Queja número 15/2324
El ayuntamiento de San Fernando informa que se encuentra en proceso de negociación con la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Defensa para analizar la modificación del actual convenio de colaboración, suscrito el 9 de julio de 2007, por la que se cede el uso de las instalaciones y equipos de 4 institutos de Educación Secundaria y 11 de Educación Infantil y Primaria en la red de centros docentes de Andalucía.
De este modo, añade la Corporación Municipal, se valorará, si procede, asumir las responsabilidades que a cada una de las Administraciones corresponda, siendo voluntad de las distintas administraciones encontrar una solución que satisfaga los problemas de financiación de los centros escolares cedidos en su momento por el Ministerio de Defensa.
Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de diversos medios de comunicación local, del problema que afectaba a la escuela infantil “Virgen del Carmen” y a los centros de educación infantil y primaria “Cecilio Pujazón”, “Vicente Tofiño” y “Juan Díaz de Solís”, como consecuencia del deterioro que sufren las instalaciones de los mismos por su falta de mantenimiento y conservación en los últimos años.
El problema suscitado en la queja no era novedoso. Se trataba de una cuestión controvertida desde que en el año 2007 se transfiriera a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cesión y uso de 4 institutos de educación secundaria y 11 centros de educación infantil y primaria. Y su discrepancia surgió con los ayuntamientos donde se ubican estos centros docentes en relación con determinar a quién compete las funciones de conservación, mantenimiento y vigilancia donde se ubican los colegios.
La controversia competencial estaba afectando principalmente a los alumnos y alumnas escolarizados en estos centros docentes, a los cuales, se les pueden estar conculcando el derecho fundamental a la educación, (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales necesarios para su consecución en igualdad de condiciones).
Por todo lo señalado, esta Institución del Defensor del Menor de Andalucía, también Defensor del Pueblo Andaluz, consideró justificado iniciar, de oficio, un expediente para poder conocer, en primer lugar, la realidad de los hechos denunciados en los medios de comunicación social respecto de la escuela infantil y a los centros de educación infantil y primaria y, en segundo lugar las actuaciones de colaboración y cooperación promovidas los distintos organismos para solventar el problema suscitado.
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