos reflexionar sobre estas cuestiones y propuestas de forma conjunta con la Administración Andaluza.
Con esta Jornada, en definitiva, nos planteamos dos objetivos. En primer lugar, hacer un llamamiento al conjunto de las Administraciones sobre la importancia de contar con una Ley de Inclusión que venga a dar respuesta a las distintas problemáticas sociales que afectan a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y, en segundo lugar, propiciar la elaboración de propuestas que surjan del trabajo y la reflexión de los distintos sectores participantes en la Jornada, para su posterior presentación ante la Administración y su incorporación al futuro Anteproyecto de Ley.
Finalmente, aspiramos a que se concluya con compromiso inequívoco por parte de la Administración y todos los sectores sociales, que se materialice en una Ley que suponga un claro avance y consolidación de los derechos sociales recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-defensor-a-un-clic-comunicate
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