Por todos es sabido que la pandemia de COVID–19 que estamos viviendo está afectando a los alquileres y poniendo al límite a los colectivos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran las víctimas de violencia de género.
En este sentido, el reciente Real Decreto-Ley 11/2020 obliga al legislador, en sus artículos 10 a 12, a aprobar una Orden Ministerial en la que, por una parte, se incorpore el "programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual"; por otra, se modifique puntualmente el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y, por último, se establezca un "programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables".
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