En la imagen, la Adjunta Juana Pérez y a continuación Javier Oyarzábal, de FAAD, Andrés Rodríguez, María de Mar García, de FAECTA y José Manuel Olmedo de LARES-Andalucía, junto a Ramón Zamora e Ignacio Aycart, de la Oficina del Defensor. Estas entidades han expresado su profunda preocupación por la normativa que se elabora sobre los sistemas de reserva de plazas que podrían dejar de merecer el pago de ayudas lo que provocaría, según indican, el colpaso económico de estas entidades y su cierre dejando sin servicio a muchas personas dependientes, sobre todo en entornos rurales.
Las distintas organizaciones han insistido en poder celebrar una negociación con la Consejería responsable para garantizar los mecanimos de reposición de beneficiarios. incrementar las tasas de cobertura y establecer sistemas puntuales de pago de las plazas concertadas en residencias y centros.
Este tipo de contactos se continuarán con nuevas reuniones para fijiar una propuesta concreta que será presentada ante el propio Defensor Jesús Maeztu en una próxima cita.
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