Los servicios sociales, la vivienda y los asuntos relacionados con la atención a los niños y niñas han sido los asuntos que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2019.
Un año más, la mayoría de las personas que solicitaron la intervención de este comisionado parlamentario, dirigido por Jesús Maeztu, fueron mujeres (55%). Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2019 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo, 8 de marzo. Las conclusiones de este Informe aportan que los asuntos relacionados con la igualdad de género, la vivienda o la educación son mayoritariamente abordados por las mujeres a diferencia de los hombres.
En cambio, los asuntos que más han preocupado a los hombres son, al igual que a las mujeres, los servicios sociales y a continuación los asuntos relacionados con los menores y la vivienda. Asimismo, las quejas y consultas sobre prisiones; agricultura, ganadería y pesca; cultura y deportes, y tráfico y transportes son los asuntos sobre los cuales los hombres reclaman en mayor número una actuación a diferencia de las mujeres.
En el presente ejercicio, por primera vez las quejas presentadas por mujeres superan en número a las presentadas por el sexo masculino, aunque bien es verdad que esa superación es en solo cinco unidades, por lo que podemos hablar de una práctica equiparación cuantitativa por sexos en 2019. En cuanto a las consultas, siguen suponiendo mayoría, con un 54% de las mismas.
Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. Son casos, por ejemplo, relacionados con el empleo público, donde el Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado las actuaciones dirigidas a corregir y prevenir situaciones de desigualdad en estos ámbitos ante la persistencia de situaciones de discriminación al no quedar garantizado el principio constitucional de igualdad y no aplicarse las medidas de acción positiva que aseguren la efectiva igualdad de oportunidades de todas las personas en el ejercicio de sus derechos en estas materias.
Las cuestiones de género también están presentes en lo que atañe a la salud de las personas, así en relación directa con la prestación de la atención sanitaria, la vinculación entre salud e igualdad de género nos suele llevar a centrarnos en los procesos que son típicamente femeninos o que están vinculados a la sexualidad orgánica, que precisamente por ello se dispensan en el nivel de la atención especializada. La reproducción humana asistida y las técnicas que comporta han suscitado alguna comparecencia en 2019, que de algún modo reproducen las problemáticas analizadas en Informes precedentes.
Por otra parte, persisten demandas alusivas a las intervenciones de reconstrucción mamaria, así como las relativas a las operaciones para reducción de mamas, que no gozan de plazo de garantía, a diferencia de las de reconstrucción mamaria postmastectomía, y que acumulan demoras muy importantes.
Asimismo, en el Área de educación, personas menores y cultura muchas de las quejas están relacionadas con el fenómeno de la violencia de género: denuncias por ausencia de medidas cautelares en procesos de separación de mujer víctima de violencia de género; escasa protección para los hijos e hijas de la víctima; o demanda de ayuda a la Institución ante las dificultades para el acceso a una vivienda de la mujer víctima.
En materia de servicios sociales destacamos la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en vigor desde el 1 de enero de 2018, para recordar que el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, que la regula reconoció específicamente como situación de urgencia social aquella en la que se encuentran las víctimas de violencia de género y desde el punto de vista de la tramitación del procedimiento, también la situación de víctima de violencia de género ha merecido un abordaje especial.
En el ámbito de los servicios de interés general, referido concretamente al servicio de suministro de agua, debemos reseñar durante 2019 la presentación de quejas relacionadas con los problemas para su contratación por mujeres a consecuencia de los complejos problemas habidos a consecuencia de su separación o divorcio tras adjudicárseles la vivienda familiar y estar los contratos de suministro a nombre de sus ex-maridos.
En cuanto al asociacionismo entendido como una forma de participación social, en materia de administración local podemos citar una queja en la que una asociación de mujeres se quejaba de que le había retirado la cesión del local social que le fue cedido por el ayuntamiento para desarrollar sus proyectos.
Por otra parte, especialmente dramáticas son las quejas en materia de vivienda presentadas por mujeres víctimas de violencia de género; ello debido a que a su condición de víctima se unen otros muchos factores de vulnerabilidad que agravan su situación, colocándolas al borde de la exclusión, cuando no en verdadera situación de exclusión social. Son las mujeres víctimas de esta lacra social que, además, son titulares de familias monoparentales con personas menores a cargo; ellas mismas o alguno de sus hijos e hijas, con discapacidades reconocidas; con carencia casi absoluta de ingresos, sin empleo o con empleos precarios o en economía informal; en situaciones también de extrema exclusión residencial, como es el ocupar viviendas ya sean públicas o privadas de entidades financieras sin título legal para ello; o que van a ser desahuciadas por falta de pago de la renta de la vivienda que tienen alquilada en fechas muy próximas, etc.
En materia de violencia de género desgraciadamente hemos de destacar que al menos 55 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas en 2019, de las que 13 vivían en Andalucía, siendo nuestra comunidad la que acumula un mayor número de victimas mortales por esta causa en este año, al igual que en otros años anteriores. Esta Defensoría, siguiendo ya la línea emprendida hace unos años, ha abierto quejas de oficio en los casos de muertes por violencia de género, a fin de conocer si las víctimas habían acudido a solicitar ayuda a los recursos existentes y si se les había prestado la protección integral a la que tenían derecho que incluiría medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas, conforme al artículo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Entre otras cuestiones planteadas relacionadas con la violencia de género, podemos destacar la presentación de varias quejas por organizaciones, entidades y asociaciones de mujeres discrepando de la campaña de publicidad institucional de la Junta de Andalucía contra la violencia de género y algunas quejas a instancia de parte sobre los recursos específicos para mujeres victimas de violencia de género y en relación a las ayudas económicas existentes para estas.
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