Investigamos el paradero de tres menores llegados en pateras

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, y la Defensoría del Pueblo del Estado decidieron, en 2013, trabajar conjuntamente con el objetivo de conseguir la implicación de todos los organismos con competencia en la defensa de los derechos de los menores que llegan a las costas andaluzas en compañía de personas adultas cuya filiación no resulta acreditada.

A tal efecto se han venido desarrollando distintas jornadas de trabajo en las que han participado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ente público protector de menores de Andalucía, Cruz Roja Española, y las Defensorías señaladas.

Una de las primeras conclusiones fue la necesidad analizar las circunstancias en las que se encontraban las personas adultas y los menores que las acompañaban, con objeto de dilucidar en cada caso, la conveniencia o no de la intervención con las familias para mitigar la posible situación de riesgo de los niños, o por el contrario, si se hacía necesario la adopción de una medida protectora, todo ello en función de los indicadores de riesgo o desprotección que presenta el sistema familiar.

Para esta labor es imprescindible, teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan los centros de acogida humanitaria, escuchar la voz de los profesionales de Cruz Roja al disponer de una información más directa sobre los posibles indicios que pudieran llegar a concluir que la persona acompañante del niño es objeto de trata de seres humanos o que éste se encuentra en situación de riesgo, todo ello sin perjuicio de la labor que previamente desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el momento en que las personas entran por las costas.

Por ello, en la reunión de julio de 2013 en la sede del Defensor del Menor en Andalucía, donde participaron profesionales de distintas áreas, se acordó realizar por parte de Cruz Roja un modelo de informe específico que contemplara indiciadores adaptados al contexto de los menores en entornos de tráfico de inmigrantes y trata de seres humanos.

A partir de aquella fecha y de modo periódico, las personas responsables de los centros donde se encuentran los menores y adultos acompañantes, elaboran un informe en el que se relata el proceso migratorio y los indicadores de riesgos detectados. Este informe se remite a varios organismos, entre ellos al Servicio de Protección de Menores del lugar donde se ubica el centro de ayuda humanitaria.

Pues bien, en las labores de seguimiento de los acuerdos adoptados y las propuestas realizadas por los distintos organismos que forman parte del grupo de trabajo al que nos referimos, el pasado 29 de julio, las Defensorías del Pueblo tuvimos la oportunidad de analizar la situación de los menores que llegaron en patera a la costa de Almería el pasado 15 de marzo.

En este caso, hemos podido conocer que a bordo de la mencionada patera viajaban tres menores, los cuales fueron debidamente reseñados por la Brigada de Extranjería a través de la impresión decadactilar y fotografía del menor, incluyendo estos datos en el Registro de Menores extranjeros no acompañados.

Los tres menores de referencia, por los datos de que disponemos en la actualidad, se encuentran en paradero desconocido, a pesar de que la persona acompañante de algunos de ellos ha sido reconocida como víctima de trata de seres humanos por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. (UCRIF).

Por todo ello se ha decidido iniciar de oficio una actuación en salvaguarda de los derechos de los menores en lo relativo a la averiguación de su paradero así como la asistencia prestada, en su caso, por el Ente Público de Protección.