El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, y la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, han celebrado este martes, 23 de mayo, la 4ª reunión del grupo de trabajo constituido para la protección de menores extranjeros que llegan a Andalucía acompañados de adultos sobre los que recaen indicios de ser víctimas de trata.
A la cita han acudido responsables de las direcciones generales de Infancia, Familias y Violencia de Género de la Junta de Andalucía; de la Federación de Municipios estatal y autonómica, respectivamente; Fiscalía del Estado y de Andalucía; Fuerzas de Seguridad del Estado; Cruz Roja, Ayuntamiento de Puente Genil, responsables de Extranjería, Trata y Violencia de Género de los respectivos Ministerios competentes y personal de las Instituciones del Defensor del Pueblo convocantes.
Ambos defensores han mostrado la importancia de seguir trabajando conjuntamente para procurar la acogida y acompañamiento de estos menores indocumentados ante la alarmante cifra de menores indocumentados que llegan acompañados a las costas andaluzas, que oscila entre los 50 y los 100 casos, muchos de ellos con indicios de ser víctimas de trata.
Esta explotación de los niños, posibles víctimas de trata, atenta frontalmente contra los derechos contra la infancia y contravienen la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica, primando en las decisiones que se adopten su condición de menor frente a la de extranjero, lo que obliga a los poderes públicos a prestar una especial atención por su situación de riesgo y vulnerabilidad.
Por eso, del Defensor del Menor de Andalucía y la Institución del Defensor del Pueblo de España decidieron en 2013 trabajar conjuntamente con el objetivo de conseguir la implicación de todos los organismos en la defensa de los derechos de estos menores
Así, se ha avanzado en la identificación de estos menores. Estos niños y niñas ya no son “invisibles”. Ahora, son reseñados e inscritos en los registros correspondientes y atendidos en los centros de ayuda humanitaria, y su situación de riesgo, derivada de sus propias circunstancias o de las de sus acompañante, abordada por el Ente público de protección de menores en coordinación con las fiscalías.
“Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Se trata de una situación muy compleja y cambiante, porque las mafias siempre irán buscando resquicios o puntos débiles en la intervención para seguir sacando provecho y beneficio de estas personas más vulnerables. La explotación de estos niños evidencia una de las tragedias más dramáticas y nos compromete a seguir avanzando en la protección de los derechos de estos menores de edad”, han declarado el Defensor del Pueblo Andaluz.
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