Investigamos la justificación de la decisión de eliminar lineas de los colegios públicos rurales de localidades alpujarreñas

En estos últimos días del mes de septiembre vienen apareciendo en la prensa numerosas noticias que se hacen eco de la huelga que desde el pasado martes 17 de septiembre vienen manteniendo los padres y madres del alumnado de los colegio públicos rurales de las localidades alpujarreñas de Torvizcón y Bérchules –que tiene aulas en este municipio y en Alcútar y Juviles– en señal de protesta por el cierre de unidades en dichos centros docentes y, por lo tanto, de personal docente, lo que imposibilita que los niños y niñas reciban una educación con unos mínimos estándares de calidad.

En el caso de Bérchules, se ha perdido una unidad, con lo que son tres las unidades autorizadas en este momento , agrupados en una de ellas, todo el alumnado del segundo ciclo de educación infantil (3, 4 y 5 años) y primero de primaria (13 en total); otra en la que se atiende al alumnado de segundo, tercero y cuarto de primaria (12 en total); y la tercera, en la que se atiende al alumnado de quinto y sexto de primaria (11 en total).

Por su parte, en Juviles tan solo se contará con una unidad, en la que se atiende a un total de 13 niños y niñas de seis niveles diferentes.

Complica aún más la cuestión el que algunos de los docentes están sometidos a la itinerancia entre los distintos colegios rurales, lo que no permite a los tutores ejercer convenientemente su tutoría; o que sean dos docentes diferentes los que imparten una misma asignatura en función de su estancia en cada centro; o que tengan que esperar a que llegue un docente para poder desplazarse al otro centro, solapándose las itinerancias y haciendo casi imposible el cumplimiento del horario lectivo.

Hasta ahora, según parece, todos los intentos de los padres y madres, apoyados por los respectivos Ayuntamientos, para que por parte de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada reconsidere la decisión del cierre de las unidades señaladas han sido en vano, motivo por el que han decidido continuar con las movilizaciones.

Con el objetivo de conocer las motivos que han justificado la decisión de la supresión de las lineas en cuestión, así como para conocer con mayor profundidad sus consecuencias, hemos decidido incoar un expediente de queja de oficio, haciendo uso de la habilitación que a estos efectos nos confiere el art. 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y solicitar informe a la Delegación Territorial competente.