Queja número 14/2452
Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla se compromete a estudiar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Tribunal Económico-Administrativo del citado Ayuntamiento para que la respuesta a la ciudadanía de sus recursos lo sea de forma rápida y eficaz.
Tras formular resolución a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla en la que, en síntesis y ante la situación de retraso en resolver que se viene produciendo en el Tribunal Económico-Administrativo del citado Ayuntamiento -sobre todo en materia sancionadora de tráfico- le recomendábamos que adoptara las medidas necesarias para dotar al citado tribunal de los medios suficientes para evitar los retrasos que se estaban produciendo en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas. El Ayuntamiento, como respuesta, nos trasladó que se aceptaba nuestra resolución pues reconocían que el tribunal debe contar con una estructura y medios que le doten de la adecuada proporcionalidad para el cumplimiento de sus funciones, de forma que se pueda dar una respuesta rápida y eficaz a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos.
Esta aceptación se concreta en que, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se iba a iniciar un estudio de la Relación de Puestos de Trabajo del tribunal para modificar la misma y dotarla de nuevos puestos de trabajo, incrementando el número de vocales para paliar los retrasos existentes en la actualidad en la resolución de las reclamaciones, de forma que sean emitidas en los tiempos marcados por la legislación.
Con ello, hemos dado por concluida nuestras actuaciones en este expediente de queja, aunque, en el momento de comunicar al Ayuntamiento el archivo del expediente, le hemos manifestado que esperábamos que las medidas anunciadas de incremento de la dotación de medios personales del tribunal sean efectivas a la mayor brevedad posible y produzcan una reducción relevante de los actuales retrasos en la emisión de sus resoluciones, como la que afectaba a la reclamante. No obstante ello, también le trasladábamos que, para esta Institución, debe constituir una prioridad la atención a los derechos de la ciudadanía, entre los que se encuentra el derecho a que los asuntos que le afectan sean atendidos en los plazos previstos legalmente; en definitiva, que se les garantice el derecho a una buena administración.
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