El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha demandado hoy políticas y medidas públicas para impedir situaciones de pobreza hídrica en la comunidad autónoma, entre las que ha mencionado “la prohibición por norma imperativa del corte del suministro a aquellas personas que por razones económicas no pueden hacer frente al mismo”.
En la inauguración de las jornadas sobre servicios de suministro de agua organizadas por la Defensoría y que se celebran hoy en el Rectorado de la Universidad de Málaga, el Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado que, entre las quejas recibidas en la Institución sobre esta materia, destacan las recibidas sobre el derecho de acceso al suministro y aquellas que denunciaban los cortes de agua por el impago de facturas.
“La pobreza hídrica es una de las situaciones que ha generalizado la crisis económica, y que ha llevado al surgimiento de una conciencia social que reclama el reconocimiento a todas las personas el derecho de acceder a los suministros que resultan básicos y que este derecho no esté limitado por incapacidad económica”, ha apuntado el Defensor del Pueblo.
Esta nueva realidad llevó a la Institución a presentar el pasado año ante el Parlamento un informe especial sobre suministros de agua, en el que se detectaban “carencias” en el sistema de regulación de los servicios de suministro de agua. Así sucede, por ejemplo, en supuestos de corte de suministro por impago de facturas; o en relación con los procedimientos por fraude; o ante consumos elevados de agua motivados por avería de las instalaciones interiores.
El Defensor del Pueblo Andaluz realizó en este informe especial un análisis centrado, preferentemente, en la calidad del servicio y en los derechos de las personas usuarias. Para ello remitió cuestionarios a las empresas suministradoras, organismos públicos y asociaciones de consumidores, a los que Jesús Maeztu agradeció su colaboración.
El Defensor del Pueblo Andaluz destacó el “privilegio” que supone contar en Andalucía con una norma como el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, que ha ofrecido una regulación con carácter general a diferencia de otras comunidades autónomas, al albur de normativas locales o de la jurisprudencia.
No obstante, Jesús Maeztu consideró que los cambios introducidos en 2012 han resultado insuficientes para adaptar esta normativa a los retos futuros en materia de aguas, entre los que destacó la necesidad de afrontar las situaciones de pobreza hídrica o la garantía efectiva del derecho humano al agua, así como la urgencia de regular el ciclo integral del agua para garantizar los principios de sostenibilidad y recuperación de costes.
En la inauguración de las jornadas han intervenido junto al Defensor del Pueblo Andaluz Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga; José Ángel Narváez, Rector de la Universidad de Málaga, y María Belén Gualda, Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático.
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