Queja número 14/1767
Diversos medios de comunicación de Andalucía se hicieron eco de la noticia que relata como una niña, de 11 años de edad, víctima de abusos sexuales, se ve obligada a vivir en la cercanía del autor confeso de los abusos, por los que fue condenado a 2 años de prisión, con una orden de alejamiento de 100 metros respecto de la menor.
Tras iniciar de oficio el expediente de queja solicitamos informe a la Fiscalía Provincial de Huelva.
La Fiscalía informa que son 2 las sentencias condenatorias contra el agresor sexual que, por ser firmes, están en ejecución. Existe otra que está pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto.
La primera condena, se trataba de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa de 24 meses a razón de 4 euros cada cuota diaria. Suspendida por un plazo de 3 años condicionada, no solo a que no volviera a delinquir dentro del plazo, sino a que no se aproximara al domicilio de la menor a una distancia de 200 metros durante el tiempo de la suspensión. Esta prohibición resulta de difícil cumplimiento al estar muy próximos los domicilios de la víctima y el penado, y sin que exista hasta ahora ninguna sentencia condenatoria por un posible delito de quebrantamiento, ni de ningún otro tipo.
La segunda se trataba de una pena de prisión de 2 años, que ha sido suspendidas, por un plazo de 5 años, no supeditada a más condición que no volver a delinquir durante ese tiempo. También se imponía la medida de libertad vigilada por 6 años, fue en este fallo en el que se fijaba la duración del alejamiento en 6 años, y la distancia se fijó en 200 metros.
La tercera sentencia condenatoria, es por delito de quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento, la pena es de prisión de 6 meses. Pero aún no es firme.
La Fiscalía estima procedente requerir a la policía nacional para que efectúe un seguimiento especial del penado e informe sobre el cumplimiento de la condición de prohibición de aproximación a 200 metros de la menor.
De la información recibida se desprende que tanto la Fiscalía como el Juzgado están dando impulso a las ejecutorias por las penas impuestas sin que se aprecien defectos procesales que deban ser subsanados ni en apariencia se estén produciendo dilaciones indebidas.
Por nuestra parte, debemos dar por finalizadas nuestras actuaciones ya que en lo relativo a quejas que afecten a la Administración de Justicia. nuestra Ley Reguladora nos impide llevar a cabo de forma directa investigaciones al respecto.
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