Acuerdo de colaboración público-privada con una entidad financiera en un proceso de desalojo

Un grupo de once familias de una barriada fueron desalojadas de sus viviendas debido a su imposibilidad de atender los pagos de una serie de prestamos, que tienen con cierta entidad bancaria. Se citó a una representación de la entidad bancaria al igual que al Ayuntamiento y se trató de alcanzar una solución a dicha problemática.

Ante la preocupación vecinal por el desalojo sufrido hace 5 años, en cuyo proceso apenas pudieron retirar sus pertenencias, el debate fue rico y se propusieron las siguientes cuestiones:

1. Flexibilizar los contratos o el procedimiento de expropiación, de mutuo acuerdo, como fórmula para reducir el impacto de las pérdidas.

2. Acceder a una Vivienda de Protección, cuyo promotor había requerido el pago de las primeras cuantías, pidiendo para ello que la entidad abriese escenarios de negociación sobre sus préstamos de forma personalizada.

Tras abordar la discusión desde la empatía y el respeto mutuo de intereses de cada parte, éstas acordaron resolver la situación según lo siguiente:

1. Cobro del justiprecio y cancelación de los préstamos,

2. Formas de pago diferidas, y

3. Fórmulas para la adquisición de las Viviendas de Protección en el marco de la fidelización de clientes para las nuevas hipotecas de las Viviendas de Protección, en su caso.