Investigamos la falta de especialistas en Neurología en la provincia de Huelva

A raíz de las noticias aparecidas en medios de comunicación y de quejas recibidas en esta Institución, hemos tenido conocimiento de las reclamaciones efectuadas tanto por personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como de personas afectadas y la Asociación Onubenses por una Sanidad Publica de Calidad (Onusap) en relación con las consecuencias para la ciudadanía de la falta de especialistas en neurología en la provincia de Huelva.

Si bien no se trata un problema exclusivo de esta provincia, ni tan siquiera de Andalucía, parece ser que es en Huelva donde la insuficiencia de neurólogos es más acusada en relación con la población destinataria y la incidencia de importantes patologías que requieren los servicios de esta especialidad, como el Ictus, el Alzheimer, el Parkinson, la Esclerosis Múltiple, o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), entre otras.

Según los últimos datos publicados por el SAS (con fecha de 22 de junio de 2022), 6637 pacientes estaban hace un año en lista de espera para la primera consulta en la provincia, con una demora media de 139 días. No obstante, de la información recogida en diversos medios de comunicación se desprende que la situación se complicó en el verano de 2022, al sufrir el traslado de 6 neurólogos a otros hospitales fuera de la provincia.

De la información recabada se desprende que, aunque la plantilla del Área de Neurología del Hospital Juan Ramón Jiménez, único en la provincia con neurología en su cartera de servicios, se compone de 14 plazas de facultativos, en el mes de junio solo prestaban servicio en la misma 7 neurólogos y 2 neurólogos adicionales que no realizaban por completo su actividad para la población de Huelva.

En un escrito firmado por dos neurólogos del Hospital Juan Ramón Jiménez respecto a la situación actual del Servicio de Neurología, que ha sido difundido ampliamente, se apunta que las principales consecuencias de la insuficiencia de personal son las siguientes:

• Primera valoración entre 12 y 15 meses después de la petición, con el consiguiente retraso en los diagnósticos y en los tratamientos necesarios, impidiendo un diagnóstico precoz de la patología neurológica y con el agravamiento de síntomas y patologías. En el caso de pacientes con migraña y neuralgias que requieren tratamientos específicos y complejos, les conlleva soportar un dolor incapacitante durante la espera.

• Se han cerrado las consultas monográficas para patologías especificas (Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, neuralgias, etc.) y, en consecuencia, se estaría produciendo un retraso entre 6 y 12 meses en el seguimiento de estos pacientes.

• Retraso en revisiones que deberían ser periódicas, que puede llegar a ser de más de 14 meses de espera en las revisiones de consultas generales.

Especialmente grave es el caso de pacientes que ya han tenido un ictus y que están en seguimiento por riesgo muy alto de ictus y que precisan controles de seguimiento en un plazo determinado. También está el caso de los pacientes con enfermedades desmielinizantes, que actualmente cuentan con unidad de día neurológica y requieren seguimiento estrecho de las complicaciones.

• Dificultades para mantener las guardias de presencia física, lo que implica no mantener con un funcionamiento adecuado la Unidad de Ictus y prestar atención presencial 24 horas a la patología neurológica urgente. Señalan que aunque el Centro Andaluz de Teleictus (CATI) es un medio útil para el reconocimiento e inicio de tratamiento precoz, siempre se ha de derivar a los pacientes a una Unidad de Ictus de referencia, por lo que no supone una alternativa idónea a esta unidad.

• A lo anterior se añadiría más de un año sin ecógrafo y sin el personal suficiente para realizar pruebas de imagen, por lo que los especialistas en neurología, que ya se encuentran saturados, deben realizar además las funciones de auxiliar de enfermería y celador.

Respecto a las posibles soluciones ante la insuficiencia de personal, el aludido escrito sostiene que la creación de una unidad intercentros no supondría un aumento real del número de especialistas en neurología, al aumentar también la población de referencia, por lo que aunque se podrían solucionar las guardias, no se solventarían los problemas de las consultas.

Asimismo señalan que desde marzo de 2023 estaba pendiente la publicación de los listados de los candidatos que han elegido Huelva como destino en la OPE, paso necesario para conocer las plazas que se podrían cubrir. Asimismo resulta fundamental la adopción de medidas para facilitar que los especialistas en neurología (y en otras especialidades) se interesen por el destino de Huelva.

Por último, ni los firmantes ni la asociación promotora de la mencionada queja consideran adecuada la teleconsulta sin videollamada que se habría intentado implantar en la primera visita para poder solicitar las pruebas pertinentes, afirmando que esta práctica está contraindicada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) por no permitir la exploración de los pacientes y trasladando la lista de espera a la lista de espera para pruebas diagnósticas (listas de espera que a su vez se encuentran saturadas). Consideran que esta medida no solo no palia la situación, sino que podría empeorarla, ya que la consulta de revisión o segunda visita para valorar las pruebas diagnósticas no está sujeta al Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Como ejemplo concreto de las disfunciones en la prestación de la atención neurológica provocadas por la insuficiencia de personal podemos citar la queja 23/1950, en la que una onubense nos trasladaba su preocupación por el retraso en la consulta de neurología a la que su padre había sido derivado en abril de 2022 por su médico de atención primaria tras observar un deterioro cognitivo y efectuar las pruebas correspondientes. El elevado retraso suponía que el paciente continuase sin el tratamiento adecuado y sin poder obtener el informe que sería preciso para la valoración y reconocimiento de su situación de dependencia.

Pues bien, recientemente hemos recibido el informe solicitado a este respecto a la Dirección Gerencia del Hospital Juan Ramón Jiménez, en el que nos trasladan que se ha citado al paciente para el mes de agosto de 2023, es decir más de 15 meses después de la derivación desde atención primaria.

La demora, según nos explica la Dirección Gerencia en un ejercicio de transparencia y reconocimiento de la situación expuesta, se debe al “déficit de facultativos especialistas en Neurología, lo que ha provocado que los tiempos en lista de espera de consultas en esta especialidad se hayan incrementado notablemente” y que tengan “serios problemas para poder asistir en plazo de garantía”, debido principalmente a la carencia de facultativos en bolsa.

La Gerencia del Hospital nos traslada que ha “manifestado a los organismos sanitarios, la necesidad de tomar medidas que hagan atractivo el destino de nuestra provincia para los facultativos de Neurología, medidas que mejoren las condiciones laborales y de estabilización”.

El artículo 43 de nuestra Constitución recoge el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Asimismo, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía garantiza este derecho constitucional mediante un sistema sanitario público de carácter universal y recoge, entre otros, el derecho de los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud a acceder a todas las prestaciones del sistema y a la garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos.

Asimismo, en desarrollo del principio constitucional de igualdad, ha de garantizarse el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio.

Como se ha señalado al inicio, aunque el expuesto no es un problema exclusivo ni de la especialidad de Neurología ni de la provincia de Huelva, lo cierto es que se están produciendo importantes diferencias en la atención sanitaria en esta especialidad y por tanto en la protección de la salud respecto a áreas de población con grandes hospitales de referencia que presentan menos problemas de personal.

El hecho de que se trate de una especialidad que atiende a algunas de las patologías con mayor incidencia en la salud y la discapacidad, le confiere mayor gravedad si cabe. En particular, el ictus es la la segunda causa de muerte en España.

Además produce graves deterioros en la calidad de vida de quienes sobreviven, es la primera causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de demencia, según datos de la European Heart Network (European Cardiovascular Disease Statistics 2017).

La Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular especifica que en la provincia de Huelva más de 900 personas sufren cada año un ictus, lo que supone que entre dos y tres onubenses sufren un ictus cada día. La incidencia es de unos 200 casos por cada 100 000 habitantes/año y la prevalencia de 8 casos por 1000 habitantes; esto es, uno de cada cuatro onubenses sufrirá un ictus en algún momento de su vida.

Para hacer frente a este grave problema de salud pública, el Plan de Acción Europeo de Ictus 2018-2030 define cuatro objetivos generales para el año 2030:

1) Reducir el número absoluto de ictus en Europa en un 10%.

2) Tratar al 90% o más de todos los pacientes en una unidad de ictus especializada como primer nivel de atención.

3) Elaborar planes nacionales que integren toda la cadena de atención desde la prevención primaria hasta la vida después del ictus.

4) Implementar estrategias nacionales para intervenciones de salud pública multisectoriales a fin de promover y facilitar un estilo de vida saludable y reducir otros factores de riesgo ambientales (incluyendo la contaminación), socioeconómicos y educativos.

Según datos del Plan Andaluz de Atención al Ictus, en Andalucía, con una incidencia de 18 000 casos al año, hay 12 unidades de ictus repartidas en todas las provincias, si bien solo la de Huelva presentaría problemas y que el resto estarían bien dotadas.

En definitiva, nos encontramos con que cuestiones relativas a las políticas de personal o dotación de recursos humanos ante la insuficiencia de especialistas en Neurología están teniendo un impacto en la calidad de la atención en esta especialidad y en el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad en la provincia de Huelva respecto al resto del territorio andaluz, incumpliendo de manera reiterada los plazos garantizados en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

A este respecto, debemos citar el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que “la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos”.

Es preciso reflejar que en el BOJA de 18 de julio, se ha publicado la Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurología, por el sistema de acceso libre a las personas aspirantes que han superado el correspondiente concurso-oposición, entre las que se encuentran cinco especialistas neurólogos para el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

No obstante lo anterior, en atención a las dificultades detectadas, expuestas por fuentes de diversa procedencia, hemos considerado procedente la intervención de esta Institución mediante la apertura de un expediente de queja de oficio, amparado en las facultades conferidas por el artículo 10 de nuestra Ley reguladora, con el objeto de analizar, junto con la administración sanitaria, las causas de la situación descrita que afecta a la especialidad de Neurología en la provincia de Huelva, a fin de esclarecerlas y conocer sus posibles soluciones, cumpliendo con el mandato de nuestra Constitución en cuanto al derecho a la protección de la salud, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, entre otros, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.