El menor, se pudo beneficiar del programa educativo elaborado específicamente para mejorar su comportamiento

Se dirigió a nosotros la madre de un adolescente tutelado por la Junta de Andalucía como consecuencia de sus problemas de comportamiento y de adicción a las drogas. Nos decía que su hijo venía protagonizando reiterados abandonos no autorizados del centro en el que estaba internado, siendo así que tras el último de estos incidentes el menor permanecía ilocalizado. Es por ello que la madre solicitó nuestra intervención para que instasemos al Ente Público para que realizase las actuaciones oportunas para localizar a su hijo y que retornase al centro de protección en el que residía, y en el que se beneficiaba del programa educativo elaborado específicamente para mejorar su comportamiento.

Tras solicitar la colaboración del Ente Público fuimos informados de que tras el abandono no consentido del centro el menor protagonizó hechos delictivos que motivaron que el Juzgado de Menores acordara su ingreso cautelar en centro semiabierto para la deshabituación de sustancias tóxicas.

En esta tesitura comunicamos al Ente Público nuestro pesar por la escasa efectividad de la intervención especializada realizada en protección del menor ya que su conducta llegó al extremo de incidir en ilícitos penales, que motivaron la incoación de un expediente de responsabilidad penal a instancias de la Fiscalía de menores y que a la postre determinaron su ingreso en un centro de internamiento para menores infractores (CIMI).

No obstante, aún siendo conscientes de las consecuencias negativas de esta situación, hemos también de destacar el aspecto positivo que implica que el menor pueda beneficiarse durante su estancia en dicho centro de un programa de deshabituación de tóxicos, el cual creemos que repercutirá positivamente en su comportamiento y estabilidad emocional. También hemos de destacar la labor de coordinación entre la Unidad tutelar y el CIMI para evaluar la evolución del menor y programar su retorno al Sistema de protección una vez finalice la medida cautelar o, en su caso, la medida definitiva que pudiera imponer el Juzgado de menores.