La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto actuación de oficio ante la demora de provisión de vacantes en las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía (servicios centrales y periféricos).
En su escrito de queja, el Defensor pone de manifiesto que el retraso en las convocatorias de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes afecta a la carrera y promoción de los empleados públicos que constituye un derecho y una garantía para el trabajador, tal y como se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Defensor recuerda que la última convocatoria tuvo lugar hace 27 meses, siendo el plazo reglamentario de periodicidad semestral.
Además, tal y como se recoge en la normativa actual, la posibilidad de facilitar los medios para acceder a puestos con mayor grado de cualificación y responsabilidad, constituye un instrumento de mejora de la calidad del servicio y de la gestión administrativa.
Para esta Institución andaluza "la cesación o ralentización tan prolongada de la actividad administrativa en los procedimientos de provisión, mediante concurso de méritos sin una justificación objetiva, puede constituir una vulneración de los citados principios constitucionales de eficacia y coordinación, que además puede situar a la Administración de la Junta de Andalucía, y en su caso, a las distintas Consejerías y Delegaciones de Gobierno, ante una conculcación de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad garantizados por la Constitución en su artículo 9.3, que estaría afectando a los derechos profesionales de los empleados públicos al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".
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