Queja número 23/7600
La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a la prestación del servicio de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Málaga.
En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trasladando dicha problemática. Con fecha 23 de noviembre de 2023 hemos recibido comunicación:
“El Servicio de Gestión de Recursos Humanos de esta Delegación Territorial se encarga de la correcta cobertura de los efectivos planificados en la R.P.T. La creación de plazas o efectivos en la R.P.T. de los centros dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no es competencia del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, sino del órgano de la Administración encargado de gestionar la Función Pública. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en su artículo 4, dice que “Corresponde en particular al Consejo de Gobierno” en su apartado “g”: “Aprobar la relación de puestos de trabajo con su correspondiente clasificación de niveles, así como los intervalos asignados a cada Cuerpo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.3 i) de esta Ley”.
Respecto de la situación del personal de PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, en la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) del centro educativo no aparecen puestos de esta categoría. La categoría laboral de Personal Técnico en Integración Social es la encargada de atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; por este motivo, muchos de estos puestos están adscritos a los Equipos de Orientación Educativa. Las circunstancias de los centros que atienden van cambiando por la presencia/ ausencia de este tipo de alumnado; por lo que también van cambiando la prestación de los servicios del personal de esta categoría.
La Orden de 17 de octubre de 2006, por la que se determina la red de Equipos de Orientación Educativa y se establecen las zonas de actuación correspondientes, establece el artículo 1.2 que cada equipo atenderá a los centros de las localidades o zonas que se especifican en el Anexo I de la misma orden. En concreto, del E.O.E. de Vélez-Málaga, presta servicios en el centro una PTIS, que se encontró de baja temporal desde el día 02 de octubre de 2023 hasta el 13 de octubre de 2023.
Cuando un/a trabajador/a de la categoría de PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL se encuentra de baja por incapacidad temporal, se solicita su cobertura al organismo encargado de Función Pública quien, a través de la Bolsa Única (que se convocó por Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se procede a la convocatoria de la constitución y actualización permanente de la Bolsa Única Común en las categorías profesionales del VI.
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que se relacionan) selecciona un/a candidato/a.
En el caso de esta baja se solicitó al organismo encargado de Función Pública su cobertura en el momento que el centro comunicó la necesidad de cobertura, el día 05 de octubre de 2023. El día 06 de octubre recibimos la autorización para la cobertura. En el momento que este/a candidato/a firma la aceptación de la sustitución, dicho organismo encargado de Función Pública la envía a la Sección de Gestión de Personal No Docente de la Delegación Territorial para hacerle el contrato de trabajo. El proceso pasa una fiscalización previa con una antelación mínima de cinco días hábiles.
El proceso de cobertura se interrumpió por el alta de la PTIS, el día 13 de octubre de 2023. En el momento que se nos comunicó el alta, se solicitó la anulación de la autorización de cobertura al organismo encargado de Función Pública el día 16 de octubre de 2023.”
Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, por más que comprendemos las demandas para agilizar todo lo posible las gestiones necesarias. A la luz del informe, creemos que el caso parece quedar resuelto tras dar cobertura a la profesional destinada al centro.
Por ello, procede concluir nuestras actuaciones agradeciendo la colaboración y confianza ofrecidas.
