Pedimos medidas de integración ante la acogida de menores refugiados

La integración necesita una acogida planificada, lejos de impactos o improvisaciones que puedan derivar en xenofobia o racismo

El Defensor del Menor de Andalucía se felicita de la anunciada acogida en Andalucía de los primeros refugiados sirios, entre ellos siete menores de edad. Pero no lo olvidemos, la atención a los refugiados, especialmente a los menores, no puede quedar limitada a unas instalaciones que den cobijo o unos profesionales que los atiendan en aquellas. Según recordamos en nuestro informe anual del Menor, un buen proceso de integración necesita una acogida eficaz, planificada, que sepa responder a necesidades muy diversas, una buena organización que permita acogidas serenas, normalizadas, lejos de impactos o improvisaciones que suelen derivar en problemas que se traducen mal en la opinión pública.

Es por ello que el Defensor del Menor reclama que se garantice el pleno respeto del derecho a la educación, a la salud y a vivir bajo un techo digno. Para esta institución, la atención a los menores refugiados ha de venir del ámbito educativo y, de modo especial, en los procesos de integración e inclusión en las escuelas. Los colegios deben estar preparados para la escolarización, en cualquier época del año, de este colectivo, facilitando no sólo el acceso al aula sino también al resto de servicios educativos complementarios, especialmente el comedor o el transporte escolar. Asimismo se ha de incidir en los métodos e instrumentos para facilitar a estos alumnos el aprendizaje de la lengua española. Todo ello en un contexto integrador, que no segregue y con medidas y recursos especializados para hacer realidad los principios de igualdad de oportunidades en la educación, favoreciendo un clima de convivencia pacífica en el respeto de los derechos.

Otra parte importante del trabajo compete también al Sistema de Protección de Menores con los menores no acompañados que puedan llegar a territorio andaluz. Una tarea, la de la atención a menores de otros países que llegan sin la compañía de sus familias, en la que Andalucía también tiene una dilatada experiencia desde hace más de 15 años, cuando comenzó la llegada masiva de niños procedentes del continente africano, y supuso la incorporación de éstos al Sistema y la adaptación simultánea de los centros de protección. Algunos de los niños procedentes del conflicto de Oriente Medio han tenido serias dificultades para salir de sus países con la documentación necesaria (pasaporte o visado), por lo que han viajado sin documentos o con documentación falsa, recurriendo a las redes de tráfico de personas para poder emprender el viaje. Resulta de vital importancia detectar de inmediato la presencia de posibles menores no acompañados entre los extranjeros que lleguen a Andalucía, especialmente cuando vengan en grupos con adultos.

En este sentido, la primera intervención ha de ir referida a la determinación de la edad con el propósito de verificar la condición de minoría de edad de la persona, lo que exige extremar el cumplimiento de los protocolos de dichos procesos, e incrementar las medidas de coordinación con las Administraciones e instituciones que intervienen en los mismos. Otro reto compete asimismo al Sistema de Protección de Menores: una especial protección a los menores potenciales víctimas de trata de seres humanos o de otros tipos de explotación. Por regla general, la identificación de un o una menor como posible víctima de trata es realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con carácter previo a la adopción de una medida de protección. Sin embargo, las distintas vicisitudes que pueden acontecer en este fenómeno determinan que en muchas ocasiones los indicios sobre las víctimas no se detecten hasta transcurrido un tiempo, y fruto del trabajo y atención que aquéllas reciben en los recursos a los que son derivadas. Ello obliga al personal que presta sus servicios en los recursos residenciales de atención a menores a adquirir la formación especializada para que puedan desarrollar las capacidades.

Por otro lado, la Entidad Pública no puede obviar que estos niños y niñas que están bajo su tutela precisan de unas medidas y recursos especializados que garanticen su protección y asistencia como víctimas de trata. Las medidas deberán estar basadas en la condición de especial vulnerabilidad de la víctimas; y los recursos deberán contar con la especialización en la asistencia, apoyo, seguridad, y recuperación física y psicosocial del menor o de la menor. En el centro de protección la víctima ha de restablecerse, sentirse segura, recuperarse física y psicológicamente de todo el sufrimiento padecido, y cuando esta primera fase haya culminado con éxito, ha de prepararse para la vida adulta una vez alcance la mayoría de edad. De no ser así, cuando cumplen la mayoría de edad, existe el riesgo, si no se trabaja específicamente las consecuencias psicológicas y sociales de ser víctima de trata, de que estos y estas jóvenes sean captados nuevamente por las redes. Todos estos avatares hacen necesario la existencia de programas o recursos específicos en el Sistema de Protección de menores para chicas o chicos presuntos víctimas de trata.

Finalmente reclamamos a los poderes públicos en Andalucía actuaciones para evitar la aparición de fenómenos renovados de xenofobia y reacciones de rechazo a los refugiados, especialmente a los niños. Concienciar a los ciudadanos de que la verdadera acogida se logrará cuando sumemos a estas personas como vecinos, integrados y participantes de la vida de nuestras ciudades y pueblos. Nos parece necesario desarrollar estrategias de sensibilización social dirigidas a todos los agentes implicados: sociedad civil, instituciones culturales, sociales, políticas, religiosas y económicas. Hemos de trabajar con ahínco para conseguir una verdadera integración social de los menores refugiados una vez que hayamos conseguido acogerlos, evitando que los niños vuelvan a ser víctimas -una vez más- pero en esta ocasión de la xenofobia y la discriminación.

De nosotros depende que en el futuro estos niños sean personas en paz y armonía con un mundo civilizado, unos adultos respetuosos de las leyes y los tratados de derechos humanos, o por el contrario, que se conviertan en supervivientes ante un mundo que le ha sido hostil desde su infancia. Como dijo el Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, el pasado junio, en la presentación de un estudio del Foro Profesional por la Infancia de Andalucía sobre las consecuencias físicas e intelectuales de este drama para los niños y niñas, “no sólo hay que acogerlos ya, porque cada día que pasa va a peor, sino que hay que trabajar en una integración para sanarlos de nuevo”.

El Defensor del Menor propuso la creación de una mesa de coordinación entre las diferentes administraciones y colectivos implicados para la acogida e integración de los refugiados sirios y, en especial, en la atención que se dispensará a los niños y niñas que llegarán a la comunidad autónoma de Andalucía. Maeztu alentó a las administraciones competentes a elaborar planes de acogida e integración de los niños y niñas, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario, en el marco de una actuación conjunta en la que se reúnan las  iniciativas de las administraciones, las universidades y las ONG. “Los distintos dispositivos están planteando acciones, pero hace falta un punto de encuentro que organice una respuesta ágil en actuaciones y recursos disponibles, para que la integración sea lo más rápida posible”, señaló Jesús Maeztu.