RELATO DE LA VISITA A ECIJA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018. HASHTAG: #dPA_Ecija
En esta ocasión visitamos la Comarca de Ëcija. Hemos atendido la Ciudadanía, Asociaciones u otras agrupaciones ciudadanas y Equipos de Trabajo Social, en la Ciudad de Écija,
en la Casa de la Juventud, en avenida Miguel de Cervantes, 21.
Esta Comarca reúne a los Municipios siguientes: Ecija, La Luisiana, Fuentes de Andalucia y Cañada Rosal
La Ciudadanía: Escuchamos diversos problemas entre los que destacamos los siguientes:
Jubilados de clases pasivas protestan por la cantidad que tienen que pagar de copago farmaceutico. Consideran una discriminación que un pensionista pague un tope de 18 € al mes y ellos tienen que pagar casi 200€.
Una mujer nos traslada el conflicto familiar provocado por la dilación judicial de un asunto.
Unas madres de menores de edad con necesidades educativas especiales nos trasladan la falta de recursos educativos para sus hijos e hijas. Concretamente refieren que disponen de un aula específica en la que tenía que haber dos monitores y solo hay uno.
Una Ciudadana nos habla del mal funcionamiento del salario social. Nos relata la espera de más de un año desde que lo solicitó y, al final, le deniegan la prestación. Le recomendamos que lo vuelva a solicitar ya que han cambiado los requisitos y es probable que se lo concedan.
Nos comenta que, desde hace varios años, no se resuelve su solicitud de acceso al agua potable.
Un grupo de vecinos y vecinas de una zona residencial de Ecija nos transmiten el ruido que soportan procedente de una discoteca. Desde hace más de seis años se lo vienen comunicando al Ayuntamiento y continua el problema.
Un vecino de Ecija nos cuenta un grave problema se seguridad vial en su Municipio, Ecija: una viga que se utiliza como soporte para la portada de feria que dura cino días, está colocada en la calzada de forma permanente.
Una mujer víctima de violencia de género cuenta la tardanza en la resolución judicial de su caso
Unos Ciudadanos y Ciudadanas nos muestran su disconformidad con la ubicación del tanatorio. Este asunto no se soluciona por un conflicto entre la Empresa y el Ayuntamiento.
Una persona mayor, pensionista, nos expresa su disconformidad con que la entidad financiera le cobre comisión por domiciliar su pensión
Le ofrecemos asesoramiento a una mujer en cuestiones de derecho de familia para que pudiera arreglar su problema. Nos dice que está separada y que el padre, que incumple el régimen de visita y el pago de la pensión, no la autoriza a cambiar de residencia, centro escolar y visita al psicólogo.
Las Asociaciones y otras agrupaciones Ciudadanas:
Después de una pequeña intervención introductoria por nuestra parte, comenzamos a escuchar a lasAsociaciones que habían aceptado nuestra invitación. Nos relatan sus actividades y los problemas que conocen y tratan de resolver:
Participaron las Asociaciones La Raíz y Amigos de Ecija
Asociación La Raíz (entidad constituida por familias que defienden los derechos de las personas con discapacidad y cuya misión es “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias.”).
Nos denuncian falta de personal para atender necesidades específicas de apoyo educativo. Faltas de logopedas, déficit en las Delegaciones, sin recursos suficientes. Sólo se cuenta con un logopeda para tres centros, ponen el ejemplo de un Centro Educativo donde una de sus hijas recibe la terapia de una hora a la semana y en Institutos donde hay seis niños por aulas específicas, tienen monitores pero no logopedas.
La asociación lleva 26 años y siempre reclamando la misma situación, aunque reconocen que desde hace 10 ó 15 años ha evolucionado un poco el contexto, pero consideran que no mucho, piensan que es un colectivo discriminado con respecto a otros.
Alguna de las quejas que les hacen llegar sus asociados es el programa que hay para un alumnado entre los 16 y 21 años PTVAL (programa para la transición a la vida adulta y laboral) pero que en Écija y alrededores no hay aunque desde distintos centros se hayan solicitado, el silencio Administrativo es lo único que reciben por respuesta. Reconocen que es una herramienta muy buena para la orientación laboral pero no está en la oferta educativa para hacer la inscripción.
Una socia relata un hecho ocurrido con un chaval de unos 26 años ingresado en una residencia de Cantillana por problemas relativos al deficiente estado de esta. No le consta que el centro haya recibido alguna inspección, aunque refiere que tras denunciar los hechos al centro y al Ayuntamiento, el centro ha experimentado un cambio con más personal, cambio de lencería, etc. Reclama que la Delegación presione al centro y saber las novedades producidas después de su denuncia.
Comentan otro caso, el de un niño autista que ingresado en la unidad de odontología lo hacen en una habitación normal con dos adultos y no en una habitación especializada. Al ser un niño distinto y con unas necesidades específicas no puede estar con dos adultos, además así lo recoge la Ley de Personas con Discapacidad. Se resalta que los recursos se tienen que adaptar a las personas y no las personas a los recursos.
En este momento interviene la Asociación Amigos de Ecija refiriendo que la seguridad de algunos monumentos está a cargo de personas con alguna disminución intelectual. También intercambian comentarios sobre la accesibilidad al Teatro Municipal para personas con movilidad reducida, ya que no existe, mientras que en los almacenes sí tienen una rampa automática, sin darle uso.
También se habla de que se debería hacer extensible para estas personas Contratos Sociales que, aunque existentes, no se aplican. La normativa andaluza debe adaptarse a lo recomendado por la Unión Europea en este ámbito.
Asociación Amigos de Écija: Según expresan en su página web realizan “una labor ingente en todos los aspectos y especialmente en el referente al patrimonio Histórico-Artístico, de uno de los mas bellos conjuntos de España: La Ciudad de Écija”.
Exponen el valor añadido de las asociaciones, explican las distintas actuaciones de la asociación. Vuelven a reclamar la posibilidad laboral para el colectivo anterior dentro del patrimonio cultural de Écija, uno de los mayores de España.
Esta Asociación denuncia los expolios ocurridos en Écija desde hace un tiempo. Sus tesoros se están marchando a otros lugares como, por ejemplo, a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, sin ningún control por parte de nadie.
Denuncian también que en el Convento de las Teresas, al salir las monjas de clausura de allí, se han llevado todos los tesoros que albergaba el espacio. No se hizo ningún inventario del interior por no estar catalogado como BIC, reclamación que venían solicitando desde hacía tiempo, pues imaginaban lo que ocurriría. El Patrimonio era de la Iglesia y en el mismo momento que las monjas salieron, el prior de las Carmelitas sacó todo lo de valor, sin quedar ahora mismo nada de interés. También están muy indignados porque lo quieren ceder como hotel, con las correspondientes obras de adaptación que verían peligrar ciertas zonas, al igual que la obligatoriedad de abrir al público, según Ley y tampoco lo hacen.
Le comunicaron a Cultura que se estaban llevando el Patrimonio y sólo obtuvieron el silencio por respuesta. Impotencia, es lo que sienten ante el problema y también pena por la indiferencia de la Administración.
Hacen ciertas referencias a distintos monumentos con el consiguiente deterioro siendo uno de ellos donde se encuentra la habitación de Santa Teresa de Jesús y en otro donde estuvo Isabel la Católica. El Claustro de uno de ellos está en muy mal estado, quieren que se catalogue como BIC para protegerlo, restaurarlo, así como que se realice un inventario de los tesoros para que no puedan sacarlos de la localidad. Piensan que falta conciencia ciudadana ya que en otros lugares no perderían sus riquezas sin luchar.
Nos dicen que deberían copiar el modelo de otros museos donde los pensionistas son los que cuidan de estos, informando, vigilando, etc.
Denuncian también la contaminación visual que sufre la ciudad (está atrapada por cables, antenas y otras instalaciones) reclaman que la inspección urbanística debería actuar pero se enfrentan a empresas muy potentes a las que nadie les hace frente.
Llevan 40 años en la Asociación y a pesar de todos los varapalos recibidos, continuaran en la lucha por su ciudad.
Los Equipos de Intervención Social:
Después de una pequeña intervención introductoria por nuestra parte, comenzamos a escuchar a personas integrantes de los Equipos Intervención Social. Nos relatan los problemas que tratan y escuchamos las dificultades que tienen para desarrollar su labor, reivindicaciones y propuestas. Se trataron las siguientes cuestiones:
Comentan la incertidumbre que se ha creado con la nueva ley que regula la renta mínima de inserción, tienen muchas solicitudes y muchas dudas. Opinan que la Administración debería acometer alguna actuación para aclarar, informar y gestionar mejor.
Protestan por los retrasos en la concesión de todo tipo de ayudas y prestaciones, en especial refieren el tema de la dependencia. Dicen que no dependen de ellos pero que al ser la cara visible sus usuarios no paran de quejarse a ellos “Obtenemos el silencio administrativo como respuesta siendo el muro donde las personas descargan sus frustraciones”. Se quejan de que no tienen un trato preferencial o especial en la Administración, que llaman a los mismos números de teléfono, les atienden las mismas personas y tienen los mismos correos electrónicos de los usuarios de la calle. Proponen que las personas que integran los equipos de intervención social tengan un canal y un procedimiento específico para comunicarse con la Administración.
Una Educadora Social, en los Servicios Sociales con menores y adolescentes, comenta que entre todas trabajadoras sociales no sabe muy bien qué hace ella allí. A lo que se le responde que los menores están muy relacionado con el dPA y en Andalucía también es el Defensor del Menor, Jesús Maetzu. Habla de los puntos de encuentros familiares que se encuentran mal en la provincia.
Nos hacen saber que los informes que se les solicita se los presentan a las propias familias que han denunciado, sin un respeto por lo expuesto y con el consiguiente perjuicio hacia las personas profesionales que tienen que continuar trabajando con estas familias sabiendo lo que han manifestado en sus informes.
También refieren que los juzgados no aceptan o no tienen en cuenta las medidas de protección de las personas menores que proponen en sus informes. No se les protege judicialmente, sin apoyo de otras instancias las cuales contestan que " si no están chorreando de sangre no pueden hacer nada". Cuestionando los argumentos manifestados por las trabajadoras sociales. Las amenazan en los juzgados, no dan mucha credibilidad a sus informes haciéndolos públicos a los demandantes. Cuentan sobre la actuación del Juzgado donde les obligan a declarar con familiares que están trabajando sin ninguna protección física, junto a las familias que están imputadas y donde ellas tienen que presentar sus informes.
Una vez todas las personas presentadas, se observan los problemas más generales como pueden ser la falta de recursos, saturación del sistema y la elevada pérdida de tiempo en tareas burocráticas.
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