Esperan disponer de espacios suficientes en un futuro para poder instalar el comedor escolar y el aula matinal

18/11/2024 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La presente queja fue incoada de oficio (VER APERTURA) por iniciativa de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de analizar las condiciones de las instalaciones del CEIP “Marqués de Santa Cruz” en la localidad de El Puerto de Santa María.

La tramitación de la queja llevó a solicitar información ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz que, con fecha 5 de noviembre, ofreció un completo y detallado relato de las características del centro.

Recordamos que la cuestión planteada en la queja afecta a unas necesidades del CEIP desde hace años y que, tal y como señalábamos en la motivación de la incoación de la queja de oficio, necesita una serie de intervenciones de adecuación. Y así el informe señala:

“Se constata que la actividad docente del CEIP “Marqués de Santa Cruz” se desarrolla en aulas que reúnen los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 132/2010, contando con todos los espacios y usos establecidos en la norma, salvo el gimnasio al ser una edificación autorizada con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto, acogiéndose a la Disposición Transitoria Primera del mencionado Real Decreto,“1. Los centros docentes autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto se entienden autorizados para la impartición de las correspondientes enseñanzas”.

Asimismo, atendiendo a lo establecido en el Artículo 6.2 y en el Artículo 10 del Real Decreto 132/2010 sobre instalaciones y condiciones materiales de los centros educativos que ofertan las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, se observa que el CEIP “Marqués de Santa Cruz” dispone de aulas por cada unidad, patio de juegos y aulas polivalentes de uso compartido, así como de espacios para refuerzos y apoyos.

En cuanto a las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, establecidas en el punto 2 d) del Artículo 3 del Real Decreto 132/2010, el centro no dispone de ascensor en el edificio principal que cuenta con dos plantas, realizándose los ajustes razonables en caso de necesidad como contempla la norma (...)”.

Las previsiones de reforma del centro a lo largo de los últimos años se han visto interferidas por la restricción de tres a dos en las líneas del centro. Y así se indica que “La planificación actual de disponibilidad de espacios del CEIP Marqués de Santa Cruz pasa por la modificación de Centro C3 (tres líneas) a C2 (dos líneas) por parte de la Dirección General competente, como consecuencia de la reducción progresiva de unidades, lo que afecta a la previsión inicial del proyecto de reforma del centro planteado por la Agencia Pública Andaluza de Educación y comunicado al centro educativo en septiembre de 2023”.

Por tanto, parece que este momento de transición en la capacidad del centro obliga a redimensionar los espacios que se dedicarán a las actividades de servicios complementarios de aula matinal y comedor. Las pautas a seguir se definen como:

“- No se contempla desde el curso actual ninguna actividad docente en los módulos prefabricados instalados en el CEIP Marqués de Santa Cruz y, por tanto, está garantizada la práctica docente en condiciones de seguridad e igualdad para el alumnado del centro.

- En los tres módulos prefabricados se mantienen los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares ante la imposibilidad de traslado a otras dependencias del centro por el alto número de usuarios y la carencia de instalaciones y recursos materiales (cocina y comedor escolar).

- La previsión del centro es disponer de espacios suficientes en un futuro para poder instalar el comedor escolar y el aula matinal en alguna dependencia de los edificios del centro, previa ejecución de obras en proyecto por parte del organismo competente”.

Ciertamente, tales antecedentes fijan la persistencia de estas estructuras “provisionales” para servicios complementarios y aluden a un condicionado objetivo como es “la previsión del centro de disponer de espacios suficientes en un futuro para poder instalar el comedor escolar y el aula matinal en alguna dependencia de los edificios”; dicho sea sin mayor concreción, plazo o planificación cierta.

Por tanto, conforme a las respuestas ofrecidas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ante la queja de oficio tramitada, y sin alcanzar a dictar una Resolución expresa, nos inclinamos por impulsar decididamente en un futuro próximo los proyectos de reforma para la superación de los módulos prefabricados y disponer de la dotación de infraestructuras para el CEIP “Marqués de Santa Cruz” de El Puerto de Santa María. Incluidos aspectos de accesibilidad en las plantas superiores tal y como se ha expresado.

En todo caso, permanecemos atentos a cualquier novedad que se produzca en orden a estas mejoras y persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece, lo que ocupará la atención de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

Procedemos a concluir nuestras actuaciones desplegadas en el expediente, dando cuenta a todas las personas, familias y miembros de la comunidad educativa del CEIP “Marqués de Santa Cruz” de El Puerto de Santa María.

22/0972024 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, ha tenido conocimiento de problemas en las edificaciones integrantes del centro escolar CEIP ‘Marqués de Santacruz’ en el Puerto de Santa María.

Con motivo de varias iniciativas de reclamación, y de alguna reseña en los medios de comunicación, pudimos tomar conocimiento de la grave situación del centro que, tras el tiempo transcurrido, parece haberse agravado notablemente hasta el extremo de que sus instalaciones resultan incompatibles con la actividad docente normalizada.

En concreto, la situación ha sido descrita como de grave desatención y que abarca más de treinta años, en los que las medidas temporales o de carácter provisional, como las instalaciones de barracones o casetas prefabricadas, se han vuelvo inviables para la actividad docente en condiciones dignas y satisfactorias para toda la comunidad educativa.

Esta Defensoría ha seguido diversas informaciones por los medios de comunicación que, sin perjuicio de su concreción, describen la situación del centro de manera preocupante y necesitado de una respuesta diligente y correctiva; al igual que una definición clara de la programación que necesita la sede de este centro escolar de El Puerto.

Considerando, pues, la anterior información, nos encontramos ante unas situaciones que —de ser ciertas y confirmadas en los términos que se han expresado— motivarían una actuación por propia iniciativa de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz; todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones). Del mismo modo, pretendemos enmarcar la presente actuación en el compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la Educación y la Infancia.

Y, en concreto, es nuestra intención conocer la situación en la que se encuentra el centro educativo en cuestión y, en su caso, las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado, o se adoptarán, al objeto de solucionar el problema señalado.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite oportuno, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos interesar en el ámbito de las respectivas competencias de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la emisión de los preceptivos informes, adjuntando la documentación que se estimen oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión.