Queja número 13/5251
Ayudamos a un vecino a recuperar un quisco-bar retirado "manu militari" por el Ayuntamiento.
La sentencia que resuelve el pleito, que ha durado siete años, llega a calificar de "manu militari" la intervención ilegal del Ayuntamiento, cuando rescinde la explotación de un quisco-bar en Castilblanco, Sevilla. El Defensor del Pueblo Andaluz impulsó el cumplimiento de la sentencia y el abono de 9.000€ como indemnización al titular del negocio.
El caso empezó en abril del año 2007 cuando fue permitido contractualmente a dicho ciudadano abrir un quiosco-bar durante las temporadas estivales de 2007, 2008 y 2009. En junio, poco antes de la apertura del quiosco, el nuevo Alcalde rescindió este contrato unilateralmente, "sin resolución alguna, por actuación irregular" como lo declara la sentencia dictada por el Juzgado.
El ciudadano se dirigió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. En su fallo de finales del año 2008 dio la razón al demandante constatando la anulación del acto impugnado. La sentencia declara "la irregularidad de la rescisión del contrato "manu militari" a todas luces", la reposición en la explotación del quiosco y condena al Ayuntamiento a indemnizar al ciudadano con el pago de un 9.000€. Dos recursos de apelación contra esta sentencia por parte del Ayuntamiento fueron desestimados en 2009 y 2013.
No obstante, el caso no se resolvió tan fácilmente. Hasta el año 2013, el Ayuntamiento se negaba a pagar dicha cantidad de dinero. Como argumento alegaba que el presupuesto del año 2013 no fue aprobado con superávit, sino que era deficitario.
En esta situación, el ciudadano se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz en septiembre para pedir apoyo y encontrar una solución a esta situación. Nos pusimos en contacto con la Alcaldía de Castilblanco de los Arroyos para obtener una explicación con respecto a esta queja. Así le recordamos la obligación de todos, ciudadanos y Administración, de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales según el artículo 118 de la Constitución Española.
A finales de febrero de 2014, recibimos la respuesta del Ayuntamiento comunicando que ya se ha ejecutado la sentencia y se ha procedido a realizar el pago de 9.000€. Con ello, hemos procedido a dar por concluidas nuestras actuaciones en el citado expediente de queja.
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