Esta Institución, preocupada por las situaciones de carencia y necesidad que trata de solventar cada día, ha participado hoy en la presentación del Anuario Corresponsables #J95Anuario2016 organizada por la Fundación Endesa. El técnico Ignacio Aycart ha intervenido en la mesa “Pobreza y voluntariado energético” junto a representantes de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE), Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla.
Aycart ha trasladado la preocupación de la institución por la incapacidad de una parte importante de la población para sufragar el coste de unos suministros básicos que resultan esenciales para el mantenimiento en condiciones de dignidad de la vida diaria, como la luz o el agua. La dimensión que ha alcanzado este problema no sólo es consecuencia de la disminución de ingresos en las familias provocada por la crisis económica, sino también el resultado de los continuos incrementos experimentados por las tarifas que gravan estos suministros básicos, especialmente significativos en el caso de la electricidad. "Siempre ha habido problemas energéticos y ha crecido por la crisis económica y el desempleo", ha dicho Aycart.
La mayor preocupación del Defensor del Pueblo andaluz surge de la constatación de que, cuando la interrupción del suministro afecta a una unidad familiar que ya se encuentra situada en una posición de vulnerabilidad económica, se produce una degradación de su situación que incrementa de forma notoria su grado de vulnerabilidad y el riesgo de caer en exclusión, lo que se ha denunciado en numerosas ocasiones y se ha reclamado en los Informes Anuales elevados al Parlamento de Andalucía.
Así, el Defensor del Pueblo andaluz insiste en la reclamación de un marco normativo que permita garantizar el acceso a determinados suministros que se consideren esenciales. La principal reclamación es la aprobación de una Ley o norma sustantiva que, partiendo del reconocimiento del derecho de las personas a unos suministros mínimos en materia de energía y agua, establezca unas garantías concretas para que nadie quede sin acceso a estos suministros por razones económicas y regule unos procedimientos concretos para hacer realidad esta garantía.
Las dificultades inherentes a la elaboración y tramitación de una normativa de estas características, unida a las incertidumbres jurídicas derivada de la impugnación por el gobierno del Estado de otra norma similar en Cataluña, viene provocando un retraso en la aprobación de esta propuesta legislativa, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a la aprobación de medidas urgentes, en forma de decretos, con el objetivo de facilitar financiación a los Ayuntamientos andaluces para atender situaciones de pobreza energética o hídrica. También ha contribuido a solucionar muchas de esta situaciones la colaboración de algunas empresas suministradoras que han introducido procedimientos que posibilitan la suspensión de las órdenes de corte de suministro mientras se trasladan los casos a los servicios sociales y se busca una solución a los mismos. Estas iniciativas se han visto mejoradas tras el reciente acuerdo entre la FAMP y diversas empresas suministradoras, entre ellas Endesa, que ha posibilitado la aprobación de un modelo de convenio de colaboración.
Siendo ésta una medida loable, la solución definitiva al problema de la pobreza energética, a nuestro juicio, pasa ineludiblemente por la aprobación de una norma que permita afrontar en Andalucía con garantías, equidad e igualdad los problemas de la pobreza energética. Una norma que aun parece lejana en el tiempo ya que, pese a tratarse de uno de los compromisos anunciados por el Gobierno de la Junta de Andalucía al inicio de la presente legislatura, no se atisba en el horizonte ninguna iniciativa legislativa al respecto. Proponemos que en esta solución participen las empresas suministradoras, a quienes animamos a colaborar con los servicios municipales para la financiación de los costes derivados de las facturas que puedan resultar impagadas.
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