Estudian un protocolo específico para la intervención en casos de violencia de género que afecten a menores

Las crónicas periodísticas incidieron en el hecho de que la madre había denunciado al padre por el maltrato que venía sufriendo, habiéndose activado los mecanismos previstos en la legislación para proteger tanto a ella como a sus dos hijas. Es por ello que el juzgado que instruía el caso había ordenado al acusado una medida de alejamiento de la víctima, residente hasta esos momentos en Abla (Almería), con la obligación de portar una pulsera de seguimiento y la prohibición de todo contacto con sus hijas, cuya guarda y custodia se asignaba también de modo provisional a la madre.

La mujer y sus dos hijas ingresaron en el centro de emergencias para víctimas de violencia de género de Almería, del cual fueron trasladadas a una casa de acogida en Granada donde recibieron atención psicológica, jurídica y social dentro de un plan personalizado de atención.

Estando en vigor las mencionadas medidas cautelares, adoptadas en el curso del citado procedimiento penal, se venía tramitando de forma paralela el procedimiento judicial civil en el que se decidiría el régimen de guarda y custodia sobre las hijas, así como la relación de estas con el progenitor no custodio y resto de familiares. En el curso de este procedimiento civil, previo acuerdo entre padre y madre, el juzgado acordó un régimen de visitas a favor del padre con la cautela de que las visitas se efectuaran en un Punto de encuentro familiar de forma supervisada. Después, a petición de la madre, este régimen de visitas fue modificado para eliminar la intermediación del Punto de encuentro familiar, coincidiendo además esta decisión con el abandono de la madre junto con sus dos hijas de la casa de acogida en la que se encontraban para regresar a su domicilio.

Y en este contexto, estando muy próxima la fecha del juicio penal, es cuando se produjo el fatídico suceso: Ambas menores estaban al cuidado del padre, absolutamente a su merced y desprotegidas, y atentó contra su vida para causar de este modo el mayor daño a la madre, suicidándose también él a continuación.

Los hechos descritos causaron una fuerte repulsa e indignación en la ciudadanía tanto por la conducta del parricida como por las medidas que en un contexto de violencia de género debían proteger a las menores, víctimas absolutamente inocentes.

Lo acontecido en este caso motivó que esta Defensoría, entre otras actuaciones, incoase un expediente de queja con la finalidad de recabar información sobre las condiciones en que se venía ejerciendo el derecho de visitas a las menores así como los medios dispuestos por las Administraciones Públicas competentes para esta finalidad. También sobre la atención prestada a madre e hijas por su condición de víctimas de violencia machista.

Para dar trámite a la queja solicitamos la emisión de un informe a la Delegación Territorial de esa Consejería en Almería, en relación con la intervención del Punto de encuentro familiar y del Servicio de atención a las víctimas. También solicitamos la colaboración de la Fiscalía Provincial de Almería para que nos fuera remitido un informe aportando su valoración sobre lo acontecido en el presente caso, en especial sobre posibles propuestas de mejoras de la legislación vigente o de los protocolos de intervención en casos de violencia de género cuando existieran en el entorno familiar personas menores de edad necesitadas de protección.

En virtud de cuanto antecede formulamos la siguiente SUGERENCIA dirigida a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública:

“Que desde ese centro directivo se promueva, en coordinación y con la participación de las diferentes administraciones implicadas (administración de Justicia, Fiscalía, administraciones locales y organismos dependientes de la Junta de Andalucía), la elaboración de un protocolo integral de intervención en casos de violencia de género para aquellos supuestos en que existieran víctimas añadidas menores de edad. Dicho protocolo debería incluir, además de las medidas de protección a la mujer, las correspondientes a los hijos o hijas afectados por dicha situación.”

Recibimos respuesta favorable a nuestra Sugerencia (Ver Resolución completa) señalando lo siguiente:

"... Si bien compartimos las reflexiones realizadas tanto por el Ministerio Fiscal como por esa Defensoría, ponemos de manifiesto que actualmente existen protocolos tales como el elaborado en el año 2021 denominado “Protocolo para evitar la victimación secundaria en menores víctimas de violencia de género” realizado por la entonces Consejería de igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer. Asimismo, se debe tener en cuenta que, desde los Puntos de Encuentro Familiar, en aquellos casos en los que se observa la existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas menores de edad o que la situación emocional de las personas menores de edad aconseje no seguir con las la intervención, a juicio de los equipos técnicos de los PEF se puede proponer al Juzgado derivante la paralización de la intervención, todo ello conforme al articulo 20 del Decreto 79/2017, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía.

Desde la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación se agradece la información recabada y posterior estudio por parte de esa Defensoría tras el fatídico suceso ocurrido en Almería comprometiéndose a estudiar la elaboración de un protocolo específico para la intervención en casos de violencia de género para aquellos supuestos en que existieran victimas añadidas menores de edad, en aras de establecer una mayor coordinación entre todos los organismos dependientes de la Junta de Andalucía que intervengan en estos procesos y así alcanzar una mayor protección a este colectivo especialmente vulnerable …"