El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Investigamos las medidas adoptadas para el reinicio del curso escolar

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 20/4797 dirigida a Consejería de Educación y Deporte

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Valoramos la organización de los centros docentes en el curso 2020/21 ante la Covid19.

30-07-2020 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de SARS-COV-2 como pandemia, elevando a dicha extrema categoría la situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. En este contexto, se adoptaron, desde el Gobierno de la Nación y por la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, unas disposiciones, ajustadas a los principios de minimización de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos.

Dichas decisiones se fijaron mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 67, de 14 de Marzo de 2020) y acordadas en el ámbito de la Junta de Andalucía por Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA nº extraordinario 7, de 15 de Marzo de 2020).

En esta delicada etapa, que toda la sociedad andaluza ha padecido, y padece, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, no ha tenido limitada sus funciones; antes al contrario, la figura creada por la Constitución Española, e incorporada en el autogobierno andaluz en su Estatuto, resulta singularmente llamada a desempeñar su papel de garante y protectora de los derechos y libertades de la ciudadanía precisamente en estos momentos tan singulares (artículo 12.3 de la Ley 1/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz).

Igualmente, la situación ha propiciado una sucesión de medidas añadidas que se han adoptado en varios ámbitos de aplicación, procurando dar respuestas a las complejas vicisitudes que se generaban en la lucha contra la pandemia.

Sin duda, el escenario educativo ha ocupado un relevante lugar en los ámbitos afectados por esta delicada situación y así, con fecha 13 de febrero, mediante Orden de la Consejería de Salud y Familias se decretó el cierre de los centros docentes con efectos del 14 de marzo de 2020 y así han permanecido hasta la finalización del curso en base a la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz por la citada Orden de 13 de marzo.

El avance de las fechas hacia el nuevo curso 2020/2021 y la evolución de la amenaza para la salud pública de la pandemia, obligan a anticipar las medidas que deben regir el próximo ejercicio educativo. La Viceconsejería de Educación y Deporte ha dictado unas Instrucciones de 6 de Julio destinadas a organizar los centros ante el escenario de un nuevo curso escolar.

Dichas instrucciones, desglosadas en 22 aspectos, han sido comunicadas y difundidas a los distintos centros educativos afectados por las mismas, a fin de estudiar sus contenidos y disponer las medidas organizativas propias de cada centro en el marco de tres principios de actuación: entorno escolar seguro; autonomía y flexibilidad organizativas; y actividad docente presencial.

Podríamos resumir el proceso emprendido en base a unos principios previos y comunes que se han fijado desde la autoridad educativa que deberán aplicarse en cada centro en el marco de esas capacidades de autonomía y flexibilidad y desplegarse con una relación de medidas específicas desde cada centro que van a regir en el curso entrante y en función, lógicamente, de la evolución de la situación sanitaria.

En concreto, la instrucción quinta (punto 1) establece que cada centro elaborará su propio protocolo de medidas, con unas serie detallada de aspectos de obligada regulación (punto 3) y que se incluirán formalmente en el Plan de Centro (punto 4).

Pues bien, en este delicado momento, los respectivos equipos responsables de los centros educativos se aprestan a conocer y estudiar el contenido de tales Instrucciones y a elaborar cumplidamente el “protocolo de actuación específico” para ser incorporado a su Plan de Centro. Y en esta tarea surgen los retos para poder definir y transformar en la realidad de cada centro, edificio, grupo o en la propia singularidad de la comunidad educativa, la preparación de los contenidos regulados que se deben disponer y aplicar en el inicio del curso.

En este contexto, y entre las manifestaciones de preocupación que están siendo expresadas por distintos actores responsables ante esta Institución, resultan destacadas las incidencias que se relatan en cuanto a la dificultad para aplicar las pautas en dicho protocolo.

Efectivamente, la casuística de estos comentarios es tan amplia como situaciones concretas podamos imaginar en la extensa red de centros educativos de Andalucía y que aluden, por ejemplo a: las condiciones de los entornos de los centros; disponibilidad de accesos de entrada y salida; control de personal de los momentos de inicio y final de la jornada lectiva; falta de espacios en cada aula; colapso de servicios o aseos; inexistencia de recorridos adaptados; y un sinfín de elementos que surgen en la misma medida en que los equipos redactores de estos protocolos realizan sus operaciones para discernir el contenido literal de cada instrucción para transformarlo en la realidad de sus entornos.

Desde el comienzo de la aplicación práctica de estas nuevas medidas, ante la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor hemos venido recibiendo peticiones y quejas desde diferentes actores y protagonistas sobre los efectos que se producen tras estas decisiones adoptadas y referidas, en su mayoría, a los problemas derivados de las vicisitudes de tipo organizativo, como ya hemos comentado. Con el objetivo de procurar una cierta ordenación o sistemática en esta relación de experiencias, podríamos destacar algunas coincidencias indiciarias de trabas expresadas: el indudable incremento de condicionantes y requisitos en los desempeños directos de todo personal ante la nueva organización del centro; y la falta de concreción de los medios de apoyo de todo tipo que va a necesitar el mero diseño del inicio del curso.

Y es que resulta evidente que para el personal docente, de apoyo y la plantilla del resto de servicios la mera descripción de tareas que se cierne sobre la llamada nueva realidad, implicará un sensible aumento de funciones que afectará al ámbito de sus actuales responsabilidades, al menos como estaban hasta la fecha definidas.

Del mismo modo, el entorno de apoyos y refuerzos que se proclaman ha generado iniciativas entre los equipos de los centros para anticipar esos posibles recursos añadidos en materias como los servicios complementarios de limpieza y desinfección, o de otras funciones que son aportadas por las autoridades municipales. Tampoco en esta particular responsabilidad local se han concretado las efectivas disponibilidades de refuerzos que se deberán aplicar de un modo generalizado o programado. Más bien, los ejemplos que hemos conocido vienen a reiterar las trabas y carencias que pesan en los servicios municipales que anticipan sus propias dificultades para aportar su alícuota parte de esfuerzo, y refuerzo, ante el nuevo curso escolar.

En esta compleja situación se vienen produciendo anuncios de medidas de incremento de personal docente que contienen unos contingentes muy destacados de plazas (se llega a hablar de 6.300 contrataciones) que, además de provocar una innegable expectativa, no terminan por concretarse en destinos específicos que vendrían a facilitar las labores de estudio y distribución de esfuerzos que en estos precisos momentos, y no mucho después, se deben reflejar en los planes, protocolos y medidas que se redactan en estas fechas anticipadas.

Pues bien, nos encontramos ante una situación en la que los protagonistas del sistema educativo evidencian, como en pocas ocasiones, la fragilidad ante un reto de la vida docente del próximo curso en el marco de una amenaza sanitaria que deben obtener en las funciones públicas la mejor garantía para decidir esas medidas de protección para la salud de todos los colectivos procurando las condiciones más acordes con sus intereses superiores. En suma, una difícil situación para el alumnado, el profesorado así como el resto de personal, y no menos delicada responsabilidad de los integrantes del ámbito educativo. Además, este enorme reto, por su dimensión y ausencia de precedentes, implica a las facetas más delicadas y comprometidas del sistema, como son la educación compensatoria y la educación especial.

A los efectos que venimos argumentando, también podemos aludir a los efectos e impactos que el pasado curso ha provocado y las consecuencias que quedan para la experiencia y conocimiento que se han generado entre toda la comunidad educativa. Es decir, al menos ya se cuenta con la evaluación de una situación sobrevenida que, ahora, en una nueva fase, se enfrente a la función ordenadora de las medidas decretadas sobre los centros y dependencias educativas para un curso que inicia. Unas dificultades que se pueden resumir en una pluralidad de medidas instruidas que no pueden ser aplicadas en los términos ordenados y que no alcanzan a atender lo dispuesto por las instrucciones, ni tampoco se disponen de alternativas creíbles que su cumplimiento. En estos procesos, también está siendo recurrente aludir a la falta de canales inmediatos y continuos de consulta y apoyo técnico que faciliten ese diálogo entre los equipos directivos y las propias autoridades que deben controlar el eficaz cumplimiento de las Instrucciones dictadas.

Por todo ello, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha considerado oportuno propiciar el análisis de la situación, a través de una iniciativa propia, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, ante la Consejería de Educación y Deporte, en relación con la protección del alumnado en la aplicación por el servicio educativo de las medidas previstas por las Instrucciones de 6 de Julio de 2020 dictadas por la Viceconsejería relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19.

En concreto nos interesa conocer las iniciativas adoptadas, en su caso, por la Consejería educativa fin de promover actividades de clarificación de las instrucciones dictadas entre los profesionales destinatarios; los dispositivos o canales de consulta y apoyo en la adopción de los criterios organizativos para los centros; los criterios establecidos para la asignación específica a los centros docentes del repertorio de medios de refuerzo personal y material anunciados; así como conocer cualquier otra consideración que estimen convenientes abordar en relación con el asunto tratado.

28-12-2021 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Consejería, con fecha 18 de septiembre de 2021 nos remitió un completo informe en el que se relacionan diversas medias adoptadas, como son:

- La elaboración de un marco de medidas pedagógicas y organizativas dirigidas a los centros docentes, que ha servido de referencia para la elaboración por cada uno de ellos de un Protocolo de actuación COVID-19 adaptado a su contexto, al objeto de que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el presente curso. En dicho Protocolo se ha previsto Ia posibilidad de que, en determinados periodos del curso, no se desarrolle la enseñanza de manera presencial, es decir, se lleve a cabo a distancia y con medios temáticos, en el caso de que así lo determinaran las autoridades sanitarias.

- La incorporación de 8.000 nuevos profesionales al sistema educativo (profesorado, personal de limpieza, PTIS).

- La adquisición de 150.000 dispositivos digitales (conectividad al 100%), que empezarán a llegar a todos los centros educativos públicos al inicio del curso escolar. Además, y en el marco del convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la dotación de otros miles de dispositivos a lo largo del curso, con destino principalmente al alumnado vulnerable digitalmente escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos.

- La puesta a disposición de mascarillas para el personal (3 millones/mes) y geles alcohólicos para los centros (mas de 300.000 litros/mes).

- La inversión de más de 25 millones de euros en obras de adaptación para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, que supone que se han realizado o se están realizando 1.138 actuaciones, en 959 centros, de 410 localidades, favoreciendo el empleo y la economía local.

- La firma de acuerdos con Google y Microsoft para Ia utilización y formación de sus recursos digitales.

- Una apuesta decidida por la formación del profesorado en competencia digital. Ya se han formado más de 36.000 docentes.

- La realización de Test de detección del COVlD19 para los profesionales de la educación (en torno a 150.000)”.

Igualmente la Consejería aporta un calendario de citas, contactos y reuniones con distintos agentes ligados con el sector de la enseñanza para transmitir la actitud de diálogo y participación con la que manifiesta ese organismo haber abordado la planificación de las políticas ante la pandemia. Del mismo modo y para realizar un balance resumen de las medias adoptadas, con fecha 8 de noviembre de 2021 se remitió una tabla descriptiva de las “jornadas incurridas” y sustituciones producidas comparando el curso 201/2019 con el curso 202/2021. Y así se expone:

Total Jornadas Incurridas 2018/19= 1.393.358.

Total Jornadas Incurridas 2020/21= 2.007.406

(aumento Jornadas Incurridas 614.048).

Por último reseñamos la valoración global de la Consejería ante el Plan de Acción elaborado para afrontar el reto de la pandemia en el sector educativo andaluz. Se concluía señalando que:

Se ha trasladado a la comunidad educativa un mensaje claro y contundente sobre las medidas que ya se han adoptado y las que se siguen adoptando, que se puede resumir en dos ideas básicas:

1. En Andalucía se esta llevando a cabo una vuelta segura y presencial a las aulas en este mes de septiembre con la responsabilidad y la colaboración de todos: administraciones, docentes, equipos directivos, familias, etc. Es un deseo y una necesidad de todos los andaluces que nuestro alumnado vuelva a las aulas, por lo que supone la presencialidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje y también para favorecer la conciliación laboral y familiar.

2. Andalucía ha sido una de las primeras Comunidades Autónomas de España en presentar su plan de acción en Educación para el curso escolar 2020/2021, atendiendo a la situación provocada por el COVID-19, con una inversión de más de 600 millones de euros, el mayor refuerzo para un curso en la historia de Andalucía. EI pasado 30 de junio, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se tomó conocimiento del citado Plan”.

A la vista de esta detallada información, podemos ofrecer una valoración global. Y es que efectivamente, con la trayectoria seguida en los dos últimos cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021, afectados en su vigencia por la pandemia, nos hemos encontrado ante una situación en la que los protagonistas del sistema educativo han evidenciado, como en pocas ocasiones, las dificultades en la vida docente en el marco de una persistente amenaza sanitaria que deben obtener en las funciones públicas la mejor garantía para decidir esas medidas de protección para la salud de todos los colectivos procurando las condiciones más acordes con sus intereses superiores. En suma, una difícil situación para el alumnado y no menos delicada responsabilidad de los integrantes del ámbito educativo.

Además, este enorme reto, por su dimensión y ausencia de precedentes, ha implicado a las facetas más delicadas y comprometidas del sistema, como son la educación compensatoria y la educación especial.

A los efectos que venimos argumentando, también podemos aludir a los efectos e impactos que el curso ha provocado y las consecuencias que quedan para la experiencia y conocimiento que se han generado entre toda la comunidad educativa. Es decir, al menos ya se cuenta con la evaluación de una situación sobrevenida que, ahora, en otras fases añadidas, se enfrenta a la función ordenadora de las medidas decretadas sobre los centros y dependencias educativas para otros escenarios que, en mayor o menor medida, siguen presentes en la sociedad a través de diferentes olas o momentos y que exige una actitud de cautela y seguimiento de las tareas de prevención y cuidados.

Con todo, podemos concluir que el sistema educativo ha asumido los retos impuestos por la pandemia ofreciendo un resultado que muestra la capacidad de respuesta ante el reto de compatibilizar la actividad educativa con las medidas de prevención y contención de la pandemia. Ello no relega la importante actividad desplegada por esta Defensoría atendiendo las numerosísimas quejas que se han tramitado por las dificultades suscitadas en la actividad educativa debidas a los impactos de la pandemia. Aunque nos remitimos al relato de toda esta actividad conforme se ha recogido en el Informe Especial citado antes, mayoritariamente, hemos podido comprobar los esfuerzos de toda la comunidad educativa por lograr una continuidad de la actividad presencial y compatibilizar el desarrollo de la vida escolar con las medidas sanitarias procurando establecer un difícil clima de normalidad, a pesar de todo.

Desde luego, no pretende esta valoración ofrecida en la presente queja de oficio aportar un sesgo definitivo ante una situación incierta y sometida a renovadas amenazas de olas o repuntes de los datos de contagio o de impactos en los sistemas sanitarios. Pero sí debemos estar rotundamente alertas ante un peligro cierto y que exige la permanente definición de medidas de prevención, contención y respuesta ante la COVID 19 y sus variantes.

Sólo añadimos el deseo de que la capacidad científica y las políticas de salud pública definan con eficacia las pautas que, en cada momento, permitan a la sociedad en su conjunto contener los peores efectos de la pandemia. En ese deseo incluimos las responsabilidades de las autoridades que deberán persistir en aportar su esencial desempeño en el particular escenario del ámbito educativo.

 

 

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