- Pobreza energética. Desde hace ya varios años venimos demandando la necesidad de dar una solución a la situación de personas y familias que se ven amenazadas de cortes de luz por no disponer de medios para pagar las facturas.
- Defendemos la vinculación del bono social a la renta familiar.
- Discrepamos de la decisión de fijar estos límites máximos de consumo por debajo de los perfiles de consumo medio de una familia normal, ya que consideramos que sólo debe perseguirse el despilfarro y nunca el consumo normalizado.
- Las deducciones fijadas del 25% o 40% según los casos-, beneficiaran a un número importante de personas que actualmente están desprotegidas.
- Valoramos positivamente que las garantías previas al corte de suministro se extiendan a personas que tengan contrato en mercado libre
- Discrepamos de que la fórmula de protección aplicada para el denominado “consumidor en riesgo de exclusión social” (copago de facturas Admon.-empresas) se haya desvinculado del tope de consumo. Creemos que también en estos casos deben adoptarse medidas para desincentivar el consumo abusivo y el despilfarro.
- Echamos en falta el reconocimiento expreso en la norma del derecho de las personas en situación de exclusión a recibir unos suministros mínimos vitales de forma gratuita.
- Insistimos en que el abordaje de la denominada “pobreza energética” debería ser un paso transitorio en tanto no se adopta una respuesta conjunta y coherente a la situación de las familias que se encuentran en situación de exclusión social.
- Solicitamos la adopción de otras medidas, igualmente necesarias, como son las relativas a la eficiencia energética en los hogares vulnerables.
- Demandamos la adopción de medidas de protección con respecto al consumo de gas y agua, al tratarse de suministros igualmente esenciales para la vida humana.
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